¿Ruptura a la vista?

Factor económico en la desaprobación:

El PBI continúa cayendo por segundo mes consecutivo debido al impacto de los conflictos sociales. Según el último reporte del INEI, en febrero se registró una caída de 0.63% del PBI, mientras que en enero la caída fue de 1.1%, como consecuencia de las protestas sociales, que derivaron en paralizaciones de labores, bloqueos de carreteras, cierres de mercados, entre otras afectaciones reportadas en diferentes regiones del país. Asimismo, en marzo la inflación a nivel nacional ascendió a 1.19%, en tanto, la inflación anual a nivel nacional llegó a 8.67%.  En Lima Metropolitana, la inflación fue de 1.25%, la más alta en un año.

A pesar de los diferentes anuncios de reactivación e inversión pública, siendo el más reciente el de esta semana en la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de ministros, los indicadores económicos adversos estarían pesando en la actual desaprobación del gobierno. La presidenta Boluarte mantiene una desaprobación del 77%, según la última encuesta de Ipsos, siendo el principal cuestionamiento la percepción ciudadana de no estar haciendo algo por mejorar la situación económica. En contraposición, un 15% aprueba la gestión de la presidenta y entre las razones detrás de esta aprobación es que está tratando de mejorar la situación económica del país, seguido del apoyo a los damnificados de las lluvias y huaycos. El manejo de la economía está entre las prioridades de la población.

Según otra encuesta de Datum, un 57% cree que la reactivación de la economía del país se daría a partir del 2024 y un 21% considera que no ocurrirá. Un 57% de los encuestados no cree que Dina Boluarte permanezca en la presidencia de la República hasta 2026. La inflación y el decrecimiento, que se sienten más que hace unos meses en las mesas de los peruanos, podría ser factores desequilibrantes en la continuidad de la mandataria.

Esta encuesta, también, da luces sobre cómo la ciudadanía tiende a percibir la economía. Consultados sobre cómo le ha ido a la economía del país en los últimos 30 años: un 53% considera que esta ha tenido un desempeño negativo, un 30% neutro, y solo un 15% lo califica como positivo. La percepción de la ciudadanía respondería al desarrollo de su propia economía familiar más que a la nacional y es aprovechada por los grupos que buscan un cambio en el modelo económico. Ante la consulta sobre la economía familiar, un 70% de los encuestados cree que el principal factor que ha determinado el desempeño económico familiar es el esfuerzo personal de cada uno, e importa poco el modelo económico; mientras un 24% cree que tener un modelo económico estable que brinda oportunidades de desarrollo ha sido clave. Somos un país que vive al margen de la formalidad y de las instituciones. El peruano sigue convencido de que su bienestar dependerá, principalmente, del esfuerzo y lo que pueda conseguir por sí mismo y no de lo que las normas señalen o de las autoridades de turno.

¿Ruptura a la vista?:

En el gobierno las relaciones continuarían tirantes, no solo entre los equipos técnicos de la presidenta Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, sino que esta incomodidad estaría escalando a los ministros también. Ello, luego de que el ministro de Educación, Óscar Becerra, declaró que se debería reinstaurar la pena de muerte en el país y salir de “ese adefesio que es la CIDH”. El primero en responder fue el ministro de Justicia, José Tello, quien consideró las declaraciones de Becerra como una opinión personal. Luego, Otárola respondió ante la prensa señalando que había conversado con Becerra para aclarar la agenda pública del gobierno, que es respetar los convenios internacionales.

¿Podría esta desavenencia ocasionar algún cambio en el gabinete? Desde hace unas semanas, se comenta que la permanencia de Otárola estaría en evaluación y, si bien la relación entre el jefe del Gabinete y la presidenta Boluarte no se ha resquebrajado en lo personal, la situación política es distinta, pues el enfrentamiento entre los equipos técnicos de ambos está generando una división que puede volverse un obstáculo para una gestión articulada del gobierno.

Un posible cambio de Otárola podría darse cuando Boluarte necesite un nuevo impulso. En el ámbito internacional, se continúan agudizando las relaciones entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a defender al expresidente Pedro Castillo durante su participación en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. “¿Se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo?” cuestionó Petro, ocasionando que el embajador de Perú y representante del país ante la OEA, Gustavo Adrianzén, se retire del recinto. La imposibilidad de viajar al exterior para participar en foros internacionales de la mandataria, que no tiene vicepresidentes, dejaría en manos de la canciller o de los embajadores el contrarrestar la narrativa que pretenden imponer Petro o AMLO sobre el golpe de estado de diciembre pasado.

Además, el informe de la CIDH sobre los conflictos sociales en el país que saldría a finales de este mes, y que aparentemente tiene conclusiones negativas para los intereses de Boluarte, podría volver a poner el foco sobre el gobierno de Boluarte y el uso de la fuerza en el marco de las protestas.

En este espacio, el rol de Otárola ha sido clave, pues tanto la canciller Ana Cecilia Gervasi, como el representante ante la OEA, son personas cercanas al premier. La presidenta puede optar por resistir con este equipo que, a pesar de la complicada situación, ha tenido avances, o tomar el informe de la CIDH para renovar ese entorno, incluyendo a la cabeza de la PCM.        

Congreso, perfil bajo:

El Congreso, por su parte, habría intentado tomar la actual semana de representación como una oportunidad para disminuir el nivel de atención vertido hacia la institución. En especial tras las denuncias periodísticas que revelan que son 5 las congresistas investigadas por presuntamente recortar el sueldo a trabajadores del Congreso. La última encuesta de Datum muestra una leve disminución de desaprobación al Parlamento, de 87% en marzo a 82% en abril. Sin embargo, las acusaciones contra diversos congresistas podrían cobrar otra dimensión, abrir un flanco de ataque desde la ciudadanía y retar la continuidad del actual Congreso.