Ronda Final

Congreso vs. JNJ: ¿ronda final?

El Congreso inicia un nuevo período legislativo luego de una paralización de actividades que, aunque reglamentaria, no había sido común en los últimos años, donde las legislaturas se alargaban de forma habitual. Se trata de un Parlamento que ha demostrado habilidad política, y capacidad para retroceder en momentos precisos, ser paciente, saber esperar, y finalmente, concretar la jugada.

El Legislativo ha buscado, desde el año pasado, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La renuncia de Henry Ávila a la JNJ, tras haber sido señalado por Jaime Villanueva (exasesor de Patricia Benavides), de presuntamente favorecer a la exfiscal y haber buscado intercambios de favores con un exministro de Justicia, ha precipitado este debate. El informe final que recomienda la destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años a los miembros de la Junta se aprobó, primero, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, esta semana, en la Comisión Permanente.   

El informe final deberá, ahora, ser debatido y sometido a voto en el Pleno del Congreso el jueves 7 de marzo. Para conseguir la acusación por la comisión de los delitos considerados en el informe se necesitan 51 votos; mientras que se necesitan 66 votos para lograr la inhabilitación de 10 años en la función pública. APP sería el voto dirimente para lograr este último escenario y el líder del partido, César Acuña, se ha mostrado de acuerdo con la destitución de los miembros, “pensando en que el próximo año habrá una nueva Junta”.

En el Congreso, el bloque de la derecha, al que se ha alineado la bancada de Perú Libre en momentos claves como la elección del defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, la bicameralidad, entre otros más, estaría reencontrándose en la necesidad de tener una nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia, pero además de promover una reorganización total de la institución. Dicho interés respondería a que se trata de bancadas cuyos líderes políticos enfrentan procesos con la justicia: el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso cocteles iniciaría en abril; Alberto Fujimori enfrenta el juicio por Pativilca; Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia y afrontará otro juicio oral por el delito de negociación incompatible; José Luna enfrenta una investigación preparatoria por irregularidades en la inscripción de Podemos Perú y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es investigado por lavado de activos. Además, los congresistas de Perú Libre y Renovación Popular, Segundo Montalvo y Jorge Montoya, respectivamente, han presentado iniciativas legislativas que buscan reorganizar el Ministerio Público por un plazo de dos años. Hay un claro interés de las bancadas en tener injerencia en los organismos de justicia, así como un Congreso que quiere tener el mayor control posible de las instituciones del Estado. La consideración de que son el “primer poder del Estado” parecería no ser suficiente, y parecen querer convertir al Congreso en la única institución con real poder, pues también hay iniciativas que plantean que el Congreso pueda vacar alcaldes y gobernadores.

A inicios de semana, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de amparo de Marco Tulio Falconí y ordenó su juramentación como miembro de la Junta Nacional de Justicia. El excongresista de Perú Posible ha estado afiliado, según el Registro de Organizaciones Políticas, a 4 organizaciones políticas y ha participado en varios procesos electorales. En las Elecciones Generales de 2021 volvió a postular al Congreso por Podemos Perú, de José Luna, sin éxito. El nuevo miembro de la JNJ tiene cercanía a diferentes grupos políticos y varios de ellos con representación en el Congreso. Además de ello, el abogado de Falconí, Joseph Campos, es abogado de la presidenta Dina Boluarte en la investigación iniciada en la Fiscalía por las muertes durante las protestas sociales. El nuevo integrante de la Junta es una figura para observar de cerca, especialmente con un proceso en ciernes contra la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, tras esta recomposición de fuerzas al interior de la JNJ.

La decisión del Tribunal Constitucional también ha significado el reacomodo de algunas fichas, como Guillermo Thornberry, quien se convertiría en el primer suplente. Ahora, se debe determinar si es Thornberry quien reemplaza al renunciante Henry Ávila, retomando así su lugar en el Pleno de la JNJ. Podría parecer casual, pero no se puede descartar que sea una jugada impecable de un Tribunal Constitucional claramente alineado al actual Congreso.

Finalmente, en el Pleno podría ocurrir que se opte por inhabilitar a casi todos los integrantes de la Junta, con el riesgo que Falconí sea el único integrante activo y se convoque a los accesitarios. Sin embargo, y si persiste la interpretación de que los miembros no pueden ser mayores a 75 años, solo podrían juramentar 3 accesitarios, de los 6 que quedan, con lo que no se alcanzaría el quórum de 5 miembros que requiere la JNJ para realizar sus labores, entre las que están los procesos de selección de los jefes de la ONPE y RENIEC, así como el nombramiento a jueces y fiscales en el Ministerio Público y el Poder Judicial. El otro escenario es que se opte solo por inhabilitar a algunos de los integrantes de la Junta.

Para la sesión del Pleno, se había elegido a Lady Camones y Esdras Medina como delegados del informe final contra los miembros de la JNJ. Sin embargo, quedó en duda la posibilidad de sustentación del informe por parte de Medina, tras la renuncia de Luis Cordero Jon Tay a Unidad y Diálogo Parlamentario, con lo que la bancada quedó desintegrada. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, ha señalado que Medina está calificado para exponer el documento ante el Pleno.   

Además de la JNJ, el Congreso retomará con una agenda política centrada en la bicameralidad, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y la reelección de alcaldes y gobernadores.       

Contingencias políticas, ¿bajo control?:

El foco de la atención en el Congreso y la Junta Nacional de Justicia había quitado los reflectores sobre el Ejecutivo y las denuncias que enfrentaba la presidenta Dina Boluarte sobre su hermano. La mandataria hizo un llamado al Congreso a “una reflexión para equilibrar los poderes”. En el Congreso, se incluyó en la agenda de la sesión de este viernes 1 de marzo la admisión de la moción de vacancia de la presidencia de la república, que finalmente no se admitió con 69 votos en contra, 28 a favor y 6 abstenciones. En la sesión plenaria tampoco se admitió la moción de interpelación al ministro de Justicia, Eduardo Arana, con 63 votos en contra. Además, se dio cuenta de las mociones de interpelación contra los ministros de Cultura, Interior y Transportes y Comunicaciones, las que serán consultadas a admisión en la siguiente sesión del Pleno

Por último, los nuevos miembros del Gabinete, como los ministros de Economía y de Energía y Minas, José Arista y Rómulo Mucho, respectivamente, tienen un perfil mediático alto ya que buscarían posicionarse como los principales interlocutores de los temas de sus sectores en un momento tan crítico. Se trata de ministros que tendrían una línea de trabajo directa con la presidenta Boluarte, y no necesariamente con el primer ministro, como era usual con los anteriores titulares de estos y otros sectores.