Premier interpelado y respuestas indolentes

¿Qué evidenció la interpelación a Adrianzén?:

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se presentó ante el Pleno del Congreso este miércoles y respondió por cinco horas y media un pliego interpelatorio de más de 40 preguntas. Por la extensa duración de su presentación, se podría pensar que Adrianzén aprovechó el tiempo para exponer las acciones concretas y los resultados del gobierno frente al desborde del crimen organizado y la inseguridad ciudadana, las principales preocupaciones para la mayoría de los peruanos. Sin embargo, las respuestas otorgadas por Adrianzén solo evidenciaron la desconexión del gobierno con la realidad del país y con la ciudadanía, además del afán del Ejecutivo por jugar con datos que no demuestran ningún logro.

El jefe del Gabinete debía responder sobre los planes y acciones del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, pero en la práctica, lejos de rendir cuentas, las respuestas de Adrianzén se asemejaban a una clase académica sobre la gobernabilidad en el país. El discurso del premier, adornado con cifras y tecnicismos, carecía de empatía y autocrítica. Por la presentación de su principal vocero, se podría concluir que el gobierno no está dispuesto a reconocer el desborde del problema y su deficiente manejo. En palabras de Adrianzén, el Estado de Emergencia tiene un éxito que “se viene observando progresivamente”.  

La violencia que se vive cada día, como las cifras lo reflejan (con una tasa de 6 homicidios al día), producto de la extorsión y el sicariato, no es una percepción, es un problema estructural que el gobierno continúa evadiendo, más que enfrentando, con una estrategia que no otorga resultados, como los estados de emergencia, operativos mediáticos y respuestas indolentes de las principales autoridades que nos gobiernan. La misma mandataria declaró luego, desde el afamado “Cuarto de Guerra”, que, si bien no es ajena a la preocupación de la inseguridad ciudadana, “no es responsabilidad de la presidente Boluarte”.

Lo que es evidente tras la interpelación de Adrianzén, es el respaldo que, de momento, continúa teniendo el gobierno de sus aliados en el Congreso. Si bien las bancadas de izquierda opositoras a la gestión de Boluarte tienen la intención de censurar al jefe de gabinete, las bancadas de centro y derecha todavía no están dispuestas a ello. Sin importar cuánto Fuerza Popular y Alianza para el Progreso busquen desmarcar del gobierno, sus acciones reflejan la cercanía que percibe la opinión pública.

La Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, dio cuenta de las mociones de interpelación al MTC, MINEDU, MINSA y MIDIS al final de la sesión plenaria, tras el reclamo de congresistas opositores. Se ha dado a conocer que, Salhuana ha sido recibido por la misma mandataria para atender temas de Madre de Dios, la región que representa, en medio de la presentación de estos pliegos interpelatorios.

Asimismo, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sobre el Caso ‘Rolex’, trabajado por la congresista delegada Nilza Chacón, de Fuerza Popular, concluye en no formular una acusación constitucional contra la mandataria y que, además, el Congreso podría evaluar denunciar a la fiscal de la Nación por este caso. El informe fue aprobado este viernes por la SAC por mayoría, con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, por lo que el caso será archivado. La parlamentaria fujimorista ha indicado que la decisión fue “jurídica y legal” y no política, a la vez que ha negado algún acuerdo entre su partido y la mandataria.

Por último, el poco interés en la interpelación a Adrianzén demostraría la irrelevancia de su figura, tanto dentro de Palacio de Gobierno, en la misma PCM y ante actores políticos, como los congresistas, los gobernadores regionales, entre otros más. El jefe del Gabinete carece de influencia y peso político, por lo que sus declaraciones sobre presentar una cuestión de confianza, si el Congreso continúa con las mociones de interpelación o censura contra los miembros del Gabinete, serían más un amague que algo próximo a concretarse. Su incapacidad de coordinar, gestionar o, incluso, imponer sus ideas, generarían su salida inmediata en caso quisiera confrontar al Parlamento.

Indolencia de las autoridades:

La declaración de la presidente Boluarte, negando la responsabilidad del gobierno en materia de seguridad, no es la única respuesta indolente que las principales autoridades del país brindan a la ciudadanía. Las declaraciones de algunos congresistas esta semana reflejan la desconexión que también tienen con la mayoría de los peruanos que están conviviendo con la extorsión y el sicariato de manera diaria. El congresista José Cueto, almirante en retiro, sugirió a los choferes de las unidades de transporte público que se protejan con láminas antibalas; mientras el parlamentario Edwin Martínez propone que los mismos asesinos “nacionales” comiencen a eliminar a los extorsionadores extranjeros. Este tipo de declaraciones, que no son solo indolentes sino también ofensivas con la ciudadanía, reflejan la desidia de las autoridades frente a un problema que no les alcanza, de manera personal, dejando que sean los mismos ciudadanos los que encuentren la solución, porque claramente el Estado ya claudicó en esta responsabilidad.

Asimismo, hay una clara ausencia de liderazgo, de coordinación interinstitucional entre las principales autoridades del país, y de reformas estructurales para enfrentar el problema. Por un lado, está la Defensoría del Pueblo que propone restringir el uso de motos lineales desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m., sin ninguna excepción. Por otro lado, la misma presidente Boluarte pidió al Congreso aprobar la denominada ley de terrorismo urbano. Ambas propuestas carecen de sustento técnico, según especialistas. En otra esquina, está la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, quien, no solo advirtió que las normas aprobadas por el Parlamento deben ser revisadas con carácter de urgencia, sino pidió priorizar la aprobación del Sistema Nacional Especializado en unidades de Flagrancia. Esta iniciativa fue una de las últimas en ser debatida y aprobada por el Pleno del Congreso este jueves. Señal clara que a este Poder del Estado nadie le marca la pauta, mientras priorizó otros temas iniciales, como el uso de armas de electrochoque para serenos municipales.

La falta de coordinación interinstitucional y la nula empatía de los principales actores repercute en la ciudadanía, de cara a lo que será un complejo proceso electoral, en el que esta ola delictiva puede verse potenciada, por distintos factores.

Finalmente, la desprotección ante la que las principales autoridades están dejando a la población, es caldo de cultivo para propiciar el espacio al populismo radical y que figuras autoritarias, que prometan solucionar el problema con “mano dura”, cobren relevancia en el panorama electoral. El Perú no es ajeno a respaldar líderes autocráticos, que con solo propalar mensajes que hacen sentido con el día a día del elector, puedan llegar a cargos importantes aun sin saber explicar el impacto y la manera en que ejecutarán sus promesas o anuncios de campaña. Somos un país que, aunque sabe muy bien que la aparente cura puede ser peor que la enfermedad, se muestra dispuesto, de manera cíclica, a repetir la historia.

Casos judiciales:

El juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia llega a su etapa final. El Tercer Juzgado de la Corte Superior dará lectura al adelanto de la sentencia el martes 15 de abril. Luego de casi ocho años de investigación, audiencias y apelaciones, estamos próximos a llegar a un fallo judicial que será un precedente político. La Fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 para Heredia por el presunto delito de liderar un esquema de recepción de financiamiento ilícito para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte de Venezuela y Odebrecht. Lo que está en juego es la validación por parte del Poder Judicial, o el rechazo en todo caso, de la tesis fiscal que considera el financiamiento ilegal de campañas como un delito de lavado de activo.

La sentencia marcará un rumbo en el panorama jurídico de la política nacional pues sentará un precedente para los casos similares que están en curso. Este parece ser un año clave en el que coincide el inicio de la campaña electoral con procesos judiciales de líderes políticos.  

La suspensión del fiscal José Domingo Pérez también genera incertidumbre sobre el Caso ‘Cócteles’. La principal implicada, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está próxima a ser parte de otra campaña electoral más en su trayectoria política sin que este caso, cuya etapa de investigación demoró 5 años, esté próximo a concluir.

Por su lado, todo parece indicar que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien continúa operando políticamente, también será parte de la campaña electoral. Ante la falta de impedimentos legales, y un entendimiento entre Perú Libre y Fuerza Popular para que su candidatura no se vea obstruida, Cerrón podría regresar a la escena política como candidato a algún cargo de elección popular.

En paralelo a lo que ocurre en el Poder Judicial, el Congreso, cuya mayoría ha priorizado inhabilitaciones a políticos sin sentencia, continúa haciendo modificaciones clave en el balance de los Poderes del Estado. Esta semana, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone modificar las reglas del juicio político a altos funcionarios, alineado a las intenciones del actual Congreso de querer tener un control total y capturar todos los espacios posibles. El reglamento que se propone modificar solo estará vigente hasta el próximo año, pues luego entrarán en vigor el reglamento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso bicameral. Hay una mirada cortoplacista en la mayoría de los congresistas, entre los que predomina la falta de proyección a que las reglas que hoy establecen podrían ser usadas en su contra, dependiendo de la configuración política a futuro.