Balance del Gabinete Miralles

Gabinete Miralles:

La conformación del Gabinete encabezado por Denisse Miralles evidencia que la inestabilidad política en el país no se limita a vacancias o censuras presidenciales, sino que ahora se ha instalado en el país el concepto de “crisis preministerial”. Los gabinetes caen antes de asumir los cargos, ante la falta de poder de quien ostenta, pero no ejerce, el cargo de presidente. Asimismo, se revela el sistema de gobierno que prevalece en el país, y se trata de un esquema abiertamente de “presidencialismo parlamentarizado”, donde el Ejecutivo depende de los votos en el Congreso, acuerdos multipartidarios y el presidente administra más equilibrios políticos que poder real.  

La caída de Hernando de Soto, antes incluso de jurar al cargo, expuso el evidente mecanismo de cuoteo en el gabinete que ha operado los últimos cinco años. Si bien en cualquier democracia, llegar a acuerdos cuando no logras mayorías, es lo lógico, en el caso del Perú, los cargos se negocian bajo la mesa, sin asumir la responsabilidad abiertamente, y para colocar a cuadros funcionales a quien está detrás del poder, y no a profesionales capaces de liderar una cartera.

Aunque esto no era un secreto, la designación o ratificación de titulares por parte de algunas agrupaciones, ha quedado más expuesta que antes. El mismo de Soto señaló que presentó una lista de nombramientos y lineamientos que no fueron aceptados, dejando entrever que el criterio central es distributivo. El argumento oficial del comunicado de la presidencia de la República, en donde se indicó que las propuestas del economista no “generaron consenso”, omitió el importante dato que el consenso no se buscaba en función de un plan de gobierno, sino de la correlación de las fuerzas parlamentarias. Después de todo, el principal interés de las bancadas que sostienen al nuevo presidente José María Balcázar era asegurar la representación en el gabinete.

La ratificación de seis ministros, el “ascenso” de Denisse Miralles del MEF a la PCM, y los doce nuevos nombramientos, reflejan que la prioridad era preservar cuotas, antes que redefinir un rumbo para el país, o tratar de encontrar estabilidad a cinco meses del cambio de gobierno. No es incoherente pensar que Balcázar, originalmente, buscó un premier con mayor peso propio, capaz de absorber el protagonismo y otorgar una sensación de cogobierno, como hubiera sido el caso con de Soto, pero esta idea se habría diluido fácilmente, frente a la resistencia de quienes cogobiernan. Ambos, de Soto y Balcázar, habrían subestimado la lógica del Congreso.

El resultado es un gabinete que fortalece a Alianza para el Progreso y, por extensión, a César Acuña. El Gabinete Miralles no se trata, en su totalidad, de cuotas formales, sino de respaldos determinantes. Miralles no es una figura que responde orgánicamente a APP, pero su cercanía con cuadros del partido, como el exministro José Salardi, jefe del Plan de Gobierno de APP, refuerza esa influencia. En paralelo, Perú Libre recupera cierto margen de maniobra, que, aunque limitado, es clave para sus intereses.  

La línea de tiempo para el final de este gobierno, un horizonte de cinco meses, reduce el margen de acción para reformas estructurales. Pero la brevedad del mandato no elimina riesgos. La premier Miralles enfrenta el doble desafío de mantener la estabilidad técnica y demostrar habilidades políticas que, hasta el momento, no ha tenido que desplegar en esta magnitud.

La primera prueba será el voto de confianza. Con posiciones adversas ya anunciadas por Renovación Popular y Avanza País, y algunas críticas desde Acción Popular y Fuerza Popular, Miralles empieza con un escenario retador. La investidura se producirá en plena campaña electoral y en medio de la emergencia a nivel nacional por lluvias intensas. Un contexto en donde cada bancada medirá costos electorales, antes que cualquier otra estabilidad institucional.

En cuanto al resto del Gabinete Ministerial, se combinan perfiles técnicos con algunas figuras de mayor carga política. Energía y Minas queda en manos de Ángelo Vitorino Alfaro Lombardi, un especialista de larga trayectoria en el sector energético, por lo que la gestión de temas de hidrocarburos y mineros recaerá, principalmente, en estos viceministros. Interior tiene a Hugo Alberto Begazo de Bedoya, general PNP en retiro, cuyo mayor desafío será mostrar resultados frente a la inseguridad ciudadana. Defensa es asumido por Luis Enrique Arroyo Sánchez, quien se venía desempeñando como jefe del INDECI, por lo que la prioridad será la atención de la emergencia en regiones. Economía queda bajo la conducción de Gerardo López, exsuperintendente de la SUNAT y viceministro de Economía, alineado previsiblemente con la línea de Miralles. En Salud, el ministro Luis Quiroz, ratificado en el cargo, enfrenta problemas estructurales en el sector salud, como la falta de atención oportuna y el desabastecimiento de medicamentos para afiliados. En Justicia se incorpora Luis Enrique Jiménez Borra, quien mezcla un perfil técnico con uno político; mientras que, en Ambiente y Cultura, las designaciones de Nelly Paredes y Fátima Altabás, respectivamente, apuntan a dar continuidad técnica en la articulación con otros sectores.

Por último, la designación de Fernando Silva Abanto como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial añade un componente adicional de lectura política. Y es que, por sus vínculos previos con Joaquín Ramírez, excongresista y financista de Fuerza Popular, su presencia confirma que el entorno presidencial responde a equilibrios cuidadosamente negociados.

Panorama 2026:

El panorama electoral rumbo a la primera vuelta, el próximo abril, confirma que la competencia presidencial sigue abierta y fragmentada. La última encuesta de Ipsos para Perú21 muestra a Rafael López Aliaga con 10% de intención de voto, seguido de Keiko Fujimori con 9%. Más atrás aparecen Alfonso López Chau y César Acuña, con 4%; mientras que Carlos Álvarez, George Forsyth y José Williams registran 3%.

La lectura no estaría en quien encabeza la tabla, sino en la dispersión del voto y la poca capacidad de los candidatos para generar adhesiones. Las variaciones se mueven dentro del margen de error, por lo que no se podría hablar de tendencias consolidadas para el resto de los candidatos. Las encuestas revelan que persiste un electorado indeciso y atomizado, más que un gran liderazgo.

En este contexto, el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones podría no ser tan decisivo como ha podido ser en campañas anteriores. El sorteo definió seis fechas distribuidas en dos jornadas, el 23, 24 y 25 de marzo; y el 30, 31 de marzo y 1 de abril. Con 36 candidatos presidenciales que debatirán, el formato limita el tiempo de confrontación. Ciertamente, más que un espacio para profundizar en planes de gobierno, el debate será un escenario para generar momentos de alto impacto, en medios y en redes sociales, para los candidatos. El efecto post-debate, titulares, clips virales, interpretaciones de analistas, podría tener mayor peso que el intercambio en sí mismo. En una campaña marcada por la indiferencia ciudadana y el predominio de las redes sociales, no se trata de “ganar” el debate, sino de saber capitalizarlo.

Hay algunos enfrentamientos que se perfilan como atractivos entre candidatos que compiten por bolsones similares del electorado, pero difícilmente habrá una discusión sustantiva con un tiempo reducido por intervención. Podría predominar quien tenga más agilidad discursiva, que profundidad técnica, en un contexto en donde ningún candidato supera el 10% de intención de voto y los desplazamientos, por más pequeños que sean, pueden ser determinantes para definir el pase a segunda vuelta.