Accidentado camino al balotaje

Rumbo al balotaje:

El proceso hacia la segunda vuelta inició, sin resultados finales, y con fuertes tensiones políticas de fondo. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la realización de las elecciones complementarias solicitadas por Renovación Popular, cerrando esa etapa de discusión que inició luego de una primera vuelta opacada por negligencias administrativas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que afectó la credibilidad de la jornada de votación.

El proceso electoral de la primera vuelta ha tenido un alto elemento de incertidumbre para la ciudadanía, no solo por las deficiencias en el despliegue de material de sufragio en Lima, sino también por la extensión de la jornada para el lunes 13 de abril, un lento conteo por parte de la ONPE, y la salida de Piero Corvetto de la jefatura de dicha institución, a pesar de que era un cargo supuestamente irrenunciable por ley. La investigación en curso y los allanamientos por parte de la Policía a Corvetto, otros exfuncionarios y al representante legal de la empresa encargada de transportar el material electoral, Galaga, por el presunto delito de colusión agravada, profundizan la crisis que no fue solo operativa, sino también institucional.

El deterioro y descrédito se refleja en la opinión pública. La última encuesta de Ipsos para Perú21 señala que, aunque el 60% califica su jornada de votación como “normal”, casi la mitad, un 45% de los encuestados, está convencido de que existió un «intento de sabotaje» o fraude al observar los problemas reportados en zonas específicas como el sur de Lima. En ese contexto, la disputa por el segundo lugar se centra en un debate que abarca desde la competencia democrática hasta la legitimidad del sistema, lo que termina agrandando la crisis de representatividad política que venimos atravesando en la última década.

En paralelo, la ONPE concluyó el conteo de actas, con más de 5 mil observadas, ya enviadas a los Jurados Electorales Especiales, consolidando una ventaja de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga que, en teoría, luce difícil de revertir.

Sánchez ha encontrado en la controversia de la primera vuelta, y el descrédito de los organismos electorales por parte de López Aliaga, un espacio de victimización, buscando consolidar su presencia en las zonas que apoyaron a Pedro Castillo en 2021, cuando también se puso en tela de juicio el resultado de la segunda vuelta. El cuestionamiento al proceso activó reflejos de movilización de sectores que, hasta antes de la primera vuelta, no se habían unido. Aunque sin sellar una alianza, las fuerzas de izquierda convocaron plantones fuera del Jurado Nacional de Elecciones, buscando evitar una elección complementaria.

Por su parte, Keiko Fujimori ha optado por mantener su estrategia de campaña para la segunda vuelta, apostando por el despliegue territorial y evitando escalar el conflicto. Fujimori es más consciente que su principal adversario no es quién pase a segunda vuelta, sino el “antifujimorismo”, que ha sido el diferencial para evitar su triunfo en tres campañas consecutivas. Fujimori apostará por consolidar sus bolsones electorales, y por mejorar, dentro de lo posible, su performance de la primera vuelta en el centro y sur, donde ha tenido mejores resultados que en 2021.

En paralelo, socialmente se estarían midiendo algunas movilizaciones con demandas específicas, como los bloques universitarios con el alza del pasaje, pero que mezclan algunas consignas políticas, anticipando un clima en donde lo social y lo electoral pueden coincidir con facilidad.

Presidencia sin poder:

La reciente crisis en el gobierno de José María Balcázar, originada por la compra de los aviones F-16 a una compañía norteamericana, evidencia una presidencia de la República carente de poder. La posición pública del mandatario de trasladar la responsabilidad de esta millonaria compra para el siguiente gobierno fue, rápidamente, dejada de lado por decisiones que avanzaron otros actores. La posterior recomposición del Gabinete Ministerial, con la salida de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores y la designación de nuevos titulares, confirma que la jefatura del Estado mantiene su forma, pero ha perdido capacidad efectiva de decisión, ya no solo frente al Legislativo, sino también al interior del propio gobierno.

A lo largo de esta última década, y con especial claridad en los últimos 4 años, el Congreso ha ampliado su capacidad de control hasta configurar lo que, en la práctica, es un gobierno parlamentario, en donde el presidente se sostiene con precarios equilibrios con las fuerzas legislativas. En este contexto, las decisiones estratégicas del Ejecutivo pueden ser revertidas o forzadas desde otros espacios de poder. La postura de Keiko Fujimori rechazando una moción de censura, por considerarla un factor de inestabilidad, no es un gesto de apoyo a Balcázar, sino un cálculo político pensado, claramente, en la segunda vuelta. Finalmente, se trata de un presidente “tutelado”, con un margen de acción contenido y sin capacidad de interferir en la agenda de quienes realmente gobiernan.

En el Parlamento empezó a rondar la idea de impulsar una censura contra Balcázar, que podría removerlo del cargo a menos de 3 meses del cambio de gobierno. Las fuerzas políticas que quedaron fuera del próximo Congreso vienen evaluando la conveniencia de hacerse con el poder. El costo político que podrían enfrentar se ve lejano, pues su próxima participación electoral será en octubre próximo. La censura no se ve cerca, pero este Parlamento ha demostrado que puede dar un giro dramático en cuestión de horas.