Caso Rolex: intereses mayoritarios

Intereses mayoritarios:

Las nuevas revelaciones en el Caso Rolex son, tal vez, las declaraciones que realizó la presidenta Dina Boluarte tras acudir a la Fiscalía. Boluarte señaló, el pasado viernes, que los relojes se trataban de un préstamo de su “hermano del alma” el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y que las joyas consideradas de marca eran, en realidad, de catálogo. La mandataria se suma a la fila de autoridades y funcionarios con explicaciones inverosímiles, “no fue vacunación, fue ensayo clínico”, “no se cayó, se desplomó”. Sin embargo,ahora parecería que este tipo de explicaciones no tiene repercusiones políticas.

Hay un claro interés, de una mayoría, en el Congreso, para que la mandataria pueda llegar hasta el 2026 o, por lo menos, hasta julio de 2025, dado que el Parlamento no puede ser disuelto en el último año de su mandato. Este interés le genera al gobierno de Boluarte poder contar con cimientos de sostenimiento, dentro de todo, estables. El Ejecutivo entiende la supeditación que tiene frente al Congreso y evita cualquier tipo de confrontación u observación de su parte. Esta semana, el Congreso publicó la ley que autoriza el ingreso a la Carrera Pública Magisterial a los docentes interinos que fueron cesados hace 10 años por no presentarse o desaprobar las evaluaciones dispuestas por el Ministerio de Educación. El ministro Morgan Quero saludó esta norma que ha sido rechazada, en el pasado, por varias gestiones ministeriales.

En la conferencia tras sesión del Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, enfatizó que no estaba “en condiciones de juzgar las decisiones del Congreso de la República”, al ser preguntado por la aprobación del dictamen que propone someter a juicio y antejuicio político a los titulares del JNE, ONPE y RENIEC. El dictamen fue aprobado, en la Comisión de Constitución este martes, con los votos de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, entre otras bancadas más. Sin embargo, estos tres últimos grupos parlamentarios buscan golpear a los organismos electorales desde 2021, pues en el pasado han buscado recortar el mandato de los actuales jefes del JNE y ONPE. El riesgo con estas iniciativas es que se politizarían instituciones que pueden quedar desacreditadas ante futuros procesos electorales y que, finalmente, tendrían como propósito la sujeción política de los organismos electorales, autónomos e independientes, ante el Congreso de la República.

¿Nuevo enfrentamiento?:

¿Qué más se viene en el corto plazo en el Congreso? Esta semana se dio a conocer que la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, recomendó la destitución de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides por cuatro faltas graves en el cargo. Para Tello, Benavides interfirió en la investigación fiscal que se sigue a su hermana, Enma Benavides, dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional del caso, favoreció indebidamente al fiscal superior de Lima Centro y emitió resoluciones sin motivación. El informe será debatido por el Pleno de la Junta el próximo 18 de abril.

Como se recuerda, el Poder Judicial emitió una medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez para que sean repuestos a la Junta Nacional de Justicia, tras su destitución por el Congreso. A su vez, el Parlamento aprobó presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la destitución parcial que había logrado de la Junta. El último informe y la demanda competencial podrían suponer los nuevos capítulos del enfrentamiento Congreso versus JNJ.