Siguiente hito para el gobierno

Primer 28 de Julio:

En un par de semanas, Dina Boluarte deberá acudir al Congreso para dar su primer mensaje de 28 de julio como presidenta de la república. ¿Cómo llega Boluarte a este próximo hito? La última encuesta de Ipsos-Perú21 arroja algunas luces. Es una mandataria que, con un inicio de gestión convulso, llega debilitada para su primer mensaje de balance ante el Parlamento. Para un 52% de los encuestados, es el Congreso el que tiene más poder en el país. Solo un 22% cree que Boluarte tiene el poder, seguido de un 17% que cree que es el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, quien lleva las riendas. Incluso, si se observa el desagregado, el sur sigue siendo su zona más crítica, pues en esta región primero creen que Otárola es quien gobierna el país, con un 42%; luego el Congreso, con un 38%; y, en tercer lugar, la presidenta Boluarte, con un 14%.

Boluarte, además, debe preparar el mensaje de 28 de julio aún sin certeza de cómo va a estar el posicionamiento del gobierno respecto al Congreso. Hay incertidumbre sobre las negociaciones para la elección de la nueva Mesa Directiva. Las alianzas usualmente terminan de concretarse horas antes de la fecha límite para presentar las listas. Esto no le otorga a Boluarte mucho margen de acción o lineamientos de por dónde debería guiar el discurso de 28, por lo que deberá manejar varios escenarios, de cara a esta fecha.

Este mes, también, deberá hacer frente a la convocatoria del 19 de julio de la denominada ‘III Toma de Lima’. Hay dos factores que podrían diferenciar esta convocatoria de las ediciones pasadas. En primer lugar, la movilización se estaría realizando en el norte y otros lugares cercanos a Lima, como Ica, Huancayo, Arequipa, Áncash, Cajamarca y La Libertad. Es decir, la convocatoria no estaría circunscrita solamente al sur del país. En segundo lugar, los dirigentes gremiales acordaron, en la última asamblea nacional, conformar un Comando Nacional Unitario de Lucha que lidere y unifique esa convocatoria. En las protestas de inicio de año, cada central sindical se encargó de convocar de manera independiente. Este sería el primer intento de realizarlo de manera organizada, por lo que podría haber un resultado diferente que preocupe al gobierno.

En medio de estas protestas, y como parte de las actividades de Fiestas Patrias, deberá decidir dónde y cómo se realizará la Gran Parada Militar, lo que sin duda será usado para vincularla más a las Fuerzas Armadas, y reforzar la narrativa de la izquierda de una dictadura que cuenta con el apoyo de los altos mandos militares. Los gestos de la mandataria serán motivo de análisis.

Golpes internacionales:

En el ámbito internacional, el XXVI Encuentro del Foro de Sao Paulo emitió una declaración condenando la represión del gobierno de la presidenta Boluarte en las protestas que marcaron el inicio de su gestión. La declaración rechaza “la criminalización de la protesta social y el impedimento del derecho a movilizarse”. El sentido de este pronunciamiento es parte de la narrativa que busca promover la izquierda en el país, señalando que se trata de un gobierno dictatorial que ha amedrentado a la población en las protestas y marchas convocadas en su contra, ha asesinado peruanos y tiene sesgos racistas.

Además, el foro rechazó la declaración del Congreso de la República en contra de los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, por sus declaraciones sobre la situación política de Perú. El Congreso llegó a declarar a ambos mandatarios como persona non grata. Ambos presidentes, aliados de Castillo, vienen promoviendo la narrativa internacional de desconocer el gobierno de Boluarte como legítimo. Ahora, con la posibilidad de poder realizar viajes al extranjero, el reto de la mandataria es contrarrestar esta narrativa personalmente.

En un contexto en el que se anuncian nuevas manifestaciones, este pronunciamiento llama la atención y debería encender las alarmas sobre una posible intervención del foro durante las jornadas de protesta.    

¿Show mediático?:

Esta semana salieron voceros políticos de derecha e izquierda, para aclarar sobre la próxima elección de la Mesa Directiva. Por un lado, el vocero del partido Fuerza Popular, Miki Torres, señaló que no respaldarían una Mesa Directiva cuya presidencia recaiga en Perú Libre. A su vez, el vocero de la bancada del lápiz, Flavio Cruz, también indicó que no apoyaría una Mesa Directiva presidida por la bancada naranja.  

¿Qué significa este intercambio mediático? En primer lugar, que tanto la derecha como la izquierda tendrían jugadores que no midieron las consecuencias políticas de adelantar la comunicación respecto de las negociaciones por una elección sobre la que aún faltan semanas para concretarse. En segundo lugar, los descartes de ambos voceros no cierran, en realidad, la negociación, pues estas recién empiezan. En todo caso, las declaraciones arrojarían luces de las posiciones en una posible lista. Si bien Fuerza Popular estaría detrás de la presidencia o la primera vicepresidencia; Perú Libre solo estaría buscando un cargo en la Mesa Directiva, por lo que aún nada está dicho. El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, incluso se animó a señalar al Bloque Magisterial como una bancada “más light que las otras posturas” de izquierda, por lo que aún habría un cortejo entre su bancada y la izquierda.    

La elección de la Mesa Directiva se ha vuelto, en los últimos años, en una elección mucho más administrativa que política. El vocero alterno de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, señaló en ese sentido que, no habría ningún problema en formar una Mesa Directiva de ancha base, pues ello no significa una alianza política. Para Salhuana, incluso, quienes participan en la Mesa Directiva no “abdican en sus postulados políticos”.

Las alianzas que se concreten serían cortoplacistas, con una fecha de expiración de 24 horas posterior a la elección. Si bien la negociación tendrá consecuencias en la distribución de las comisiones, como es de esperarse, ello no significa necesariamente que habrá un entendimiento en las sesiones de las comisiones o en los dictámenes que lleguen al Pleno o que se priorizarán los intereses colectivos frente a los individuales.