Estrategia para la continuidad

Atendiendo las críticas:

Esta semana, se publicó la resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros que crea la Comisión Multisectorial encargada de identificar barreras burocráticas que afectan actividades económicas; luego de que esta fuera anunciada en conferencia de prensa por el jefe del Gabinete, Alberto Otárola. ¿A qué respondería el apremio por parte del premier? Lo más relevante, es que Otárola habría escuchado las críticas que estaba recibiendo desde el sector privado. Los espacios de encuentro con los gremios empresariales habían decaído en comparación con el inicio de la gestión. La repentina predisposición para atender al empresariado a través de sus representaciones gremiales sería parte de la estrategia del titular de la PCM para mantenerse en el cargo, meta que viene logrando con más éxito que todos sus predecesores desde julio de 2016. Otárola busca acallar las críticas respecto a su continuidad como jefe del Gabinete. El problema de las barreras burocráticas fue puesto sobre la mesa desde las primeras reuniones con los gremios. El premier habría sopesado que, por tener como jefa del INDECOPI a una persona cercana, es un buen momento para atender el tema directamente.

La Comisión es presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y está conformada por los titulares de Economía, Energía y Minas, Transportes, Vivienda, Trabajo, Ambiente y Cultura, además del Secretario de Gestión Pública de la PCM. La secretaría técnica recae en el INDECOPI. Esta composición, fuera de tener sentido en el plano técnico, demuestra la intención de Otárola por mantener el control de la discusión, pues la mayoría de sus miembros tienen una buena relación con él.

El gobierno estaría tratando de demostrar que está dispuesto a abordar la problemática con una comisión de alto nivel para concretar resultados tangibles. Sin embargo, la decisión misma de crear una comisión, con un plazo de trabajo de un año es, en realidad, otra muestra de burocracia. Es una acción pensada más en la fotografía y el titular que en lograr soluciones reales y oportunas. No es alentador que el as bajo la manga del gobierno para intentar aplacar cualquier incomodidad sea instalar mesas de diálogo o crear comisiones multisectoriales.

Contingencias por la PNP:

A dos semanas de su salida, el excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, presentó un recurso de amparo con el objetivo de ser restituido en el cargo. Angulo había calificado su pase al retiro como “abrupto, ilegal e irregular”. El cambio en la comandancia general de la PNP le supone una contingencia judicial al gobierno, pues el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación está recabando información y ha citado al excomandante a declarar en calidad de testigo. Como se recuerda, Angulo denunció presuntas injerencias del actual ministro del Interior, Víctor Torres, en los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación de oficiales en la PNP. Dos fiscales habrían ingresado a la sede del Ministerio del Interior el último martes para recabar información. Jorge Angulo ha señalado que, ante la Fiscalía, ratificará todas las denuncias y entregará las pruebas documentales que tiene.

Por su parte, el Congreso estaría buscando la interpelación contra el ministro Torres. La congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, presentó una moción que tiene las firmas de las bancadas de Renovación Popular, Cambio Democrático, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú. Se trata, después de todo, de un Parlamento que respalda a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo que las denuncias de injerencia en la PNP no caerían bien. Además, ante las encuestas negativas y el manifiesto malestar de la ciudadanía con el trabajo del sector Interior, el titular de esta cartera se vuelve en un blanco fácil para una acción política como una censura. El ministro Torres, quien no necesariamente entraba en el bolo de posibles cambios en el Gabinete, deberá evaluar si da un paso al costado, pedido que podría venir de las bancadas aliadas al gobierno, o se corre el riesgo de ser interpelado. Los ministros de Cultura, Leslie Urteaga, y de Economía, Alex Contreras, también enfrentan mociones de interpelación, las que podrán ser debatidas para el inicio de la segunda legislatura ordinaria del Congreso, del Periodo Anual de Sesiones 2023 – 2024.

Por último, frente a un Ejecutivo que evidencia inoperancia en la administración del país, y ante autoridades subnacionales sin experiencia ni propuestas claras en el liderazgo de la creciente inseguridad, las discusiones en las que se ve envuelto el gobierno, como el mando de la PNP, son caldo de cultivo para el crimen organizado. Si bien esto último es un problema regional, Perú no está -todavía- al mismo nivel de Ecuador, que registró la tasa de homicidios más alta de la región en 2023 (7.878 casos), Colombia, Paraguay o México, por nombrar los que lideran la lista. En el corto plazo, la poca capacidad de ejecución del gobierno puede empeorar la seguridad ciudadana en el país y afectar las inversiones que se intentan atraer. Esta situación de zozobra solo sirve para atraer bandas organizadas, pues nos mostramos como un país donde abunda el caos y escasea el principio de autoridad.     

Nuevos embajadores:

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a los nuevos embajadores del Perú ante los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, entre otros más. Carlos Hakansson Nieto fue nombrado embajador en Costa Rica, mientras Alfredo Ferrero Diez- Canseco, extitular del Mincetur, es el nuevo embajador en Estados Unidos. El nombramiento de Hakansson Nieto se habría realizado pensando en posicionar a un constitucionalista, alineado a la defensa del gobierno, en el país que alberga la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello, pensando en posibles contingencias en el plano internacional para el gobierno. La liberación del expresidente Alberto Fujimori abrió un frente diplomático entre Perú y la Corte IDH. Esta última ha determinado que el Estado peruano incurrió en desacato al liberar a Fujimori. En marzo, a más tardar, Perú deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En última instancia, la transgresión del Estado peruano podría ser incluida en el informe de labores que la Corte IDH eleva a la OEA cada año.    

Por su parte, el nombramiento de Ferrero Diez-Canseco, con un perfil mucho más económico que diplomático, está pensado en generar interés para atraer las inversiones que el Ejecutivo busca en Estados Unidos. Además, el flamante embajador en el país norteamericano fue parte del Equipo Técnico de Keiko Fujimori en campaña electoral, por lo que se continúa demostrando la intención del gobierno por mantener una relación amigable con el fujimorismo, a través de nombramientos que les sean afines en cargos importantes.