Repercusiones del informe de la CIDH

¿Informe demoledor?:

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe final ‘Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’. El punto de partida del informe es que las movilizaciones ciudadanas iniciaron tras el golpe de estado que realizó el expresidente Pedro Castillo. Para la comisión, la respuesta del Estado peruano estuvo caracterizada por “el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

El Ejecutivo realizó una conferencia de prensa tras la presentación de este informe y culminada la sesión del Consejo de ministros. La presidenta, acompañada en señal de respaldo por todos sus ministros, indicó que se ha realizado una evaluación preliminar sobre el informe de la CIDH por el respeto y alto valor que le da el gobierno a la comisión. Boluarte señaló que, si bien respetan a las instancias internacionales de derechos humanos, no comparte la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de “masacre”, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos.

En el discurso de Boluarte y de Otárola ha sido constante la falta de autocrítica frente al manejo de las protestas, no solo en la conferencia de esta semana sino en las reiteradas ocasiones en que se han pronunciado. El no reconocimiento de responsabilidad alguna se debería, principalmente, al temor por las repercusiones políticas y judiciales que podrían enfrentar.     

El informe, que vincula a Boluarte y Otárola con violaciones de derechos humanos, la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de “masacre”, se convertirá en un pasivo de arrastre permanente para ambos.  

Reacciones políticas:

Por un lado, la reacción de la derecha en el Congreso ha sido desestimar el informe de la CIDH, que era parte de lo que podía esperarse, al considerarlo un informe político, ideológico y que busca posicionar la narrativa de la izquierda en la región. Incluso los actores más conservadores, como Jorge Montoya, de Renovación Popular, solicitaron al Ejecutivo retirar al Perú de la CIDH, lo que fue desestimado por la presidenta en la conferencia de prensa. 

Por otro lado, para la izquierda radical más cercana a Castillo, el informe no les ha dado el espacio que necesitaban para apalancarse en él y continuar con la narrativa que la vacancia contra Castillo no fue un suceso legítimo. El informe de la CIDH establece que Castillo violó el ordenamiento jurídico, al dar un golpe de estado, que no fue secundado por las fuerzas del orden. Parte de la nueva estrategia de la izquierda, con el objetivo de intentar retomar las protestas, es que la prensa extranjera, que tomó relevancia en la cobertura de las protestas pasadas, tome protagonismo nuevamente. El informe de Reporteros sin Fronteras, organización de tendencia izquierdista, busca ahora golpear al gobierno de Boluarte señalando que la libertad de prensa en Perú es la más deteriorada de América Latina.

A ello se le suman las discrepancias que habría en la izquierda que los ha distraído esta semana. La condecoración que recibió la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático) en el Día del Trabajador de la presidenta Boluarte no fue bien recibida por Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, inicialmente. Mendoza y Vásquez criticaron a Cortez, quien respondió: “¿Quién es Mirtha Vásquez? ¿Quién es Verónika Mendoza?”, además de señalar que ambos personajes criticaban desde sus oficinas y que se trata de la misma izquierda que “le dio la espalda al presidente Pedro Castillo”. Su compañera de bancada, Sigrid Bazán, señaló que existe una desazón en el grupo parlamentario pues Cambio Democrático es oposición al gobierno de Boluarte.

Narrativa internacional:

Lo que el Ejecutivo no puede contener es la narrativa que pretenden seguir imponiendo Petro o AMLO sobre el gobierno de Dina Boluarte. En el plano internacional, el informe tendría otra lectura, pues podrían cobrar relevancia para los actores opositores a Boluarte las conclusiones sobre violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas. Frente a ello, y a manera de contener este impacto, la mandataria señaló que el gobierno viene implementando medidas de manera anticipada, como la creación de la comisión multisectorial que tiene a cargo la atención de los deudos y las víctimas, y el Ministerio Público ha conformado un equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, que cuenta con apoyo técnico de las Naciones Unidas. A su vez, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, propuso a la CIDH la implementación de un mecanismo de seguimiento a sus recomendaciones a través del relator país. 

Para Boluarte “afuera hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Ellos saben que están mintiendo”, en clara alusión a los presidentes de Colombia y México, quienes insisten en desconocer a Boluarte como presidenta del Perú. La canciller Ana Gervasi señaló que no se cansarán de decir “en todos los tonos y en todos los foros” que el golpe de estado lo perpetró el expresidente Castillo. La lectura para los principales países de la región es que el gobierno de Dina Boluarte sería frágil. 

Cambios en el panorama político:

En el ámbito electoral, el partido del expresidente Martín Vizcarra, Perú Primero, está a punto de concretar su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. La agrupación ahora deberá pasar por la etapa de tachas para luego, en caso no se presenten o se desestimen, estar oficialmente inscrito. En la misma situación se encuentra Libertad Popular de Pedro Cateriano. En los últimos meses, los partidos que han logrado su inscripción en el JNE han sido el Frepap, el Partido Demócrata Verde, Fe en el Perú, el APRA y Unidos Perú. De esta forma, llegaríamos a los 20 partidos inscritos.

Así, los actores clave de las agrupaciones inscritas tendrán un peso distinto en el escenario político y se iría delimitando el abanico de opciones para los votantes el próximo proceso electoral, cuando sea que esté ocurra.