Siete ministros del Interior en un año de gobierno.

Sétimo ministro del Interior:

Mariano González fue retirado del ministerio del Interior, tras dos semanas en el cargo, el mismo día que se anunció la formación de un equipo especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, liderado por el coronel Harvey Colchado, quien respaldará las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, a cargo de la fiscal superior Marita Barreto. Colchado, quien participó en las investigaciones a los Cuellos Blancos del Puerto, lideró casos de corrupción en diferentes modalidades en el pasado.   

González, cuya actitud sobre el gobierno se puede dividir en un antes y después de su remoción del cargo, sostuvo una comunicación telefónica con Castillo, donde el mandatario le solicitó que explique sus decisiones. Sin embargo, minutos después el mandatario publicó un tweet anunciando la juramentación de su reemplazo.  

Inicialmente la designación de Mariano González en la cartera del Interior cumplía con una cuota que Castillo debe mantener por soporte a un gobierno que continúa sosteniéndose de forma precaria. González habría buscado perfilarse políticamente, tratando de marca una línea independiente en el gobierno, que no habría sido posible una vez asumido el cargo y sintiendo la presión de las diferentes y contradictorias expectativas que recaían sobre él. Alinearse a la Fiscalía significó, finalmente, darle la espalda a Castillo.

Obstrucción a las investigaciones:

Luego de su polémica remoción del cargo, González ha declarado que no tiene “ninguna duda del compromiso” del presidente Castillo “con la corrupción”. También confirmó que se le había solicitado la designación de Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia, como viceministro en su cartera. Camacho está incluido en una investigación preliminar por el presunto delito de organización criminal, eso tras las denuncias de la existencia de un “Gabinete en la sombra”.

Distintos abogados penalistas han señalado que la decisión del presidente Castillo de cambiar de ministro del Interior luego de la conformación del equipo especial dentro de la PNP, que estaba cerca a tener logros en la captura de personajes prófugos, implica un acto de obstrucción a la Justicia, descalificándolo para continuar en la presidencia de la república.

El nuevo ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, separado de la PNP por resguardar irregularmente a Óscar López Meneses, también fue investigado por abuso de autoridad en el pasado. Huerta fue integrante del Equipo de Transferencia del actual gobierno en el Ministerio del Interior. Fue nombrado director de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica, del Ministerio de Justicia, luego que Aníbal Torres asumiera dicha cartera. Ciertamente, Huerta es alguien de confianza para el actual gobierno que no tomaría decisiones incómodas para Castillo y su entorno.

Al sétimo ministro del Interior en un año de gestión del actual gobierno, se suma, también, lo que será el sétimo cambio en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, luego de la designación, y posterior renuncia, del general PNP (r) César Vallejos Mori.

Rol de la Fiscalía:

Sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cabe resaltar las inmediatas reacciones que está teniendo sobre el gobierno, como se refleja en la pronta citación a Mariano González, quien declaró por dos horas y media para ratificar su denuncia contra Castillo por presunta obstrucción a la justicia. 

Esta semana, Benavides dispuso iniciar investigación al presidente Castillo por el presunto delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, tras los cambios en el Ministerio del Interior y reactivó la investigación preliminar por el caso de contrato de Petroperú para venta de biodiésel, dejando sin efecto la disposición de enero de este año de la fiscal Zoraida Ávalos, que suspendía el inicio de estos actos en contra del mandatario.

Reacciones en el Congreso:

Los sucesos en el gobierno repercutieron en el Congreso, donde se convocó a una sesión de la Junta de Portavoces citada con carácter de urgencia. Como parte de los acuerdos, la Comisión de Fiscalización recibió al exministro Mariano González; al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y al nuevo titular del Interior, Willy Huerta.

En el Congreso, la oposición continúa en la misma postura de buscar una salida a la crisis que inicie con la remoción de Castillo, pero ya habrían entendido que una eventual tercera moción de vacancia debe estar correctamente planteada, de manera que no tenga el mismo final que las anteriores, como lo señaló el congresista no agrupado Edward Málaga. Sin embargo, ni en los momentos más difíciles para el Ejecutivo habría consenso para llegar a los 87 votos que se necesitan para concretar una vacancia presidencial. El impasse entre Mariano González y el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, sindicado como uno de ‘los niños’, que se dedicó a defender al gobierno como oficialista durante la presentación del exministro en la Comisión de Fiscalización, solo demostraría que terminan primando los intereses personales.

¿Cuáles son los factores para que no se concrete el fin del gobierno?

En primer lugar, es importante la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República para que una protesta ciudadana se pueda ver encausada bajo la esperanza de una transición liderada por alguien a quien sin cuestionamientos y que asegure un proceso democrático de cambio de gobierno. Sin embargo, no es ningún secreto que los actuales actores políticos, en ambos poderes del Estado, no tienen deseos de dejar el cargo, ante un eventual llamado a elecciones generales. Esta postura suma al desánimo que siente la ciudadanía sobre sus autoridades nacionales, al evidenciarse los intereses particulares estarían por encima de los del país. Las bancadas más radicales, de derecha e izquierda, no entienden -ni asumen- que también son parte del problema.

Negociaciones para la Mesa Directiva:

La bancada de Alianza para el Progreso finalmente acordó proponer a Lady Camones como su candidata para la presidencia de la Mesa Directiva para el siguiente período, 2022 – 2023. La propuesta de APP contaría con el respaldo de Fuerza Popular, de Somos Perú, Acción Popular y Avanza País. Estas tres últimas bancadas buscarían estar representadas en la Mesa por Hitler Saavedra, Marleny Portero y Adriana Tudela, respectivamente.

Acuerdos tras paralizaciones:

Este jueves se levantó la huelga de transportistas de carga pesada en regiones del país que inició el 18 de julio. Aunque con esporádicos bloqueos en carreteras que no escalaron a una mayor complicación, el Ejecutivo logró llegar a acuerdos con los dirigentes de los transportistas para que se deponga la medida de fuerza. Si bien inicialmente se había considerado como un factor en contra para el Ejecutivo en las negociaciones, la atomización de los gremios de un mismo sector ha sido aprovechada para poder llegar a acuerdos con diferentes dirigentes y que la paralización pierda intensidad y se desinfle de manera rápida.

El futuro del aparato estatal:

Por último, la crisis iniciada en 2016 habría terminado de desdibujar el aparato estatal del país, lo que termina siendo preocupante sobre el futuro del sistema nacional. La última decisión del Poder Judicial que declaró nulo el proceso legislativo de la ley aprobada por insistencia por el Congreso sobre la Sunedu, y publicada en el diario oficial El Peruano, más allá del análisis legal, se suma a una serie de acciones repetitivas y normalizadas – enfrentamiento Congreso y Poder Judicial, aprobación de leyes por insistencia, mociones de vacancia a meses del inicio de un gobierno, pedido de adelanto de elecciones – que están desdibujando el futuro de las instituciones Estaríamos a puertas de la pérdida de un sistema estatal legítimo. Aunque ningún poder debería ser absoluto y todos deben tener ciertos límites, estas delgadas líneas entre los poderes del estado se han desdibujado. Es difícil saber dónde termina uno y dónde comienza otro desde hace un tiempo. Las demarcaciones de las instituciones del Estado se han trastocado, pudiendo llegar a un punto en el que no se sepa a quién acudir.

La duda sobre cómo se fijarían estos nuevos límites en el aparato estatal se suma a la aspiración de ciertos actores políticos radicales que buscan hacer eco de este problema con mensajes sobre una nueva Constitución, dado que la actual habría permitido que lleguemos a este punto de ebullición, y encontrando un posible respaldo a este pedido.