JNJ en el limbo

En el limbo, con quórum mínimo:

La crisis en la Junta Nacional de Justicia parece comenzar un nuevo capítulo cada semana. Los suplentes habilitados, Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime de la Puente, declinaron esta semana asumir como miembros titulares de la JNJ. Ello, luego de que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución judicial que reponía a Aldo Vásquez e Inés Tello. Abraham Siles señaló, en la carta enviada al presidente de la Junta, que no estaba dispuesto a asumir una vacante generada de una manera “arbitraria e inconstitucional”; mientras que Rosell y de la Puente optaron por no asumir el cargo aduciendo responsabilidades profesionales. Ambos forman parte del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. El resto de los miembros suplentes supera los 75 años, por lo que no podrían ser convocados a asumir funciones.

El Pleno de la Junta, técnicamente, se queda con el quórum mínimo de 5 miembros para continuar con sus funciones; sin embargo, algunas decisiones claves se podrían frustrar sin la totalidad del Pleno. La audiencia por el caso de la jueza Enma Benavides no se pudo llevar a cabo esta semana luego de que el magistrado Guillermo Thornberry solicitara licencia por salud y no se completó el quórum requerido. Como se recuerda, Thornberry está implicado en las acusaciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

La Comisión de Constitución aprobó por mayoría, en una sesión extraordinaria, el dictamen del proyecto de ley presentado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que no solo los accesitarios sino los otros candidatos que resultaron aprobados en el proceso de selección puedan ser nombrados miembros de la Junta ante alguna imposibilidad o indecisión de asumir el cargo. El dictamen deberá, ahora, ser debatido en el Pleno.  

¿Qué tiene pendiente la JNJ que valga la pena el dictamen exprés de Constitución? Además de sus atribuciones regulares, como la evaluación y ratificación de jueces y fiscales, la actual Junta tiene a su cargo la posible renovación de los jefes de la ONPE y RENIEC, tarea que se dificulta con el quórum mínimo. El Pleno también debe resolver la suspensión que enfrenta Patricia Benavides, cuya defensa ha presentado un recurso para revocar la resolución que la suspendió, de manera preventiva, como fiscal suprema y, por lo tanto, como fiscal de la Nación. Con Thornberry inhibido del caso, no cuentan con el quórum mínimo reglamentario para poder resolver el recurso de la exfiscal de la Nación, cuya probabilidad de destitución, sin Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta, es cada vez más reducida.  

Además, según el cronograma de la propia Junta, el 7 de mayo era la fecha límite para que se decida si se ratificaba o no a los actuales jefes de la ONPE y el RENIEC, Piero Corvetto y Carmen Velarde, quienes no son del agrado de la mayoría del Parlamento. Para ser ratificados, necesitan 5 votos a favor, por lo que estos procesos también podrían peligrar.

Pero el drama con la JNJ no acaba ahí. Inés Tello presentó un recurso de reposición para ser restituida como miembro de la Junta, argumentando que la decisión del Tribunal Constitucional, cuya resolución ha calificado de “exprés”, afecta su derecho constitucional a ejercer el cargo y tener un debido proceso. El enfrentamiento institucional JNJ – Ministerio Público – Congreso todavía no culmina.  

Demora en delegación y “exceso verbal”:

La delegación de facultades que se aprobó la semana pasada en sesión del Consejo de Ministros, con cargo a redacción, aún continúa en elaboración por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF estaría revisando los puntos que se incluirán respecto a la reactivación económica; mientras el resto de las carteras también está buscando complementar el pedido con los temas de preocupación sectorial, por lo que habría una demora en la presentación del documento final al Congreso de la República.

Si bien, como hemos mencionado, otros actores parecerían estar enfrascados en un enfrentamiento institucional, el Ejecutivo parecería tener una pugna intrainstitucional. El ministro de Economía, José Arista, había señalado, a inicios de esta semana, que el Gobierno de Boluarte no tenía la fuerza suficiente frente al Congreso para generar un balance político: “Definitivamente, es un gobierno débil”. Ello, al ser consultado por la rebaja de calificación del país por la agencia S&P. La presidenta Boluarte refutó estas declaraciones y consideró que son un gobierno “sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político”. Los aliados de la presidenta también salieron a defenderla. El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, consideró que lo ocurrido con Arista fue un “exceso verbal”; mientras que, para el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, el ministro “pecó de honesto y desleal”.

Arista expresó sus disculpas a la presidenta Boluarte, en Consejo de Ministros, pero lo cierto es que sus declaraciones son contradictorias. Por un lado, el ministro de Economía señala que el gobierno busca recuperar la confianza de los inversionistas privados; mientras que, por otro lado, cuestiona de manera pública la fortaleza del gobierno de Boluarte, palabras que en boca de un ministro de economía son una enérgica señal negativa para cualquier posible inversionista. Para Palacio de Gobierno, Arista tendría una línea de actuación independiente y separada del Ejecutivo, lo que no estaría siendo bien percibido.  

Inició la reforma electoral:

Luego de un mes de haberse oficializado el retorno a la bicameralidad en el Perú, la comisión de Constitución del Congreso de la República, inició con el debate de las reformas de la ley electoral de cara a los próximos procesos.

El primer dictamen aprobado por el grupo de Trabajo presidido por la fujimorista Martha Moyano, se basa en seis iniciativas presentadas por el Jurado Nacional de Elecciones, y establece, entre otros cambios, uno relevante, que es la reducción del plazo mínimo de afiliación para participar en las primarias de las Elecciones Generales y Regionales y Municipales de 2026, pues ahora será de 6 meses, y ya no de 1 año.

Esta decisión favorece a las agrupaciones políticas, ya que les da un mayor margen de tiempo para buscar candidatos, formar alianzas y sumar a sus filas a un mayor número de afiliados, ya que con dos procesos electorales el mismo año, para todos se ha vuelto un reto conseguir candidatos que se adecúen a los intereses de los partidos.

Por ahora, sigue pendiente en la agenda del Pleno la propuesta que busca ampliar los impedimentos para postular a cargos de elección popular a condenados por asesinato, secuestro y otros delitos. Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso son las bancadas que vienen impulsando la votación de esta iniciativa, sin embargo, siguen a la espera de que se presente el texto sustitutorio que quedó en manos de Moyano. La larga lista de delitos que se quieren incorporar a la propuesta ha generado dudas en un número importante de parlamentarios, que podría ver complicadas sus intenciones de buscar la reelección o algún cargo regional o municipal.