Vacancia vs. Cierre del congreso.

El Ejecutivo y Legislativo en jaque nuevamente. El Pleno del Congreso admitió a debate este jueves la tercera moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo. Para su admisión, la oposición consiguió 73 votos a favor, de los 87 votos necesarios para la salida de Castillo. Sin embargo, las estimaciones apuntarían a que es poco probable que se alcance la cifra, debido a que el voto de las bancadas de izquierda continúa firme en favor de Castillo. Todo parece indicar que la decisión final estará en manos de los 40 congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, bancadas afines al gobierno, que ya han votado en contra de la primera y segunda moción de vacancia presidencial, por lo que el escenario parece previsible. En los próximos días entrarían en juego las negociaciones políticas desde el Ejecutivo y Legislativo, que definirían el futuro del país. 

Tenemos dos posibles escenarios para el próximo miércoles, cuando se debatirá la moción de vacancia: Si la oposición reúne los 87 votos, asumiría el mandato la vicepresidenta Dina Boluarte, sobre quien ya pesa una denuncia constitucional. Ello significa que quedaría abierta la posibilidad de que en un futuro sea inhabilitada por el Congreso. Por otro lado, si la moción es rechazada, esto sumaría puntos al gobierno, y sobre todo, desgastaría, una vez más, la figura de la vacancia presidencial, dejando al congreso con menos herramientas, y menor respaldo.

El siguiente acto desde el Congreso fue la aprobación del dictamen que incluye en el reglamento del Congreso el procedimiento de suspensión del presidente de la República, además del dictamen de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, dos alternativas que supondrían una salida a la crisis política. Ambas iniciativas fueron aprobadas por mayoría en medio del nuevo pedido de destitución presidencial, y se suman al proceso de denuncia constitucional contra Castillo desde la Fiscalía de la Nación, y la al de traición a la patria.

Mientras tanto, el gobierno insiste en su interpretación de una denegación a la cuestión de confianza presentada por el exjefe de gabinete Aníbal Torres. Respecto a ello, el Tribunal Constitucional dictó una medida cautelar a favor del Congreso mientras se decide la demanda competencial contra el Ejecutivo por la interpretación de la cuestión de confianza. Esta medida suspende cualquier acción del gobierno en base a su interpretación de la denegación de confianza, lo cual protegería al Legislativo de una presentación de una segunda cuestión de confianza que pueda derivar en el cierre del Congreso.

Pareciera que tanto el Ejecutivo como Legislativo insisten en recurrir a figuras constitucionales para ser el único poder que subsiste a costas del otro. Sin embargo, es necesario enfatizar que ninguno cuenta la popularidad suficiente, ni representación. Y es que el descontento parece estar generalizado: según la última encuesta del IEP, el 86% de la población desaprueba la gestión del Congreso, mientras que el 61% se muestra en contra del mandato de Castillo.

“Tregua política”

En medio del entrampamiento político, el Grupo de Alto Nivel de la OEA presentó a la Comisión Permanente del organismo el informe preliminar de la visita que realizó al Perú del 20 al 23 de noviembre pasado. El documento establece una serie de recomendaciones que parecieran bastante predecibles en medio del panorama político peruano: El grupo sugiere una “tregua política” en lo que se convoca al diálogo para la gobernabilidad. También recomienda fortalecer la justicia constitucional en el país, y hace énfasis en que los conflictos entre los poderes del Estado deben ser resueltos por el Tribunal Constitucional.

El informe advierte sobre el clima de inestabilidad política y enfrentamiento entre poderes. Sin embargo, no da luces respecto a las serias acusaciones de corrupción que recaen sobre el gobierno y el copamiento de las institución.