Inusual cierre de legislatura

Cierre de legislatura:

El Congreso va llegando al cierre de su legislatura, previsto para el 15 de diciembre, con una dinámica inusual. Las sesiones del Pleno de esta semana fueron menos caóticas de lo que usualmente suele ocurrir al final del período parlamentario. Las últimas sesiones tuvieron una agenda de baja intensidad, y una Mesa Directiva que intentó avanzar con celeridad para cumplir ciertos pendientes, pero evitando temas de mayor confrontación y choque. En esa línea, las prioridades se centraron en acusaciones constitucionales e iniciativas de nombramientos en el sector público, principalmente, además del REINFO. La mayoría de estas propuestas buscan atender los reclamos de los grupos que vienen protestando hace semanas en los exteriores del Parlamento.

El cambio de fecha para la Semana de Representación también reconfiguró las agendas de algunos congresistas. Las iniciativas más agresivas, que podrían haberse debatido en el Pleno quedaron de lado, lo que contribuyó al ambiente menos combativo del habitual. La priorización para el Pleno tuvo entre sus principales temas las acusaciones constitucionales debatidas el miércoles. De todas las que estaban en agenda, se aprobó, tras algunas idas y venidas, la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza. Sin embargo, no se lograron los votos para concretar las inhabilitaciones contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, por el golpe de Estado de 2022. Se han presentado reconsideraciones sobre estas últimas.

El debate más complejo fue en torno al REINFO. La Comisión de Energía y Minas había aprobado extender la prórroga por dos años y suspender las exclusiones del registro. Antes del debate en el Pleno, el Ministerio de Energía y Minas concluyó esta semana la designación de Máximo Gallo como director general de Formalización Minera. Durante su gestión, se excluyeron los 50 mil registros del REINFO que no cumplían requisitos mínimos, realizaban actividades extractivas en zonas prohibidas y dificultaban las acciones de fiscalización. Diversos medios de comunicación y periodistas señalan la influencia y vinculación del congresista Ilich López en el MINEM.

Sin embargo, y pese a que todo apuntaba a lo contrario, el Ejecutivo trazó una línea. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó dos puntos innegociables: limitar la extensión a un año para evitar incentivos a la minería ilegal y mantener fuera del sistema a los mineros ya excluidos.

Esta posición, un tanto tardía, pero firme, obligó a replantear el debate en el Congreso. Finalmente, solo se aprobó, en primera votación, la prórroga por un año, sin las disposiciones más controversiales referidas a la reincorporación excepcional y evaluación técnica; la continuidad de trámites; y la suspensión de procedimientos de exclusión del REINFO. El resultado reflejaría una posición intermedia, se evita una confrontación abierta, pero se sigue arrojando un salvavidas con la prórroga de un año. El tema queda pendiente de una segunda votación, para la Comisión Permanente.

En paralelo, se aprobó, en primera votación, delegar facultades al Ejecutivo para legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. El respaldo vino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular y, el ahora oficialista Somos Perú. Sin embargo, no tuvo el aval de Perú Libre ni de Renovación Popular, además de la izquierda. El texto sustitutorio de la Comisión de Constitución quedó pendiente de segunda votación, también para la Comisión Permanente. Sin duda, una delegación de facultades en la mayoría de los puntos solicitados, y por el plazo inicialmente planteado, es un triunfo para el gobierno de Jerí, pero deberá esperar a la ratificación en segunda votación.

El cierre de legislatura se viene desarrollando sin sobresaltos y con algunos indicios claros. El Congreso prefirió, por conveniencia o cálculo político, no entramparse en temas de mayor tensión; mientras el Ejecutivo se midió en su primer tire y afloje con el Parlamento con un límite no negociable.

Panorama 2026:

Las Elecciones Primarias para las Elecciones Generales 2026 van mostrando la radiografía del estado actual de los partidos políticos. Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano fueron los primeros en pasar por la votación directa de sus afiliados. En el caso de Renovación, la duda no estaba en el resultado, pues Rafael López Aliaga era candidato único, sino en la capacidad de movilizar a su militancia. Con más de 9 mil votos, el partido logró superar el umbral del 10% exigido, lo que le otorga al alcalde de Lima un mínimo de legitimidad interna.

El APRA, por su parte, expuso una competencia interna marcada por su amplitud y fragmentación. Se enfrentaron 15 listas presidenciales, en una medición que revela a Enrique Valderrama como el candidato presidencial, tras obtener 3,711 votos. Valderrama logró imponerse sobre figuras apristas históricas como Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca. Su elección rompe con el patrón tradicional del partido y refleja la necesidad de una renovación generacional. Lo cierto es que, la fragmentación de la cúpula histórica facilitó este desenlace y dejó también consecuencias en las listas al Congreso. El gran reto para el partido, de cara al 2026, será superar la valla electoral, luego de estar fuera del Parlamento desde 2019.

En Acción Popular, todo apuntaría a que Julio Chávez, presidente del partido, será ratificado por los delegados este domingo. Chávez ha logrado imponerse a la bancada en espacios clave, pero la elección no resolverá la fractura interna de la organización. Algunas voces, como la de Víctor Andrés García Belaúnde, evidencian esta tensión, al pedir que se opte por un liderazgo con solidez y trayectoria. Sería evidente que el partido estaría enganchado en una competencia entre múltiples facciones internas. De todas formas, las denuncias de malos manejos internos, que persiguen al partido de la lampa desde hace una década, no han sido ajenas a este proceso. Grupos cercanos a Chávez, han alertado de que se estaría buscando inscribir a delegados que no han sido elegidos, para favorecer a otros candidatos. Posiblemente el proceso de este domingo deje algunos flancos abiertos en la agrupación.

Por otro lado, además de la evidente judicialización de la política, ahora ocurre lo mismo con los procesos electorales, con algunos casos como los de Avanza País y Ahora Nación. En el primero de ellos, la dirigencia de la agrupación ha cuestionado la seriedad de la postulación de Phillip Butters, mientras que el proceso podría reconfigurarse si el Poder Judicial admite el recurso de amparo de César Combina, cuya precandidatura fue rechazada. En Ahora Nación, una orden judicial intenta frenar la elección de delegados por una presunta vulneración de derechos de participación de dos afiliados. Ambos casos plantean dudas e interrogantes sobre hasta dónde llega el Poder Judicial en el proceso electoral.

La inseguridad ciudadana también empieza a atravesar la campaña. El ataque contra el vehículo del precandidato Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular, es un caso más que se vive en el país a causa de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. La Policía ya anunció que desde el 23 de diciembre iniciará la protección a los candidatos presidenciales, de acuerdo con el cronograma electoral.

Si bien el exministro de Energía ha señalado que, sus trabajadores ya han sufrido amenazas de parte de organizaciones criminales, y que incluso uno de ellos ha sido asesinado, por lo que el ataque no estaría vinculado a asuntos políticos ni electorales, es imposible evitar pensar que la delincuencia tendrá impacto en el proceso electoral.

El riesgo será constante tanto del lado de quienes postulan teniendo negocios en sectores constantemente amenazados, como del de los candidatos con serios cuestionamientos, denuncias por distintos delitos y vinculaciones a grupos radicales, por falta de filtros o interés de los partidos.

Por último, los partidos afinan la estrategia de invitados para robustecer sus listas. El exjefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, postulará con el número 1 por Lima en Ahora Nación, un fichaje que busca capitalizar el discurso anticorrupción. Fuerza Popular, por su parte, incluyó a la exreina de belleza y presentadora Pierangeli Dodero en su lista por Lima, reflejando una tendencia de buscar perfiles conocidos que aporten exposición.