Toma clave en la PNP por parte del gobierno.

Toma clave en la PNP:

De hace un tiempo atrás, se ha evidenciado la incomodidad que existe en el actual gobierno con la Policía Nacional del Perú. Durante la actual gestión, la PNP ha tenido cinco comandantes generales y diez generales, aproximadamente, fueron pasados al retiro, sin tomar en cuenta sus méritos y trayectoria en la institución, con el único objetivo de subir en el escalafón de ascensos a oficiales que puedan responder a Castillo y sus intereses. La Policía ha pasado de fortalecerse, de cara a combatir uno de los principales problemas para la ciudadanía como lo es la inseguridad ciudadana, a una grave crisis institucional, ciertamente en una compleja coyuntura política y fiscal para el mandatario, quien enfrenta seis investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía.  

En esa línea, el general PNP Segundo Mejía Montenegro –natural de Chota, Cajamarca, y cercano al presidente– es el nuevo inspector general de la Policía, luego que Castillo denunciara y pidiera la destitución del coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial que apoya al equipo de fiscales contra la Corrupción del Poder. Por otro lado, los nombramientos del nuevo Comandante General de la PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, y el nuevo jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Marcelo Álvarez Moreno, también han sido cuestionados por especialistas en el sector. Sobre Mejía Montenegro recaen cuestionamientos de acciones de seguimiento a profesores y alumnos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en aparente beneficio del cuestionado exrector Luis Cervantes Liñán, investigado por lavado de activos. Contra Álvarez Moreno pesa la acusación de robo de combustible en 2016, cuando era jefe de la Dircote, además de ser acusado por el Ministerio Público de encabezar el ‘Escuadrón de la Muerte’ entre 2012 y 2015.

Esta situación evidencia que, desde el gobierno, existe una absoluta seguridad para llevar a cabo estos cambios y movidas, sin que les preocupe cualquier consecuencia inmediata en su contra, a nivel político o mediático. La intención de fondo sería demostrar que tienen el poder y llevan el control, pues se atreven a realizar dichas movidas en la cabeza de una institución que juega un rol importante en las investigaciones contra Castillo, politizándola, en lugar de enfocarla en el manejo de la seguridad ciudadana del país, que tanto reclama la población.   

Congreso:

En el Congreso, por otro lado, se aprobó con 86 votos a favor la interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, por la denuncia de direccionamiento en licitaciones de obras. Los votos a favor de bancadas oficialistas como Perú Libre y Perú Democrático podría ser una señal que, aunque continuarían apoyando a Castillo, deslindarían de asuntos relacionados a las investigaciones fiscales. La otra interpretación a esta votación es que estas bancadas hayan entendido que, para poder ocupar ministerios claves como el MTC, necesitan remover a personajes que son serviles al mandatario.

La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, aprobó investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno. Aunque esta decisión debe ser aprobada por el Pleno, la oposición se centra en un punto delicado para el mandatario: la familia. El entorno del presidente termina siendo, principalmente, familiar, pero no existe certeza de cómo respondería ante pesquisas que involucren aún más a su esposa. En el caso de la prisión preventiva contra Yenifer Paredes, se movilizaron grupos feministas y de organizaciones campesinas. Para este viernes, están citados por este grupo de trabajo los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes. El mayor aporte de la Comisión de Fiscalización es, sin duda, la mediatización de las citaciones, más que la función fiscalizadora en sí, como ocurrió con la primera dama, su hermana, o la misma Karelim López, colaboradora eficaz en las investigaciones contra Castillo.     

Fiscalía:

Por último, si bien la Fiscalía está avanzando en las investigaciones y procesos de su competencia, continúan los ataques y críticas contra decisiones como retirar a la fiscal que investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación, o los cambios en el equipo que investigaba ‘Los Cuellos Blancos’. Los medios que amplifican estas críticas, como IDL y La República, están enfocando la atención hacia Patricia Benavides, con lo que podría perder capital político, en demérito de la todavía incipiente línea de investigación que siguen contra el mandatario.

La fiscal puso en juego sus fichas al adoptar un rol político activo contra el actual gobierno, lo que, como era de esperarse, ha tenido una respuesta del Ejecutivo y sus aliados en la misma proporción. Las prisiones preventivas no llegan a concretarse como un logro, necesariamente, pues no se han obtenido delaciones contundentes o pruebas definitivas que confirmen las tesis fiscales.

Además, la Fiscalía de la Nación arrastra algunos pasivos. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos visibiliza que esta institución, junto con el Poder Judicial y los medios de comunicación, enfrentan una gran desconfianza de la población. La lista es encabezada por el Congreso y el Gobierno. Las Fuerzas Armadas son la institución con mayor confianza de la ciudadanía. Ello también podría responder a por qué las investigaciones de la Fiscalía y las denuncias de los principales medios de comunicación contra el gobierno no calan en la ciudadanía o derivan en una presión de las personas en las calles, que demanden la salida del mandatario. Si bien la impopularidad del Congreso y los otros poderes es recurrente, en estos momentos se hace más evidente dado que el país arrastra una crisis política agudizada en los últimos 6 años.    

A ello se le suma que, podría ser la misma oposición, política y social, esta última representada por los NSE A y B de Lima, que han tomado protagonismo desde antes del inicio de la gestión de Castillo, la que termina por “apagar la calle”. Los políticos que pretenden movilizar una salida del mandatario son, en su mayoría, actores sin representatividad política, con serios cuestionamientos -incluso legales- y con malos resultados electorales a cuestas en la última década. Este sector fortalecería la imagen política de Castillo, contribuyendo a que sus mensajes de victimización tengan sentido para algunos grupos. Mientras no exista una renovación en la representación de la oposición, el resultado no variaría.

La lectura de la figura de Castillo es que es un actor político con una representatividad que no habría existido hasta ahora en este nivel de gobierno. La idea de defender un movimiento social amplio, capaz de haber logrado un apoyo popular que genera representación y consigue llegar a Palacio de Gobierno, liderado por un ciudadano común, que viene del campo y se identifica con los trabajadores, es atractiva de defender, a pesar de los cuestionamientos. Analizar a Castillo desde la perspectiva de la política tradicional, deja fuera estos factores.