El paro de esta semana, convocado inicialmente por un sector de los transportistas, ha evidenciado la desconexión que existe entre el gobierno y la ciudadanía que demanda respuestas efectivas ante el problema del crimen organizado que afecta a la población en general, y, especialmente, a los micro y pequeños empresarios. Paralizaron sus actividades rutas de transporte formal de la capital, pequeños negocios, grandes mercados y emporios comerciales en varios distritos de Lima, con réplicas menores en algunas provincias del interior.

El jueves 26, los choferes y conductores de transporte urbano de Lima y Callao acataron el paro anunciado un día antes por representantes del sector. Desde hace unas semanas, las empresas formales de transporte urbano de pasajeros de Lima Norte vienen denunciando que son víctimas de extorsión e incluso, en algunos casos, de sicariato, ejecutados por distintas bandas criminales que se han instalado en Lima.

El cambio de ministros realizado la semana pasada no ha generado mayores sobresaltos para el gobierno de Dina Boluarte. Por el contrario, ha tenido un período de aparente calma y tranquilidad en el que ha podido enfocarse en la emisión de decretos legislativos. Ello, dentro del marco de las facultades otorgadas por el Congreso, cuyo plazo vence en octubre próximo.