¿Terreno nivelado?

Preparando la cancha:

En la última semana, se han realizado cambios en mandos medios y equipos de alta dirección de distintos ministerios. En el Ministerio de Economía y Finanzas, se designó a Rodolfo Baca Gómez Sánchez como viceministro de Hacienda, tras aceptar la renuncia de José Carlos Chávez Cuentas. Se han realizado otras renovaciones en los viceministerios de Minas, del Ministerio de Energía y Minas; de MYPE e Industria, del Ministerio de la Producción; y de Recursos para la Defensa, del Ministerio de Defensa. Además, este jueves, se aceptó la renuncia de Juan Navarro, viceministro de Trabajo.

Estos cambios en los ministerios podrían responder a la estrategia del Ejecutivo de preparar la cancha para la voceada renovación en el gabinete ministerial. En el MEF es probable que se ejecuten otros reemplazos. La intención del gobierno sería concretar los nuevos nombramientos en los mandos medios ante un probable cambio del titular de la cartera a fin de mes.

La encuesta de enero de DATUM consultó sobre la opinión con relación al gabinete ministerial. Un 63% de los encuestados considera que se debe sustituir a todo el gabinete, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; mientras un 27% considera que solo algunos ministros deberían ser remplazados.

De este 27%, que cree se debería cambiar solo a algunos ministros, un 26% cree que se debería cambiar al titular del Interior, 25% al de Salud, 21% al de Economía, 19% al de Educación y un 18% al presidente del Consejo de Ministros.  

El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, tiene un índice de desaprobación de 76%, según esta misma encuesta. ¿Cuál es el factor que podría garantizar la continuidad de Otárola en el gabinete? Principalmente, el soporte político que le otorga a la presidenta, y que proviene del Congreso.   

Otárola y el gobierno de Boluarte han sabido mantener el buen entendimiento Ejecutivo – Legislativo. Por ello, el gobierno habría optado por promulgar la ley que elimina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los partidos políticos. La norma, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado diciembre, ha concentrado interés en el ámbito político, académico y mediático. Por su parte, la ciudadanía, en general, ha demostrado su desinterés por las PASO.

Si bien las elecciones primarias estaban vigentes desde 2019, su aplicación se postergó en todas las elecciones desarrolladas desde ese año. Con estos cambios en la norma, los partidos podrán decidir si eligen a sus candidatos mediante: “a) elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos; b) elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados; o c) elecciones a través de delegados”.

A pesar de las discusiones de fondo respecto a las PASO, y de su real aporte a la consolidación de la democracia participativa, lo claro es que los líderes partidarios prefieren mantener el control de sus listas, por diversos motivos.

Con este quid pro quo, Otárola buscaría acallar las voces, en el Congreso, que piden su cambio junto a una renovación del gabinete, mientras en paralelo busca limar asperezas con los titulares de algunos sectores.

Golpes al Ejecutivo:

La Procuraduría de San Martín denunció a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por una presunta gestión en la designación de prefectos y subprefectos en la región, con el objetivo de consignar firmas para la inscripción de su partido político. La mandataria pidió a la prensa dejar de “difamar” a su hermano. El espíritu de mártir de la presidenta, al inmolarse en la defensa de su familiar, le podría generar contingencias, tanto en el ámbito político como en el judicial. Por su parte, Nicanor Boluarte opta por no responder a los medios de comunicación, exponiendo la débil imagen de la mandataria. La lista de denuncias contra el hermano mayor de la presidenta continúa creciendo, sumando elementos más concretos sobre su presunta intervención en algunos espacios del gobierno.

Los mediáticos operativos policiales que se han desplegado para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, pueden debilitar, aún más, la imagen del gobierno y de la mandataria. La persecución policial, con un Vladimir Cerrón que demuestra su facilidad de acceso a información privilegiada de la PNP (como el acta policial que publicó en sus cuentas de redes sociales que indicaba que no se le había encontrado en uno de sus escondites), golpea la imagen de la mandataria y la Policía cuando la criminalidad acecha a los peruanos.

La presidenta tiene como objetivo acercarse a las regiones para poder mejorar su índice de popularidad entre la población. Tanto las denuncias contra el hermano, como el despliegue policial sin éxito para capturar a Cerrón, sumado a la crisis económica, de seguridad, y el incremento de casos COVID, con temas mal comunicados como la extensión de vida útil de las vacunas con fecha de vencimiento pasada, le restan puntos.

Perfil bajo:

Por su parte, el Congreso, que ha mantenido un perfil bajo desde el inicio del receso parlamentario, citó esta semana a sesión de la Comisión Permanente. El Congreso, con un estilo de juego avasallador y desmedido, habría optado por bajar el perfil en este mes, luego de la última sesión legislativa.

A pesar de este intento, e incluso alejándose de los reflectores, las denuncias periodísticas no cesan. Además de todos los bonos y gastos realizados en 2023, ahora se ha conocido de nuevas demandas del Sindicato de trabajadores del Parlamento, aprobadas para ejecutarse en 2024. La lista de demandas contiene: bonos en efectivo, incrementos en las escalas salariales, mayores montos en tarjetas navideñas, una asignación mensual de 200 soles de la que se desconoce el objeto, entre otros beneficios destinados exclusivamente a quienes trabajan en el Parlamento.

Lo curioso de esta facilidad para obtener bonos, no es solo que el Ejecutivo, a través del MEF, haya accedido a un nuevo incremento del presupuesto del Parlamento, sino a que todos estos incrementos se dan tras varias denuncias de recortes ilegales de sueldos de los trabajadores por parte de los parlamentarios. Ninguna de estas denuncias, salvo una excepción (María Cordero, disidente de Fuerza Popular), ha encontrado una sanción en el Parlamento.

En el Congreso, la idea de que no importa que este poder del Estado sea impopular, porque eso ocurre en todo el mundo, ha llegado a niveles insospechados. Esta idea es repetida no solo por los legisladores, sino también por el presidente del sindicato, Tulio Vizcarra, la mente maestra detrás de todas estas favorables negociaciones para los trabajadores del Legislativo.