Le bajaron el dedo

Aprobaron censura:

El Pleno del Congreso aprobó, esta tarde, con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por falta de idoneidad para el cargo. Los votos a favor vinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Cambio Democrático – Voces del Pueblo, Avanza País, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático. Por su parte, Alianza para el Progreso votó de manera dividida, pero, en su mayoría, por la abstención; mientras Somos Perú y Honor y Democracia votaron en contra.

La censura a Santiváñez se concreta luego de que se alargue toda esta semana el debate respecto a su permanencia en el cargo. Como se recuerda, el pasado fin de semana, el asesinato de Paul Flores, músico de la agrupación Armonía 10, víctima de un ataque de extorsionadores, puso los reflectores sobre la gestión del ministro en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. En lo que va del 2025, se han registrado 475 homicidios, principalmente en Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica. Además, solo en enero y febrero de este año, se han reportado 3,841 denuncias por extorsión a nivel nacional. Este delito se ha extendido al transporte público, colegios, bodegas, mercados de abasto y grupos musicales, entre otros sectores más.

En medio de ello, algunos aliados del gobierno comenzaron a desmarcarse públicamente de Santiváñez. Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País emitieron comunicados exigiendo su renuncia. Sin embargo, las señales políticas eran contradictorias y no evidenciaban, con certeza, que fueran a censurar al ministro. La fragmentación en la estrategia de la censura, con 4 mociones presentadas, sugería una falta de intención real de forzar la salida del ministro, así como la convocatoria a un Pleno semipresencial para el debate de las mociones. Además, tras el segundo allanamiento de la Fiscalía a la vivienda del titular del Mininter, algunos grupos salieron en su defensa. Por su parte, la primera vicepresidente del Congreso, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, organizó una reunión este viernes por la mañana con artistas y grupos musicales que convocaron a marchas los viernes 21 y 28 de marzo. Es decir, hasta el último minuto, eran varios los indicios que demostraban el esfuerzo por sostener a Santiváñez en el cargo.  

La permanencia del censurado ministro no respondía, en realidad, a criterios de gestión pública ni a su capacidad para enfrentar la inseguridad, aun cuando la población pedía su salida del cargo por no sentir mejoras sobre esta problemática. El ahora extitular del Interior carecía de la experiencia o credenciales para sostener una lucha estratégica contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana en un contexto como este. Por el contrario, durante su trayectoria previa, ejerció la defensa de policías vinculados a corrupción y organizaciones criminales, lo que siempre le supuso un cuestionamiento. Claramente, Santiváñez ejerció un rol político y en estos 10 meses en el cargo, se convirtió, rápidamente, en un operador clave para Boluarte. El jueves por la noche, la mandataria respaldó al exministro y había pedido al Congreso actuar con “prudencia” y no con un cálculo político. Su salida significa que la presidente y algunos aliados del Congreso pierden a un actor estratégico para sus intereses particulares, aunque este no es el fin de la carrera política del exministro del Interior, quien espera participar en las próximas elecciones.

La configuración de la votación en el Pleno terminó respondiendo a la presión mediática y social y, especialmente, a las duras imágenes que se difunden a través de distintas plataformas, sobre los crímenes en el país, y a las más recientes tragedias que impactan en figuras conocidas y queridas por la población. Para esta tarde se esperan marchas convocadas por artistas a nivel nacional, por lo que la censura es también un intento del Congreso de desinflar las convocatorias y entrar en modo campaña electoral, pues la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población.

Atención desviada:

La presidente Dina Boluarte enfrenta críticas también por la evolución de las denuncias que pesan sobre ella. Algunos medios de comunicación han indicado que el cirujano Mario Cabani, quien operó a la mandataria en 2023, habría empezado a colaborar con las investigaciones luego del audio de la exsecretaria personal de Boluarte sobre las citas médicas. Según la denuncia de Hildebrandt en sus trece, los abogados de la clínica se han presentado ante la Fiscalía con documentos que detallan los registros y detalles de las operaciones.

Las diferentes denuncias que recaen sobre la mandataria podrían cobrar mayor relevancia tras la convocatoria a las Elecciones Generales 2026. En ese sentido, el gobierno busca, no solo minimizar las denuncias sobre Boluarte a través de la victimización, sino desviar la atención a otros temas. La jefe de Estado volvió a referirse sobre la posibilidad de instaurar la pena de muerte en el país para enfrentar la inseguridad ciudadana. “A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, señaló esta semana en un evento de inicio del año escolar. Por su parte, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, señaló que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para restablecer el servicio militar y policial obligatorio en el país. Hay una estrategia del gobierno de desviar la atención de los grandes problemas con discusiones populistas.

Panorama 2026:

El Jurado Nacional de Elecciones informó que se canceló la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculado a Antauro Humala, tras la notificación de la sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia. La agrupación fue declarada ilegal por su conducta antidemocrática. Con ello, Antauro Humala queda, oficialmente, fuera de la posibilidad de participar en las Elecciones Generales de 2026 como candidato presidencial. La salida de carrera electoral del mayor en retiro no significa su desaparición del panorama político. Humala podría continuar con su estrategia dirigida a querer generar tracción hacia el endose que puede asegurar en el Congreso, como ocurrió en 2020. Además, ha señalado que, si se le cierra por completo el camino a la presidencia, intentará llegar al cargo de mayor relevancia que le sea posible, dejando abierta una candidatura en otra instancia. No se descarta que intente forzar una postulación, en línea de su postura antisistema, tratando de generar adhesiones en el ámbito social, que puedan traducirse en votos para sus aliados.

Esta semana, se ha conocido que la alianza con las negociaciones más avanzadas es la de Nuevo Perú, de Verónika Mendoza y Ahora Nación, de Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, a la que se podrían sumar Primero La Gente, de Miguel del Castillo; y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, de Rolando Breña y otros dirigentes de izquierda sindicalista de los 80 y 90. La coalición evidencia el intento de la izquierda de poder gestar una concentración que les permita tener un buen posicionamiento en el plano electoral nacional, aunque su éxito dependerá, también, de la inscripción de otros partidos políticos de izquierda que podrían tener mayor relevancia en el centro o sur del país.

De la derecha, aún no hay mucha claridad respecto a alguna coalición que se vaya a forjar para las Elecciones Generales o, incluso, de las figuras que se perfilan como precandidatos presidenciales, luego de la renuncia del excanciller Javier González-Olaechea al PPC. 

Respecto a las reformas electorales que el Congreso ha ido avanzando, el Pleno aprobó esta semana, y exoneró de segunda votación, el dictamen que propone regular el voto digital. El texto señala que los peruanos podrán votar desde el celular, una tablet, computadora o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet. Al ser facultativo, el voto presencial se mantiene para las personas que así lo decidan. La auditoría de las herramientas digitales para este tipo de votación será realizada por el JNE y la ONPE.

Por último, se promulgó en Edición Extraordinaria, el mismo día de su aprobación en el Pleno y envío como autógrafa, la Ley N.o 32264, Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin de establecer medidas para la simplificación del desarrollo de las Elecciones Generales 2026. Entre las principales modificaciones y disposiciones que dicta para las próximas elecciones, se establece que las elecciones primarias se realizan el último domingo de noviembre de 2025. También dispone un plazo de 120 días para la inscripción de alianzas electorales, previos a la fecha del día de las elecciones primarias, y el cierre del padrón electoral 180 días calendario antes de la fecha de las elecciones. La cédula de votación se presenta en una sola hoja, la que debe seguir el siguiente orden: para la elección del presidente y vicepresidentes de la República: el nombre de la organización, símbolo y fotografía del candidato presidencial; en las elecciones regionales y municipales: el nombre de la organización política y su símbolo.

La expedita promulgación de esta ley evidencia que, a nivel de Parlamento, se ha empezado una negociación en donde tiene mayor relevancia la agenda de las bancadas que los aspectos técnicos en materia electoral. El cronograma electoral preliminar del JNE adelantaba el plazo respecto a las alianzas políticas al 12 de mayo, y en la práctica acortaba los tiempos de negociación de los partidos políticos. Con esta ley, se han asegurado de contar hasta los primeros días de agosto para poder inscribir las alianzas electorales. Finalmente, el Congreso insistió en una tarjeta de votación de una sola hoja, a pesar de las recomendaciones de la ONPE de utilizar dos, con la finalidad de asegurar el arrastre de votos que puedan dar figuras presidenciales o al Senado por la lista nacional. Como ha venido ocurriendo, la legislación electoral se va generando en torno a los intereses de los grupos representados en el parlamento, y no a criterios técnicos de los entes expertos en materia electoral.