Nueva ronda de enfrentamiento institucional

Nuevo capítulo de enfrentamiento:

Se inició una nueva ronda de enfrentamiento entre los representantes de las instituciones del Sistema de Justicia. La Junta Nacional de Justicia acordó, por mayoría, mantener a Gino Ríos en la presidencia, con 4 votos a favor y 2 en contra, estos últimos de Francisco Távara y Germán Serkovic. Sobre Ríos pesaba una sentencia de violencia familiar que no había sido considerada en el proceso de selección y la Fiscalía realizó una diligencia en la Defensoría del Pueblo tras esta denuncia.

En respuesta, la vicepresidente de la JNJ, María Teresa Cabrera, recomendó abrir un procedimiento disciplinario y suspender, de manera preventiva, por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien le imputa haber desobedecido la resolución que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. Del resultado de la votación por Gino Ríos se puede entender que hay un sector en la JNJ alineado, por lo que todavía no hay certeza de qué pasará en el proceso contra Espinoza.

Estos ataques y contraataques reflejarían la creciente politización en instituciones del Sistema de Justicia, repercutiendo en la ciudadanía. Después de todo, se estaría minando, cada vez más, las bases de la confianza en las instituciones y evidenciando que las decisiones judiciales responden, en realidad, a cálculos políticos y no a criterios técnicos o jurídicos. Todo ello, en una cuenta regresiva a un proceso electoral que se avizora fragmentado e incierto.

A su vez, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se ha abierto varios flancos de enfrentamiento, no solo con la Junta Nacional de Justicia, como lo anterior evidencia, sino también con otras instituciones. El Congreso avanza, por su parte, un proceso de inhabilitación contra Espinoza, que contaría con un respaldo mayoritario. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene en su cancha elaborar un informe final por un conflicto de intereses y la admisión a trámite ha tenido un fuerte respaldo, con 11 votos a favor y 2 en contra. Con el Ejecutivo, por otro lado, tiene un enfrentamiento por el tema presupuestal. La fiscal Delia Espinoza debe concentrar sus esfuerzos en estos flancos abiertos, relegando otros aspectos clave como reformar la imagen de la institución y la reestructuración del Ministerio Público.

En el plano del Sistema de Justicia, se suma la controversia en el Poder Judicial, donde jueces vienen inaplicando la Ley de Amnistía para policías y militares. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que no es correcta esta decisión, por parte de los magistrados del Poder Judicial, pues el control de convencionalidad no está expresamente habilitado en la Constitución. Por su parte, el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez, considera que la figura del control difuso está amparada en la Constitución, y en el Código procesal Constitucional, y su aplicación no constituye prevaricato por parte de los jueces. Independientemente del debate entre constitucionalistas, y del fondo del asunto, pareciera que la institucionalidad se convierte en algo abstracto y que la decisión de los jueces puede incrementar la sensación de imprevisibilidad en la justicia.

Por último, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ratificó, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la intención del gobierno de Dina Boluarte de evaluar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Santiváñez busca consolidarse como vocero político de Boluarte, pero carga con una mochila pesada de investigaciones en su contra y acusaciones que incluyen seguimientos, reglaje y amenazas a periodistas. Sin duda, el viaje a Suiza, para lo que se le otorgó un permiso de salida, se realizó en un contexto en el que, en el plano local, se daba conocer que el peritaje fiscal concluía que hay una alta probabilidad de su voz en los audios que vinculan a Santiváñez en varios temas como la colaboración del vehículo presidencial en la fuga de Vladimir Cerrón, las negociaciones sobre la desactivación del EFICCOP, y las advertencias del excomandante general de la PNP, Víctor Zanabria. Sobre el ministro de Justicia, seguramente habrá más capítulos hasta que tome la decisión si renuncia al Gabinete Ministerial, para postular a algún cargo en las Elecciones Generales, o continúa. Sin embargo, la falta de repercusión del peritaje de fiscal en el Congreso evidencia que Santiváñez ha sabido corregir su lectura política con una mayoría en este espacio, logrando tener, de momento, un buen posicionamiento.

Sin preocupaciones, de momento:

La semana ha transcurrido sin mayores sobresaltos para el gobierno de Boluarte. La interpelación al ministro del Interior se realizó sin mayores tensiones que las críticas previsibles hacia Carlos Malaver. De momento, no se avizora que el Congreso busque censurar a otro ministro del Interior de Boluarte. El Ejecutivo mantiene una relación relativamente estable con las bancadas que suelen marcar la agenda del Parlamento.

En esa misma línea, la Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que archiva la denuncia contra Boluarte por las muertes registradas durante las protestas al inicio de su gestión, reforzando la lectura de que la coalición de aliados al gobierno continúa a favor de Boluarte.

Panorama 2026:

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dispuso archivar el procedimiento abierto contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presunta infracción a las normas de neutralidad electoral. La resolución del JEE insta a Rafael López Aliaga de realizar actividades proselitistas mientras continúe en la alcaldía. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había aclarado, en el pasado, que de momento no se aplicarían sanciones, pues oficialmente no hay candidatos que ejerzan como autoridades. De acuerdo con el cronograma electoral, los gobernadores y vicegobernadores regionales, y los alcaldes que pretendan postular a cargos en las Elecciones Generales 2026 deberán presentar su renuncia al cargo hasta, máximo el 13 de octubre, con lo que queda un mes para este plazo.

En un plano más amplio, el JNE presentó una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial por el fallo que ordenaba la inscripción del partido Unidad Popular, fuera del plazo legal para las elecciones generales de 2026. En un panorama de alta fragmentación e incertidumbre frente a los próximos comicios, el JNE y el Poder Judicial entran en conflicto por la inscripción de partidos fuera de plazo, agudizando más esta sensación.

Asimismo, de las 39 agrupaciones habilitadas, entre alianzas y partidos, solo el Partido Aprista Peruano comunicó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que realizará sus elecciones primarias en la modalidad de ‘un militante, un voto’, frente a las elecciones generales de 2026. No obstante, ello ocurre en medio de una crisis interna por su padrón de afiliados, pues hay 11 mil militantes que no podrán ejercer sus derechos. La última resolución del JNE solo repone la afiliación, no devuelve derechos plenos de representación o sufragio.

Por último, pareciera que, a siete meses de las elecciones, calienta la campaña electoral con algunos cruces políticos. Al choque de Renovación Popular con APP la semana pasada, en el Congreso, ahora se suma la confrontación con Fuerza Popular. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y líder de Renovación Popular, cuestionó a Keiko Fujimori por su supuesta cercanía con casos de corrupción. En respuesta, en un video difundido en redes sociales, el secretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, criticó el plan de seguridad de Aliaga, calificando sus propuestas como ineficaces, improvisadas y publicitarias. El choque entre Fuerza Popular y Renovación Popular ocurre en un escenario en donde ninguno de los líderes despunta, todavía, en las encuestas.