¿Nuevos aires al Gabinete?

Movidas en el Gabinete:

El pasado domingo la presidenta Dina Boluarte realizó cambios en el gabinete. El presidente del Consejo de Ministros habría consolidado su fortaleza dentro del Ejecutivo, tras haber sonado con fuerza la posibilidad de su salida en las semanas anteriores, dado que la mayoría de los ministros salientes -José Tello, Óscar Becerra y Fernando Helguero- eran parte del bloque de ministros más cercanos a la mandataria y no los de confianza de Otárola.

¿A qué responden los cambios? La salida de Óscar Becerra, del ministerio de Educación, habría sido, principalmente, por su perfil mediático caracterizado por declaraciones muchas veces controversiales, como sus expresiones sobre las mujeres aimaras, que le valieron una interpelación ante el Pleno, y su calificación de la CIDH como un “adefesio”, chocando públicamente con Otárola. La salida de José Tello, del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respondería no solo a su participación en el Caso Joaquín Ramírez, que originó el reclamo de Fuerza Popular, sino también por la política de reparaciones a deudos de las víctimas en el marco de las protestas sociales. Sobre este último punto, habría tenido diferencias con el jefe del Gabinete. El cambio del exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, habría sido por las investigaciones que afrontaba, tanto por la contratación de la excuñada de Otárola en el ministerio como su vinculación por el desembolso a un proveedor de EsSalud, cuyo contrato había sido cuestionado por la Contraloría General. Este último caso involucra a Grika Asayag, exasesora de Boluarte, y se rumorea que Adrianzén habría estado involucrado en la filtración de la participación de Asayag, en contratos con el Estado, a los medios. Por último, a Fernando Helguero se le habría pedido su renuncia a la cartera de Comercio Exterior y Turismo por su inacción en el Ejecutivo.

Los nuevos ministros de Trabajo y Comercio Exterior, Antonio Varela y Juan Carlos Mathews, respectivamente, tienen perfiles técnicos y sus nombramientos han sido bien recibidos. Si bien la actual ministra de Educación, Magnet Márquez, también tiene trayectoria en el sector público, se cuestiona su nombramiento al representar la continuidad del ala conservadora en la educación. Magnet, tendría la misma línea conservadora que Becerra, pero sin ser tan política.

El principal problema que enfrentan Boluarte y Otárola es el nombramiento de Daniel Maurate, como ministro de Justicia, quien arrastra varios pasivos. Maurate habría sido propuesto al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, por su hermano, Freddy Otárola, a quien Maurate reemplazó como ministro de Trabajo en el gobierno de Humala. Además, durante la gestión de Maurate en el MTPE, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte ocupó el cargo de viceministro de Promoción del Empleo. Sin embargo, rápidamente salió a la luz su destitución en la Sucamec y las llamadas que tiene con investigados por el Caso ‘Los Cuellos Blancos’, algunas incluso cuando fue ministro de Humala, entre otras denuncias más. Hasta el momento, Maurate ha descartado renunciar y, cuestionado por la prensa, justificó las llamadas con los investigados (‘Cuellos Blancos’) a actividades deportivas. Boluarte señaló que se evaluará su función como ministro en el ejercicio de su cartera. En el Congreso, son siete las bancadas que consideran que Maurate debe dar un paso al costado.

Agenda del Ejecutivo:

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció la realización del Consejo de Estado Regional para el próximo 4 y 5 de mayo. El gobierno busca retomar estos espacios de diálogo regional con el objetivo político de dar continuidad a las relaciones con las autoridades regionales. Por un lado, el Ejecutivo quiere seguir manteniendo una buena relación con los gobernadores que le suponen una alianza pública; mientras que, para los que suponen una voz crítica, como los gobernadores de Puno y Cusco, buscan generarles un espacio de encuentro. El Consejo de Estado Regional podría ser una oportunidad para que la dinámica con los gobernadores le suponga un activo más que un pasivo al gobierno.

Por último, Human Rights Watch presentó esta semana su último informe denominado “Deterioro letal: Abuso por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”. El informe analiza la crisis política, el deterioro de las instituciones democráticas y reporta los abusos de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas. Según sus conclusiones, habría aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos llevados a cabo por las fuerzas del orden. También está próximo a ser presentado el informe final de la CIDH sobre las protestas sociales que ocurrieron entre diciembre y enero de este año contra el gobierno de Boluarte. Aunque sería pronto para saber cómo podrían repercutir estos informes, sí le podrían suponer una complicación a Boluarte en las relaciones exteriores del gobierno. En especial cuando Cancillería intenta contrarrestar la narrativa que pretenden imponer Petro o AMLO, quienes cuestionan constantemente la legitimidad del gobierno de Boluarte.