Inicio de 2025 para el gobierno

¿Cómo empieza el año el gobierno?:

La presidente Dina Boluarte empieza el 2025 evaluando una posible renovación al Gabinete Ministerial. Por un lado, están los ministros cuestionados por su desempeño en las carteras que lideran, como es el caso de los titulares del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social, Juan José Santiváñez y Julio Demartini, respectivamente. La mandataria continuará exponiéndose en tanto siga respaldando a funcionarios que acumulan críticas y denuncias cada semana. Por otro lado, están los ministros que no terminaron de posicionarse con Boluarte, como el premier, Gustavo Adrianzén, a quien se le consideró desde un inicio como una designación temporal y ha durado más de lo esperado. También, en este grupo, está el titular de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha mantenido una actuación muy independiente del resto del gobierno y sobre quien pesan cuestionamientos de parte de las autoridades subnacionales, al punto de haber pedido su salida, directamente a la presidente, tras la aprobación del Presupuesto 2025. Dado que el Congreso aprobó la salida del país de Boluarte para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial, del 20 al 24 de enero, lo más probable es que el cambio en el MEF se realice antes de dicho viaje. Asimismo, en este bolo de posibles cambios está la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, quien no logró sumarse al entorno cercano de la mandataria.

La presidente también enfrenta cuestionamientos ante la demora en la promulgación u observación de la ley que reestablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. El gobierno no ha podido precisar el motivo de la espera, en un contexto en el que personas vinculadas a la jefe de Estado se han visto beneficiados por el retraso. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que, de vencerse el plazo de la autógrafa, y si esta no es publicada, se realizaría la promulgación de manera inmediata. Boluarte continúa con su estrategia de comunicación basada en evadir a la prensa y los periodistas, y apostando por una agenda cargada de actividades de poca relevancia, pensadas en la fotografía, como supervisar, desde un helicóptero, las acciones de limpieza y descolmatación en las quebradas, y sobrevolar zonas afectadas por las lluvias de las últimas semanas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, de Podemos Perú, está decidido a continuar investigando las múltiples denuncias que recaen sobre Boluarte. En el Congreso se ha vuelto a comentar el escenario de una posible suspensión a la mandataria a partir de julio. Para concretar esta medida, el Pleno del Congreso solo necesitaría 66 votos a favor, en lugar de los 87 que se deben obtener para aprobar una vacancia.

Además de las ideologías, el Parlamento se encuentra fragmentado en grupos con intereses políticos distintos. Uno de estos, que sostiene a Boluarte, lo integra Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, y parte de Somos Perú. Es un sector que prefiere mantener el status quo hasta el próximo proceso electoral pues tiene a un gobierno funcional a sus intereses. En este grupo, aunque el discurso sea otro, podría considerarse a Perú Libre, aliado de estas bancadas, y que ve en la permanencia de la mandataria un espacio para proteger a su líder, Vladimir Cerrón, y poder continuar con su discurso populista atacando las políticas de Boluarte, alejadas del plan de gobierno impulsado por este partido en 2021. Luego está el sector que, si obtiene mayor poder en el Parlamento, podría buscar reemplazarla, usando para ello los cuestionamientos a su gestión, entre los que están congresistas de Honor y Democracia, Avanza País y Renovación Popular. Un tercer grupo, compuesto por Podemos Perú, el Bloque Magisterial y Acción Popular, aprovecha la debilidad del gobierno para negociar sus temas de interés y que, si no les va bien, retoma los ataques y amenazas. El último grupo, más pequeño, es el que ha considerado vacar a la presidente desde el inicio de su gestión, como Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, bancadas de izquierda que fueron aliadas de Pedro Castillo durante su gobierno.   

Boluarte deberá continuar dialogando y negociando con, por lo menos, los tres primeros sectores del Congreso señalados para que el escenario de una suspensión no cobre mayor relevancia luego de la convocatoria de las Elecciones Generales de 2026 el próximo abril.

Enfrentamiento adelantado:

El comienzo del año ha significado también un adelanto de la próxima campaña electoral. Si bien es natural y recurrente que haya enfrentamientos y confrontaciones entre los candidatos, especialmente entre los de un mismo sector, esto se ha anticipado dadas las denuncias contra el Parlamento, de la que todos los grupos quieren deslindar y señalar a otros como responsables.

La centroderecha empezó con pugnas y puyas que trascienden del Congreso y se trasladan al campo electoral, como es evidente con las declaraciones que se lanzan los representantes de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, principalmente. La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, señaló en la Comisión de Fiscalización que existe una repartición de cargos en el Congreso de la República entre el ‘fujimorismo’ y el ‘acuñismo’, en donde prevalece el carné partidario antes que la capacidad de los contratados. Fuera del Parlamento, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha mostrado a favor de una censura al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

El problema con esta prematura pelea, especialmente para la derecha, es que refuerza la fragmentación del voto beneficiando a la izquierda. Mientras que la derecha necesita de una alianza o pocos candidatos para no dispersar las preferencias electorales, en los últimos procesos, sin hacer mucho esfuerzo, la izquierda, con un candidato con ideas radicales y un discurso anti-establishment, ha logrado encausar de mejor manera su respaldo hacia una misma candidatura. Aunque los resultados de cada elección generen sorpresas respecto de los nombres, el perfil del votante peruano es bastante predecible, y se asemeja a las votaciones previas. Esto es algo en lo que la derecha no ha reparado, por un afán de protagonismo entre las figuras de los distintos partidos.

Moción de censura:

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, apareció en conferencia de prensa este jueves, tras adelantar su retorno de China. Ello no impidió que congresistas de diversas bancadas presenten una moción de censura en su contra. Son varios los parlamentarios que han criticado las primeras acciones adoptadas por Salhuana tras la denuncia de una presunta red de proxenetismo al interior del Parlamento.

Ciertamente, a Salhuana le juega a favor el receso parlamentario, que podría enfriar la moción de censura, pero habría cometido un error en lo que se podría considerar su principal atributo: el manejo político. El titular del Parlamento no midió el impacto del desarrollo de la denuncia o el ánimo de revancha de otros grupos, como Podemos Perú que preside la Comisión de Fiscalización, y mucho menos el aprovechamiento político, en año preelectoral, de los rivales de su partido.  

La insistencia en el viaje a China, por algo que parecería un interés propio, como el impulso de su iniciativa sobre Zonas Económicas Especiales, le podría jugar en contra, tanto a Salhuana como a Alianza para el Progreso, aun cuando la censura no tendría los votos todavía. Lo que ha quedado demostrado es que el líder del partido, César Acuña, será siempre el primero en cubrirse sus espaldas, incluso si tiene que pasar por sobre sus principales aliados. En una actividad oficial, Acuña señaló que él no hubiera viajado a China “porque es darle la espalda al país”, aun cuando su gestión como gobernador se caracteriza, precisamente, por realizar viajes constantes al exterior. El líder de APP demuestra, una vez más, que no es un líder de confianza, y que su juego político es personal.

Restitución al financiamiento privado:

La Comisión Permanente aprobó, en segunda votación el texto sustitutorio que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas y dicta disposiciones para el empleo del financiamiento público. Las personas jurídicas con fines de lucro podrán hacer aportes a los partidos políticos con un límite anual equivalente a 200 UIT por aportante para cada organización. Además, no se podrá contribuir más de 500 UIT por aportante al año, sin importar el número de organizaciones políticas a las que se contribuya. El texto establece que todo aporte privado en dinero que supere el 25% de una UIT se realizará a través de Entidades del Sistema Financiero y que las personas naturales y jurídicas podrán hacer contribuciones hasta por el 40% del límite mediante depósitos o transferencias confidenciales en el Banco de la Nación.

El siguiente paso es el envío de la autógrafa al Ejecutivo, que deberá definir si la promulga u observa, aunque el gobierno de Boluarte no ha realizado observaciones a normas electorales.  

La norma representa riesgos y oportunidades. Por un lado, el principal riesgo es que habrá organizaciones políticas que no podrían no recibir aportes de empresas reconocidas. Varios de estos partidos, además, han sido vinculados a economías ilegales, lo que les daría pie a iniciar una contra campaña contra algunos aportantes, o argumentar que se encuentran en una contienda desigual. En este caso, las personas jurídicas deberán prever planes efectivos de comunicación en el supuesto de que sus aportes sean expuestos, así como para evitar suspicacias en caso de resultar elegidos los candidatos a los que apoyaron, sea en el gobierno o el parlamento.

Por otro lado, la restitución del financiamiento privado a partidos abre una ventana de reivindicación tras lo sucedido en campañas electorales pasadas con aportes que han sido cuestionados e, incluso, considerados ilícitos. La prohibición de contribución de personas jurídicas con fines de lucro solo supuso un escenario favorable para las economías ilegales, que han tenido cada vez mayor alcance en el Congreso. La oportunidad implica una responsabilidad que deberá ser meditada por cada contribuyente, pues tampoco debería suponer un cheque en blanco.

¿Confrontaciones o defensa institucional?:

La Fiscalía de la Nación presentó esta semana una denuncia constitucional contra seis congresistas de la República, acusados de presunto peculado doloso. Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zeballos y Diego Bazán, están siendo investigados por utilizar, presuntamente, recursos públicos de manera irregular. Esto se da porque los parlamentarios en mención viajaron a Trujillo, usando fondos públicos, para celebrar el cumpleaños de Bazán. La denuncia, que también contempla a Rosangella Barbarán, quien no llegó a viajar, pero sí a comprar los pasajes, ha sido catalogada como exagerada en el Parlamento. Los congresistas han señalado que sí realizaron actividades de representación y que el viaje, pagado por el Congreso, está justificado. Sin embargo, lo que queda para el debate, fuera de la presunta falta que será investigada en sede fiscal, es la poca capacidad política de los parlamentarios para involucrarse en una denuncia por un hecho como este, que podría resolverse de manera simple. En este Congreso, lo que menos ha importado desde 2021, es salvaguardar la imagen de la institución, que siendo un pilar clave para nuestra vida democrática, se ve mellada y minimizada por la ciudadanía, profundizando la crisis que ya atravesaba por períodos pasados.

Las declaraciones de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, evidencian que se mantiene el escenario de confrontación institucional que predominó entre 2023 y 2024, apelando a una defensa de la institucionalidad del Ministerio Público. Espinoza, quien presentado dos demandas de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso, señaló que estaban frente a una campaña de promulgación de leyes arbitrarias e inconstitucionales que interfieren con la labora fiscal y compromete la autonomía del Ministerio Público. La fiscal de la Nación ya se había pronunciado a finales del año pasado para expresar su desacuerdo con el Presupuesto 2025 para la institución: “Quieren ahogar al Ministerio Público, de a pocos, por eso no le han dado el presupuesto que necesita”.