Negociaciones para el nuevo período legislativo

Negociaciones en el Congreso

El Congreso de la República definió este viernes las presidencias de comisiones, tras una ardua negociación en que la que el autodenominado Bloque Democrático ha llevado el liderazgo, aunque ahora con más grupos parlamentarios involucrados.

Un factor importante es que la composición de las bancadas es sumamente distinta para este periodo 2024-2025, comparado al escenario político de 2021. Una de las bancadas con mayores cambios, es Podemos Perú, que en 2021 inició con solo 5 integrantes y ahora tiene 14, posicionándose como la segunda bancada con mayor número de integrantes, junto a Alianza para el Progreso (14), solo siendo superados por Fuerza Popular (21). En la negociación en el Congreso, la bancada liderada por José Luna Gálvez ha logrado sobreponerse y presidir importantes comisiones como lo son Salud y Fiscalización, las que se pueden convertir en importantes armas para avanzar con el discurso populista del líder de Podemos. Asimismo, tras la reciente incorporación de Guido Bellido, sumarán la presidencia de Inclusión Social. Ciertamente. Si bien pareciera que no existiera un punto de conexión política entre los integrantes de la bancada, queda claro que se unen por intereses personales. Cabe resaltar que 9 de los 14 parlamentarios de Podemos están siendo investigados por la Fiscalía, y el congresista Luis Picón, que presidiría la Comisión de Salud, ha sido sentenciado por negociación incompatible por hechos ocurridos cuando fue presidente regional de Huánuco entre 2011 y 2014. Parece ser que el único punto de convergencia es el consolidarse como un gran número para tener cada vez más poder de negociación.

Cada bancada está siguiendo su propia estrategia, tal es el caso de Fuerza Popular, en la cual habrían primado los intereses partidarios con miras a las elecciones de 2026. La bancada fujimorista ha optado por mantener un bajo perfil, buscando evitar los pasivos, cediendo la presidencia del Congreso, y también la Comisión de Economía. El grupo fujimorista continuará liderando la Comisión de Constitución, y tiene hasta abril del próximo año para concretar las reformas electorales de cara a 2026, incluyendo el reglamento de las dos cámaras que constituirán el parlamento desde ese año. Si bien continúa teniendo un gran peso en comisiones al ser la bancada más grande, Fuerza Popular ha perdido peso político y deberá hacerse de alianzas para impulsar sus propios temas en agenda, como la reforma electoral del sistema de pensiones, una de las propuestas de campaña de su lideresa Keiko Fujimori que ha quedado pendiente. Los conflictos al interior del partido sobre el liderazgo compartido de los Fujimori, ha saltado a la bancada, donde también se evidencia la grieta entre ‘albertistas’ y “keikistas’.

En tanto, Alianza para el Progreso ha sabido aprovechar oportunamente la poca interferencia del fujimorismo, y ha conseguido empoderarse en el Legislativo. Y es que, pese a los cuestionamientos, APP consiguió colocar a Eduardo Salhuana en la presidencia del Congreso, con 95 votos a favor, una cifra no alcanzada en los últimos años. Esto representa un gran logro para el partido de César Acuña, considerando el poder político que esto representa.  Asimismo, APP tendrá la sartén por el mango al presidir la Comisión de Presupuesto, y a esto se suma la buena relación que el grupo político mantiene con el gobierno de Dina Boluarte. Si bien, APP siempre ha mantenido una buena relación con los gobiernos de turno, la figura política ha cambiado, dado que ahora no solo ofrece el apoyo de su bancada, sino que la presidencia del Parlamento y de la comisión de Presupuesto, los deja en una posición que le supone a sus aliados el respaldo del Bloque Democrático.

Por su parte, la bancada de Acción Popular ha recuperado comisiones importantes como lo son Economía y Transportes. El grupo político está volviendo a tener presencia política, tras sacar de sus filas a los cuestionados congresistas como Darwin Espinoza, Jorge Flores y Luis Cordero. “Los Niños”, esperaron que pase la ola para volver a levantar cabeza, y buscar un borrón y cuenta nueva, que aparentemente les ha resultado.

Los grandes perdedores en esta negociación parlamentaria parecen haber sido Renovación Popular, su facción de disidentes llamada Honor y Democracia, y los grupos de izquierda progresista, cuya única acción política ha sido la división de Juntos por el Perú con una nueva bancada llamada “Bloque Democrático Popular”, orillando a las bancadas de centro derecha a cambiar su autodenominación. En este escenario, solo quedan las victorias pírricas para algunos bloques.

Mesa Directiva: De tensiones y pensiones

Mientras tanto, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha dispuesto la promulgación de cuestionadas normas sobre lesa humanidad y organización criminal, al no haberse pronunciado el Poder Ejecutivo sobre la materia. La iniciativa sobre lesa humanidad, presentada por Fuerza Popular, prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo cual beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori. En tanto, la norma sobre organización criminal, presentada por Perú Libre, obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. Además, indica que la fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos.  La promulgación de ambas normas se da poco después de que el gobierno anunciara que no observaría las autógrafas, alegando que no promueven la impunidad, como había señalado un sector del legislativo. El gobierno prefirió no tomar postura sobre el asunto, y dejar todo en campo del Congreso. Buscan evitar la confrontación ante el escenario de debilidad.

También, la Mesa Directiva acordó, con tres votos a favor y uno en contra, que no se suspenderá la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori. Se dispuso pedir opinión de constitucionalistas y a la Oficina Legal del Congreso para que, en un plazo de 60 días, emita un informe técnico al respecto. El otorgamiento de la pensión a Fujimori se aprobó administrativamente durante la gestión de Alejandro Soto, y fue notificada al propio Alberto Fujimori el pasado 10 de julio. Esta medida ha recibido el rechazo de diversos sectores políticos, pues de acuerdo con la interpretación de algunos constitucionalistas, la legislación peruana establecería que esta pensión queda suspendida en el caso de que el exmandatario haya sido acusado constitucionalmente y luego condenado, como es el caso de Alberto Fujimori. Por su parte, la facción fujimorista alega que, al haber sido indultado, Fujimori tiene derecho a percibir la pensión. La propuesta de suspender el pago fue impulsada por Eduardo Salhuana, presidente del parlamento, quien buscó con esta movida desmarcarse del tema, dejando toda la responsabilidad en las otras bancadas integrantes de la Mesa Directiva. Esta es, sin duda, una muestra del tacto político que va a caracterizar a la gestión del titular del Parlamento.