¿Receta para el desastre?
Receta mortal para el Ejecutivo:
El gobierno de Dina Boluarte ha querido demostrar que está en la capacidad de manejar el país de manera adecuada. Para que esta receta se termine de cocinar de manera exitosa, vienen mezclando una serie de ingredientes, como buscar aliados en los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, reunirse con líderes políticos, gestar una reunión con expresidentes del Consejo de Ministros, demostrar que si bien tienen un gabinete técnico los ministros están desplegados en regiones, y acciones de respuesta inmediata a los problemas surgidos (las diversas versiones del Plan ‘Con Punche’).
Sin embargo, el resultado podría no ser el esperado dado que se están sumando más ingredientes, externos e internos. En primer lugar, existe la posibilidad de que los gobernadores regionales afectados por los desastres naturales, en especial aquellos que hasta el momento son aliados, cambien radicalmente su postura de sentimiento hacia el Ejecutivo. Si bien los gobernadores del norte no han criticado la respuesta del gobierno frente a la crisis por factor climatológico, podrían comenzar a hacerlo si es que la situación no es controlada de manera adecuada y la ciudadanía apunta sus reclamos hacia ellos. Deslindar de responsabilidades y señalar a Palacio es el deporte favorito de los políticos en regiones. Aún no es suficiente la maquinaria y ayuda humanitaria desplegada por el Ejecutivo a nivel nacional, y no parece haber señales prontas de que las expectativas logren ser manejadas. A ello se le suma que el Senamhi ha previsto lluvias de intensidad moderada por el Fenómeno El Niño (FEN) hasta junio y la posibilidad que un FEN Global afecte al país hacia finales del año.
En segundo lugar, están los desencuentros al interior del Ejecutivo. La receta para el éxito se está afectando por una guerra hacia adentro entre el premier y los asesores más cercanos de la mandataria. No pasó desapercibido que hace unas semanas se habría estado evaluando cambios en el Gabinete, empezando por el actual jefe, Alberto Otárola. La fricción entre la presidenta y Otárola, profundizada por quienes sienten recelo del empoderamiento del titular de la PCM, tendría su origen en cómo se manejaron algunos asuntos, en especial cuando la percepción generalizada es que el primer ministro habría tomado el asiento del piloto y dejado de copiloto a Boluarte.
La respuesta de ambos no habría sido buscar limar las asperezas, sino, por el contrario, lanzar dinamitas de manera pública. Se especula que la denuncia sobre la exasesora de Boluarte, Grika Asayag, que habría contratado con ministerios, habría sido una filtración interna; mientras el rumor que saldrían a la luz reuniones que sostuvo Otárola durante la gestión de Castillo también sería la respuesta de quienes buscan mantenerse en el gobierno al lado de la mandataria. Una consecuencia de estas puyas internas es que ocasionan cierta inestabilidad en el trabajo de los ministros.
En un tercer lugar, entre los ingredientes perjudiciales que se están mezclando para el Ejecutivo, está la amplificación de denuncias que comprometen a Dina Boluarte. El exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, demostraría que habría gastado en el viaje y estadía de Boluarte y su comitiva en la campaña electoral. La mandataria también recibió en Palacio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las contrataciones de su exasesora Grika Asayag con el Estado. Una ampliación de estas denuncias por parte de los medios podría terminar por crispar a la ciudadanía, la que hasta el momento continúa indiferente y desgastada frente a la política. Por ahora, la mandataria ha buscado marcar distancia de estas denuncias. Si bien tendrá que responder, la campana llamada coyuntura la viene salvando. Posiblemente, Boluarte sea consciente de que, al entrar a ese callejón, no encuentre una salida favorable.
Por último, un ingrediente externo es la narrativa que continúan promoviendo algunos mandatarios, como Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, sobre el gobierno de Boluarte. Ambos presidentes continúan señalando que Pedro Castillo es el presidente “legal y legítimo” de Perú. La defensa de Cancillería para contrarrestar esta narrativa ha escalado al punto que Perú ha retirado a su embajador en Colombia. Como se recuerda, una primera acción de la canciller fue declarar al embajador de México en Lima “persona no grata”. Si bien se ve una Cancillería fortalecida, con un mensaje estructurado y capacidad de respuesta, todo indicaría que los resultados a nivel exterior no son favorables para el gobierno, que cada vez queda más aislado de los países vecinos.
Congreso disperso:
El Congreso está dispersado atendiendo varios asuntos. Por un lado, la derecha estaría apelando a una estrategia de captar y retener votos. Esto se evidenciaría en la decisión de salvar al congresista Roberto Sánchez del mismo destino que Betssy Chávez: suspendida en funciones; así como en la desestimación de atribuir una infracción constitucional a cuatro congresistas implicados en el Caso ‘Los Niños’. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar a los congresistas de Acción Popular Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Ancachi y Raúl Doroteo por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La desestimación de una denuncia constitucional ha permitido su permanencia en el Congreso.
Por otro lado, continúan las acciones de interpelación al gabinete y la moción de vacancia presidencial. Este jueves fue interpelado el ministro de Educación, Óscar Becerra, por frases que habría referido sobre las mujeres aimaras, en el marco de las protestas en Lima; mientras el ministro de Defensa, Jorge Chávez, deberá rendir cuenta ante el Pleno por la emboscada a policías en el Vraem y la muerte de seis militares en Puno este 4 de abril. Sobre el gabinete pesa una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por presunto abuso de autoridad. Las bancadas de izquierda, además, buscan concretar una vacancia presidencial. En la sesión de este jueves del Pleno se dará cuenta de la moción y en la siguiente sesión se votará y debatirá su admisión.
La moción de vacancia contra la presidenta podría marcar un nuevo posicionamiento en las bancadas. Si bien los grupos de derecha están dándole soporte a Boluarte, rehúyen de la posibilidad de ser vinculados a ella, y niegan la existencia de alianzas o acuerdos. Especialmente, en un escenario social complejo por los desastres naturales y las protestas. Son conscientes de que esa bomba de tiempo podría explotar en algún momento, siendo los más perjudicados quienes más cerca se encuentren.