Permiso denegado

Con las maletas hechas:

El Pleno del Congreso rechazó el pedido de la presidente Dina Boluarte para salir del país y participar en el funeral del papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. El pedido se rechazó con 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención, en una sesión del Pleno convocada de manera exclusiva para este tema. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso votaron a favor, en su mayoría, mientras Avanza País y Somos Perú también apoyaron el pedido, en menor medida. El mapa de votos revela que Boluarte continúa teniendo un respaldo firme de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, aunque eso podría ya no ser suficiente para la mandataria de cara a otras votaciones en el Congreso.

Hay grupos parlamentarios como Podemos, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular cuyo rechazo al pedido no sorprende, pues son críticos del gobierno. Sin embargo, hay otras bancadas, como Renovación Popular y Honor y Democracia, que en el pasado han respaldado a Boluarte y ahora buscan desmarcar. El sentido de la votación de estos grupos parlamentarios, en contra del pedido, así lo refleja. Además, en el breve debate que hubo, de los 3 parlamentarios que participaron, dos fueron de Renovación Popular: Diego Bazán y Norma Yarrow. Ambos parlamentarios fueron críticos del pedido de la presidente, pues consideran que tiene asuntos pendientes por resolver en el país, como la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Este distanciamiento podría entenderse como una movida para mostrarse como oposición de un gobierno bastante impopular, en especial para las bancadas cuyos partidos políticos participarán de la contienda electoral.

La interrogante es tal vez si los aliados de mayor peso, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, mantendrán el respaldo hasta el final de la gestión de Boluarte o si la campaña electoral también los obligará a tomar distancia, poniendo en apuros al gobierno sin un soporte en el Parlamento. Además, el rol que vienen cumpliendo ambas bancadas podría costarles el manejo del Congreso en el último periodo anual de sesiones, teniendo en cuenta la tendencia de los demás bloques respecto del Ejecutivo.

Precedente en proceso competencial:

El Tribunal Constitucional incluyó a la presidente Dina Boluarte, a título personal, en el proceso competencial que el gobierno le abrió al Poder Judicial y al Ministerio Público por supuesto menoscabo de la figura presidencial. De manera excepcional, el TC ha permitido que la mandataria pueda participar a través de sus abogados, pues los procesos competenciales tienen como parte a las instituciones del Estado que entran en conflicto.

La mandataria está impulsando el proceso con el objetivo de bloquear las investigaciones en su contra. No obstante, el resultado de la demanda es relevante porque el TC sentará un precedente en el rol de la presidencia de la República, más allá de Boluarte. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar una investigación preparatoria y cuánto puede exigir del presidente en funciones? Ello, considerando que la Fiscalía solo puede llegar hasta la etapa de investigación, pero no puede pasar a la fase acusatoria.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, envió un amicus curiae señalando que el presidente de la República solo puede ser acusado por causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Esta posición difiere de la postura pasada de la Defensoría, que hace solo unos años establecía que la Constitución no impedía que se puedan realizar diligencias de investigación preliminar contra un mandatario. Gutiérrez, claramente, estaría buscando ayudar a inclinar la balanza a favor de la presidente, pero en este camino no están persistiendo decisiones institucionales, lo que contribuye al debilitamiento de las instituciones públicas.

Panorama 2026:

El líder etnocacerista Antauro Humala aseguró que postulará en alianza con Juntos por el Perú en las Elecciones Generales 2026. El partido, según Humala, cambiará su nombre a ‘Juntos con Antauro’. Como era sabido, la proscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) no significaba la desaparición del mayor en retiro del panorama político. Asimismo, Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú y secretario general del partido, estaría tratando de forzar esta postulación, dado que la posición antisistema y radical de Humala le podría generar tracción en la campaña electoral, traduciéndose en adhesiones en el ámbito social y votos para sus aliados.

Si Humala puede, o no, postular como invitado dependerá, finalmente, del Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá la última palabra. Según distintas interpretaciones recientes de algunos especialistas en materia electoral, hay precedentes de procesos electorales pasados, que podrían funcionar a favor del líder etnocacerista. El menor de los Humala continuará con su discurso radical y extremista, mientras Juntos por el Perú se aleja de la identidad progresista que caracterizaba a la agrupación con una decisión que habría sido tomada de manera unilateral por Roberto Sánchez, sin consultar a la militancia.  

Por su parte, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, viene participando en actividades al interior del país, con el objetivo de reforzar su imagen política, aunque todavía sin expresar alguna decisión sobre su posible postulación en los próximos comicios. La lideresa del fujimorismo estaría aprovechando la incertidumbre que pesa sobre la eliminación de los movimientos regionales de la escena política, para atraer aliados en distintas zonas del país. Fujimori está centrada en buscar perfiles de peso en las regiones, de cara a mejorar los resultados obtenidos en elecciones subnacionales, en las que la agrupación no tiene un buen posicionamiento, frente a otros partidos de alcance nacional, como Alianza para el Progreso y Somos Perú.

Por último, hay un esfuerzo de los organismos electorales en ser proactivos y ejecutar decisiones oportunas de manera célere. El JNE oficializó la eliminación del pago por desafiliación de partidos políticos por inscripción indebida, en respuesta a casos de presuntas afiliaciones irregulares. Además, junto con el RENIEC han realizado denuncias penales ante el Ministerio Público contra organizaciones políticas que habrían incurrido en la presentación de firmas falsas. El ente electoral tomó una rápida decisión para evitar que los ciudadanos que no autorizaron pertenecer a una organización política asuman un costo que no les corresponde.

Asimismo, el JNE publicó varios reglamentos referidos a la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato; Propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral; Competencias del JNE en las Elecciones Primarias; Competencias del JNE en el marco del voto digital; y de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. Este último reglamento confirma que, en caso no haya alianzas, el proceso electoral tendrá un exceso de candidaturas. Para el Senado, se tienen que presentar el doble de candidatos al número de escaños por circunscripción electoral múltiple. Ello quiere decir que habrá una mayor competencia a la interna de los partidos, entre los candidatos de una misma circunscripción electoral, que con otras agrupaciones durante la campaña. Esto, ciertamente, se aleja de fortalecer una contienda democrática y ocasionando, probablemente, una mayor lentitud en el conteo de los resultados.

Finalmente, la ONPE publicó el Reglamento del Voto Digital, el que establece que se permite al elector emitir su voto en forma no presencial y segura a través de la utilización del DNIe en los procesos electorales o de consulta popular. Solo podrán hacer uso de este mecanismo los ciudadanos que se hayan registrado de manera satisfactoria. Este era un tema de mayor interés para algunas bancadas en el Congreso, en especial para las que creen que el voto digital puede contribuir a una mayor participación del voto en el extranjero en su favor.  

Criminalidad e inseguridad, la principal preocupación:

Un reciente estudio de Datum para El Comercio revela algunos indicadores de la percepción ciudadana sobre la criminalidad en el país. Un 52% cree que la presidente es la principal responsable de esta situación, mientras un 47% cree que el culpable es el Parlamento. Un 80% cree que el gobierno de Boluarte no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país. Además, 6 de cada 10 peruanos opina que las leyes aprobadas en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, aprobadas por el actual Congreso, han favorecido a la delincuencia. Es decir, hay una mayoría de peruanos que culpa al gobierno por falta de rumbo y al Congreso por sus leyes a favor de la delincuencia. A pesar de ello, esta ola de criminalidad “no es responsabilidad de la presidenta”, como la mandataria lo afirmó hace poco.

En medio de ello, un reo del Establecimiento Penitenciario Lurigancho fugó del penal en el que cumplía condena en un video difundido en medios de comunicación y redes sociales. El jefe del INPE, Javier Llaque, presentó su renuncia hace unos días, tras este mediático escape de Lurigancho, otra fuga de un condenado por homicidio de una carceleta del Poder Judicial de Lambayeque, y la denuncia del hallazgo de un aparato electrónico que funcionaba como una antena de internet satelital en el penal de máxima seguridad de Challapalca.

Además, la población también coincide en que hay una culpa de los fiscales y jueces en soltar a los delincuentes. Luego de la difusión de la encuesta, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se reunió esta semana con los representantes de las organizaciones y gremios de transportistas, con el objetivo de explicar las funciones del Ministerio Público y el trabajo que realizan los fiscales para investigar los delitos que afectan esta problemática.  

La inseguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales problemas que los peruanos enfrentan en el día a día. Hay una alta percepción de la ciudadanía de que las instituciones no están cumpliendo con su rol y, en todo caso, se estarían replegando como mecanismo de autoprotección. La gran mayoría ha optado por evitar salir por las noches o contestar llamadas de números desconocidos. Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, la ausencia de resultados tangibles para la ciudadanía se traduce en el deterioro de la confianza hacia las entidades involucradas en la seguridad ciudadana, mientras la mayoría de las personas adapta su vida a la coyuntura: “la percepción de que están solos frente al crimen se vuelve cada vez más difícil de revertir”.