Presidenta sin pelotón

Mandataria sin comando:

La presidenta Dina Boluarte ofreció una entrevista el fin de semana pasado, tras cumplir cinco meses en el cargo y luego de la presentación del informe final de la CIDH sobre las manifestaciones que sellaron el inicio de su gestión. En la entrevista, Boluarte negó violaciones de derechos humanos en las protestas, como señala el informe, y marcó distancia respecto a las fuerzas del orden.

Las declaraciones de Boluarte son parte de la misma narrativa que instauró el jefe del Gabinete, Alberto Otárola: que no hubo abuso de autoridad en el manejo del conflicto social. El alineamiento del gobierno sobre este tema en particular, carente de autocrítica, se ha repetido en todos los espacios posibles: entrevistas, conferencias de prensa y actividades oficiales. Y cuando Boluarte se aleja de este discurso, sale a relucir su falta de manejo de los medios, y sus principales opositores tergiversan sus declaraciones, como ha ocurrido con las Fuerzas Armadas: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”, señaló la mandataria.

Sin embargo, esta frase no ha ocasionado un pronunciamiento de los altos mandos pues las Fuerzas Armadas han tratado de demostrar, durante todo este tiempo, su autonomía y que no están supeditadas al poder de turno. La principal reacción a esta frase proviene de los sectores que tienen intereses en reforzar la imagen de la presidenta directamente vinculada a las Fuerzas Armadas, como lo es la izquierda, que busca cimentar la idea de que la mandataria preside un gobierno cívico-militar que buscó “derrocar” a Castillo.

Debilidades y fortalezas del gobierno:

El principal flanco del gobierno continúa siendo el internacional, el que articula varios elementos: los corresponsales de la prensa extranjera, de tendencia izquierdista; los presidentes de países aliados a Pedro Castillo, como Petro y López Obrador; y los grupos de izquierda nacionales con lazos en el exterior, como el bloque de Nuevo Perú con Petro o Boric, o el de Perú Libre con Bolivia. Ello se materializa en un soporte internacional, opositor a Boluarte, con cierta incidencia en el país que estaría tratando de promover las marchas y protestas.

En la necesidad de contrarrestar esta narrativa internacional, que deslegitima al gobierno de Boluarte, el premier Otárola se ha encargado del manejo de los asuntos diplomáticos y de Relaciones Exteriores, a través de la canciller Ana Gervasi (de su entorno) y con el nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante de Perú ante la OEA. Adrianzén, quién sucedió a Freddy Otárola como ministro de Justicia durante el gobierno de Humala, podría no tener el mejor perfil para la OEA, pero responde a un nombramiento político, pues es lo que el gobierno necesita en estos momentos.

Por otro lado, una de las principales fortalezas del gobierno es la llegada mucho más efectiva de Dina Boluarte a sus contrincantes políticos, a diferencia de la gestión anterior. La mandataria tiene una predisposición de acercarse a dialogar, no de atacar. Como muestra de ello, Boluarte se ha dado el espacio de conversar y coordinar con las bancadas del Congreso, líderes de partidos políticos y con gobernadores regionales y alcaldes en estos cinco meses. Sobre estos últimos, el gobierno entendería la necesidad de solucionar los principales problemas del país de manera coordinada con las autoridades subnacionales.       

¿El retorno de las protestas?:

Como se ha señalado, el bloque del sur estaría organizando la reactivación de las protestas para los siguientes meses, aunque al igual que en los meses pasados, no habría un liderazgo unificado. ¿Tendrían los liderazgos de izquierda la capacidad de atraer fuerzas en la reactivación de las protestas? Habría altas probabilidades que sí, pero no necesariamente en la medida que quisieran. La ciudadanía está enfocada, principalmente, en la problemática económica y en el día a día.

Sin embargo, hay algunos ingredientes que, si entran a la mezcla, podrían repercutir en su amplificación, como las heladas y friajes, el dengue y el Fenómeno El Niño. Sobre este último, no estaría alcanzando el tiempo que las autoridades necesitarían para hacer un trabajo preventivo adecuado; mientras que por el dengue se ha declarado a 20 regiones del país en emergencia sanitaria, ante el incremento de casos y fallecidos. Las heladas y el friaje, además, suponen un nuevo golpe a los agricultores que con la gestión pasada se vieron perjudicados por la escasez de urea y fertilizantes necesarios para las cosechas.      

Para que estos ingredientes no incidan en el descontento generalizado de la ciudadanía, y sean pólvora para futuras protestas, el gobierno está buscando articular con los gobernadores regionales, para que asuman las responsabilidades de ejecución presupuestal que les corresponde. El principal reto para este gobierno es que las autoridades subnacionales sean parte de la solución, a través de la ejecución de programas y presupuestos, y no viren a reclamar al Ejecutivo cuando se vean cuestionados por carencias en sus regiones.

Congreso, perfil bajo: 

Por último, el Congreso ha buscado, en los últimos meses, bajar el perfil y no ser el protagonista en esta nueva temporada de la serie política del país. La semana de representación se ha convocado para la última de mayo, mientras los congresistas parecerían estar volcados a sus agendas particulares. Sin embargo, es difícil para el Congreso bajar el perfil cuando cada semana se difunde en la prensa denuncias que involucran a congresistas. Existe un descontento generalizado en el Parlamento hacia la prensa. En aparente reacción, buscan aprobar en segunda votación el proyecto de ley que busca elevar penas por delitos de difamación a través de medios de comunicación y redes sociales.

El Congreso también estaría buscando contrarrestar la desaprobación que enfrenta de la ciudadanía, a través de la aprobación de denuncias constitucionales. Es decir, buscan difundir la imagen que son una institución que toma medidas correctivas. No obstante, estas medidas terminan siendo un espejismo, pues por falta de consenso no llegan a los votos que necesitan para suspender a parlamentarios cuestionados, como los involucrados en el Caso ‘Los Niños’, por ejemplo. Al final, la “cura en salud” terminaría siendo peor para el Parlamento, pues para la ciudadanía -que rechazaría a los actuales parlamentarios más que a la institución en sí- la percepción es que se están cubriendo las espaldas.