Inicia el cierre de legislatura
Permiso autorizado:
El Pleno del Congreso aprobó el viaje de la presidente Dina Boluarte a Francia, del 7 al 11 de junio, donde participará en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. La autorización de salida del país se aprobó con 50 votos a favor, la mayoría de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País, Honor y Democracia y el Bloque Magisterial, 32 en contra, principalmente de Renovación Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Podemos y la Bancada Socialista, y 2 abstenciones. Este viaje se convierte en la tercera autorización del Congreso a la mandataria para salir del país en las últimas semanas.
Las congresistas Heidy Juárez (Podemos Perú) y Janet Rivas (Perú Libre), solicitaron, en oficios dirigidos a Cancillería, integrar la delegación oficial que viajará a Francia. La congresista Rivas votó a favor del pedido; mientras Juárez optó por no emitir un voto. Es común escuchar a los congresistas, de manera independiente a los permisos de salida del país, ser críticos contra el gobierno de Boluarte en papel, pero respaldarlo en la práctica. La relación del Parlamento con el gobierno parecía estar dirigida a una ruptura, entre lo que se preveía un voto inminente hacia la censura contra el expremier Adrianzén, que originó su renuncia, y el rechazo al viaje de la presidente para participar en las exequias del papa Francisco.
Con esta votación, se puede esperar un resultado similar para el voto de confianza al Gabinete Arana, que se presentará el próximo 12 de junio. Si bien podrá no haber un endoso abrumador, se llegaría a los votos necesarios para respaldar al premier. Podría entenderse que la relación del gobierno con las bancadas aliadas se mantiene estable porque finalmente hay un entendimiento de quién tendría las riendas del país.
Liderando la pauta electoral:
La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo medidas para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El dictamen pasó a cuarto intermedio en mayo pasado y se citó a los titulares de los organismos electorales para tener un mayor debate.
Los tres titulares del JNE, ONPE y RENIEC expresaron su preocupación, durante su presentación en la comisión, por los plazos reducidos que planteaba el predictamen sobre varios hitos del cronograma electoral. El dictamen aprobado mantiene las fechas iniciales, dejando en claro que es el Parlamento el que viene marcando la pauta del proceso electoral, y no los organismos electorales.
En la Comisión de Constitución también se aprobó el dictamen referido a la neutralidad electoral para congresistas en ejercicio de sus funciones. El dictamen, que fue respaldado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, el Bloque Magisterial y Podemos Perú, ha causado cierta polémica. Para algunos especialistas, el problema central recae en que los parlamentarios podrían realizar actividades proselitistas con recursos del Estado. Para otros, el Congreso es un ente político y exigir la misma neutralidad política que a otros funcionarios públicos sería contradictorio. Lo cierto es que se trata de un Congreso tan cuestionado, que lo mismo ocurrirá con la mayoría de las iniciativas que aprueben los congresistas.
Cierre de legislatura:
El Congreso empieza la cuenta regresiva para el cierre de legislatura del actual período anual de sesiones. Las sesiones de las comisiones se extenderían hasta el 20 de junio. El cierre de legislatura supone el habitual caos que suele haber en el Hemiciclo del Congreso, en donde hay mayor probabilidad que las iniciativas legislativas de interés para los congresistas sean exoneradas de plazo de publicación, o incluso de dictamen, para ser incluidas en ampliación de agenda.
El cierre de legislatura significa también largas sesiones plenarias para la aprobación de la mayor cantidad de proyectos. La sesión del Pleno de este jueves culminó a las 11:30 p.m., luego de un debate de cuatro horas al texto sustitutorio de la Comisión de Economía que propone disponer el pago de una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual a los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial. El texto se aprobó, finalmente, con 54 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. El MEF ha señalado que la medida no es viable, pues carece de un análisis-costo beneficio que sustente que la medida es sostenible financieramente con el tiempo.
El mayor riesgo es las negociaciones que suponen los temas de interés para las bancadas y los congresistas de manera particular. No es ningún secreto que detrás de la aprobación de un eventual octavo retiro de los fondos de las AFP estaría, principalmente, el congresista José Luna (Podemos Perú), además de otros congresistas que han pedido priorizar el debate del tema en el Pleno. El presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, citó a los titulares del MEF, SBS y a la presidente de la Asociación de AFP, quienes han informado sobre los impactos negativos para los afiliados. Si bien López se pronunció en contra de la propuesta cuando asumió la presidencia de la Comisión de Economía el año pasado, su posición habría cambiado hacia el cierre de la legislatura. A ello, se le suma la negociación para la elección de la última Mesa Directiva el próximo mes e Ilich López es uno de los voceados para representar a la bancada de Acción Popular, que aspira integrar la fórmula ganadora.
Por último, en la sesión plenaria de esta semana, no se alcanzó los 87 votos para aprobar, en dos legislaturas ordinarias sucesivas, la reelección inmediata por un período adicional de gobernadores y alcaldes. Al haber sido aprobada con 77 votos, tendría que ser ratificada vía un referéndum. Los votos a favor vinieron de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Avanza País, Honor y Democracia. Los congresistas Víctor Flores (Fuerza Popular) y Ana Zegarra (Somos Perú) presentaron reconsideraciones a esta votación. Sin embargo, mientras no se logre convencer a Acción Popular y a Podemos Perú, es poco probable que logren sumar los 11 votos adicionales que necesitan para aprobar la iniciativa evitando un referéndum. La bancada de Acción Popular ha presentado un texto en minoría para que la reelección de autoridades subnacionales se permita a partir de 2027. Es la posición partidaria de una agrupación que ha perdido fuerza a nivel subnacional y no ve con buenos ojos la posible reelección de las autoridades de otros partidos o movimientos regionales que aspiran a un mandato adicional.
Panorama 2026:
Luego de la renuncia de Hernando De Soto al partido Progresemos, despidiéndose, de manera anticipada, de lo que sería su segunda candidatura presidencial, la interrogante recae hacia qué candidato de centro moderada virarán quienes simpatizaban con él. De Soto tenía un 5.2% de preferencia según la última encuesta de CPI, y 3% en la de IPSOS-Perú21, por lo que, si bien no postule, intentará respaldar a algún candidato para seguir vigente en el panorama político. Además, el incipiente partido Progresemos deberá encontrar algún precandidato presidencial que logre destacar a la agrupación o un candidato al Senado que le genere cierta tracción, como podría ser el caso con Antauro Humala.
Con la posibilidad de solicitar la inscripción de alianzas electorales hasta el 2 de agosto, los partidos tienen cierto respiro para las negociaciones que realizan. El vocero de Alianza para el Progreso, Elio Riera, señaló que no descarta una alianza con Fuerza Popular. Después de todo, la alianza de co-gobierno en el Congreso podría extenderse de esta institución con miras a 2026. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría señalado a medios extranjeros que no postulará a la presidencia el próximo año. Lo más probable es que Fujimori postule al Senado, lo que generaría un arrastre significativo para el partido. Asimismo, se anunció que el exministro de Economía, José Arista, será candidato al Senado con Alianza para el Progreso, según anunció Humberto Acuña.
Es más probable que las candidaturas al Senado se terminen definiendo con mayor anticipación que las candidaturas presidenciales.