Sombras que persiguen a Boluarte.
Sombras que atormentan:
Pareciera que cada vez que la presidenta Dina Boluarte da un paso hacia adelante en el intento de asentarse en el manejo del país, algún remanente de la gestión de su predecesor sale a la luz y la hace retroceder. La deficiente gestión del gobierno de Castillo del que Boluarte fue parte importante, con evidenciados objetivos reñidos con la legalidad, es una sombra que perseguirá a Boluarte en el futuro inmediato.
Castillo dejó un campo minado y la desactivación de estas bombas, para tratar de tener el menor impacto posible, será una larga y penosa tarea para el actual gobierno. Si bien una de las primeras decisiones fue el retorno a la meritocracia en el aparato estatal, aún no se ha concretado una limpieza absoluta de los elementos perjudiciales atascados en el Estado.
Como caso más reciente, esta semana se destituyó al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro. Según la tesis fiscal, Alfaro formaría parte de la organización criminal encajada en el Estado -liderada por el expresidente- y ha sido vinculado a Jorge Hernández (alias, el ‘Español’), exasesor de inteligencia de Castillo. El ‘Español’ no solo sería miembro de esta organización sino que también habría financiado la gestión de Castillo, recluido en Diroes.
Sin embargo, los residuos de la gestión anterior no son solo políticos sino también técnicos. Boluarte inició su gobierno enfrentando un conflicto social con momentos álgidos en varias regiones -actualmente focalizado en Puno- para luego navegar la ola de huaicos, lluvias y desbordes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) venía alertando a la gestión anterior desde setiembre del año pasado sobre un escenario de lluvias para este verano, sin que se tomaran acciones preventivas. Por ello, esta semana, tratando de mostrar liderazgo y capacidad de reacción, se anunció que, de cara a la presencia del Fenómeno El Niño para los meses de abril y mayo (de magnitud débil según Senamhi hasta el momento) para este otoño, el Ejecutivo desarrollará un plan de acción basado en la atención de la emergencia, recuperación de la capacidad productiva y medidas de prevención.
Si bien Boluarte busca diferenciarse y distanciarse de la gestión de Castillo, hay sombras propias -como su vinculación a los aportes de la campaña de 2021- con las que también tendrá que convivir. Declaraciones de la exasesora de Boluarte, Maritza Sánchez, que vincularían a la mandataria con Henry Shimabukuro (exasesor de Castillo) y otros empresarios por aportes a la campaña se suman a la mochila de pasivos que debe cargar la presidenta. La mandataria señaló que no permitirán que “personajes con intereses políticos subalternos y dando manotazos de ahogado desde la Diroes con falacias y mentiras pretendan debilitar a este gobierno”.
Hasta el momento, sus intentos por desmarcarse de estas denuncias no han sido suficientes, y sus opositores en el Parlamento están aprovechando el momento para insistir en que se le investigue, tratando de lograr su salida. Mientras tanto, sus todavía aliados seguirán haciendo oídos sordos el tiempo que les sea conveniente.
Si bien un indicio de esa naturaleza habría hecho que otros mandatarios enfrenten un mayor asedio político y mediático, la actual composición musical que acompaña el panorama político -autotitulada “Nos quedamos todos”- no augura necesariamente la caída de la guillotina sobre la mandataria. Sin embargo, y como toda composición musical, la melodía podría transformarse en siniestra cuando la acumulación de casos y denuncias compliquen a Boluarte, retirándose de la escena con una comparsa fúnebre.
Congreso, eterna hora del recreo:
Por su parte, el Congreso también continúa combatiendo los remanentes de la gestión de Castillo. En el Pleno de esta semana se aprobó acusar constitucionalmente por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por sus roles en el televisado golpe de estado del exmandatario del 7 de diciembre. El Pleno, además, aprobó la suspensión de Chávez en el ejercicio de su función como congresista mientras dure la investigación del Ministerio Público, con 65 votos a favor, 15 en contra y 3 en abstención. No obstante, respecto a Sánchez, no se aprobó la suspensión en funciones, con 27 votos a favor, 39 en contra y 18 en abstención. Pareciera que la demanda implícita de la mayoría de los congresistas era la cabeza de Chávez, la ficha más confrontacional y combativa de Castillo, mientras que estaban dispuestos a “perdonar” a Sánchez. Mientras tanto, para la derecha no resulta descabellado intentar ganar en el extitular del Mincetur un voto más para determinados temas de interés.
La suspensión de Betssy Chávez ha ocasionado más cambios en el inestable Congreso. Por una parte, su suspensión ocasionó que Perú Democrático perdiera la condición de bancada (al quedar con menos de 5 integrantes) y que dichos congresistas (Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría, Roberto Kamiche y Nieves Limachi) sean absorbidos por Cambio Democrático. Por otra parte, Isaac Mita (quien se sumaría a Perú Libre), se convierte en el cuarto accesitario que ingresará al Congreso y el segundo en representación de Tacna. A modo de recuento, a 20 meses de funciones del actual Congreso, Nieves Limachi ingresó tras el fallecimiento de Fernando Herrera, mientras Isaac Mita ingresa tras la suspensión de Betssy Chávez. De esta forma, los cuatro candidatos de Perú Libre por Tacna del último proceso terminarán ejerciendo la función congresal. Luego están Nelcy Heidinger (APP) y José Pazo (Somos Perú) que entraron al Legislativo tras la destitución de Freddy Díaz y Wilmar Elera, respectivamente.
A estos relevos de congresistas se suman otros factores, como los cambios en la actual Mesa Directiva, que grafican la inestabilidad del Congreso. Como se recuerda, Lady Camones fue censurada por el Pleno, y su puesto fue ocupado por José Williams; Wilmar Elera fue destituido, y fue reemplazado por Alejandro Muñante en la tercera vicepresidencia; y Digna Calle renunció a la segunda vicepresidencia, lo que dio paso al nombramiento de Silvia Monteza. De la Mesa Directiva originalmente elegida en julio del año pasado, solo se mantiene la primera vicepresidenta Martha Moyano, curiosamente, la única con experiencia parlamentaria previa.
Si bien los parlamentos, a través del tiempo y espacio, tienden a ser impopulares, no es común ver a un Congreso tan inestable. En el país, en años pasados, el peor escenario que se podía prever era que el oficialismo pierda el manejo de la Mesa Directiva. Todo se reducía a un enfrentamiento político de acomodos y reacomodos de alianzas. Actualmente, se ha convertido en moneda corriente censurar a la Mesa Directiva, un rápido cambio de congresistas por accesitarios y normalizar la discusión del cierre del Congreso (sin que esto se perciba de una manera tan grave como podría serlo).
¿Qué está pasando para que el actual Congreso sea tan inestable e impredecible? La respuesta podría estar en la selección adversa de sus miembros, pero también en la carencia de actores políticos. Los actuales padres de la Patria, ciertamente, no demuestran capacidad para respetar acuerdos y posiciones de bancadas, no siguen lineamientos de partidos por su escaza o nula vinculación y compromiso con estos, y prefieren priorizar actitudes “revanchistas” y personalistas en el Pleno. La inexperiencia política pesa tanto en la aprobación de leyes deficientes, populistas y carentes de sustento técnico como en la estabilidad de este poder del Estado.
¿Son los partidos políticos conscientes de su responsabilidad en la carencia de solidez de esta institución? La falta de cuadros políticos preparados para el manejo de política en el ámbito nacional, que podría responder tanto a la prohibición de reelección inmediata como a decisiones propias de las organizaciones políticas, deteriora la imagen del Congreso. Ello también podría ser la causa, por ejemplo, de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente tenga una mejor acogida con el paso del tiempo. Y es que esta figura se percibe como una alternativa al Congreso, sobre el que hay gran rechazo por parte de la ciudadanía.