Continúa el enfrentamiento institucional

Nuevo capítulo de enfrentamiento:

La suspensión de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia marcó un nuevo capítulo de enfrentamiento entre los actores del sistema de justicia. La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Aladino Gálvez, vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos’, como nuevo Fiscal de la Nación interino durante la suspensión de 6 meses de Espinoza.

La interrogante es si existe una estrategia deliberada para reducir la capacidad de la Fiscalía de investigar, especialmente a políticos, o se trata de un episodio más en la larga novela de excesos y revanchismos que viene marcando la agenda de la justicia y la política en el país.

Hay argumentos para –y desde– ambos lados de la historia. Por una parte, Espinoza asumió como fiscal de la Nación bajo la bandera de la autonomía institucional, pero terminó incurriendo en prácticas cuestionables, como negarse a acatar resoluciones bajo el argumento de defender la legalidad, lo que evidencia el terreno en el que se mueve la Fiscalía. No obstante, la defensa del Estado de derecho no puede convertirse en una justificación para infringirlo.

Por otro lado, al Congreso se le critica el hecho de que habría una campaña para tener presencia, incidencia o incluso “tomar” el control de distintos organismos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, no se trataría de un fenómeno nuevo, sino recurrente, cíclico, en la política del país, pues la influencia de los partidos en el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o incluso la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura) ha sido una constante. El problema no es, en sí, las decisiones de fondo, pues siempre ha habido esta presencia o vinculación política en los entes autónomos, sino las formas con un Parlamento que ha demostrado su inexperiencia política, cuestionando la legitimidad, más que la legalidad, de sus acciones.  

Finalmente, cada bando justifica sus excesos bajo el escudo de principios mayores, con lo que las principales instituciones del sistema de justicia en el país son rehenes de disputas políticas de sus representantes.  

Panorama 2026:

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, incurrió en actos que vulneran el principio de neutralidad electoral; mientras el JEE de Chiclayo y el de Tumbes han determinado que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, vulneró el principio de neutralidad electoral en cuatro oportunidades. En ambos casos, los respectivos JEE han dispuesto que los actuados sean remitidos al Ministerio Público y Contraloría General para que actúen conforme a sus competencias.

El JNE había aclarado, hace unos meses, que no se aplicarían sanciones, pues oficialmente no hay candidatos que ejerzan como autoridades, por lo que es cuestionable la perspectiva de los JEE y la manera de aplicar las normas, porque habría una limitación de hacer política. Lo que nos avizora que vamos a estar en un proceso marcado por intentos de “empapelar” a rivales.

La última encuesta de CPI, de cara a los comicios generales, revela los niveles de rechazo que enfrentan los principales candidatos presidenciales voceados. Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón encabezan esta lista con 46.2%, 38.3% y 28.4%, respectivamente. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es el cuarto en la lista con 10.1%. Sobre la lideresa de Fuerza Popular, el rechazo se mantiene en Lima y Callao, así como al interior del país, pero en el desagregado, el rechazo es más elevado en la Costa Sur, Sierra Centro y Sierra Sur. Por su parte, tanto el líder de Alianza para el Progreso, como el líder de Perú Libre, enfrentan un mayor rechazo en Lima y Callao, que al interior del país.

Hay un alto rechazo transversal a los principales liderazgos políticos en el país, que coincidentemente son las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso. Claramente, hay un panorama de candidatos conocidos, pero desgastados, y del que, por ahora, los nuevos rostros no han sabido sacar provecho para ganar posicionamiento.

Micro apagado:

La presidente Dina Boluarte se presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, aunque de manera accidentada. La mandataria terminó su discurso con el micrófono apagado y sin traducción por exceder el tiempo previsto para los oradores.

Su accidentada presentación responde a una falta de preparación para respetar el tiempo asignado. La presidente de la Asamblea General le tuvo que pedir que concluya dos veces, mientras Boluarte hablaba con el micro apagado, y luego le recordó a todos los oradores y delegaciones respetar el guion. Este percance, que ha sido resaltado más que el resto de sus actividades oficiales en la ONU, no es un hecho aislado sino la consecuencia de un mal asesoramiento de la presidente Boluarte y refleja, en cierta manera, a su gestión: descoordinada, débil y de bajo impacto.

Por último, la moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, parece desinflarse. La congresista Heidy Juárez, de Podemos Perú, retiró su firma de la moción, por lo que el documento lleva, de momento, la firma de 35 congresistas. Por su parte, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, adelantó que entre el lunes y martes de la próxima semana se determinará la admisibilidad de la moción de censura, dado que no ha habido una moción de interpelación previa. Todo refleja que el ministro mantiene un sólido respaldo en el Congreso, pese a los cuestionamientos mediáticos en su contra.