Golpe difícil de absorber

Recular tras el rechazo:

El Pleno del Congreso rechazó, con 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones, el permiso de salida del país de la presidente Dina Boluarte para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la primera denegatoria de salida del país para Boluarte. El golpe no ha sido fácil de absorber y ha generado un gran malestar en el gobierno que, como es costumbre, no ha sabido lidiar con la crisis.

Los votos en contra vinieron de las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático. Los congresistas que votaron en contra y participaron en el debate del Pleno exigieron a la mandataria que se enfoque en los incendios forestales de la Amazonía. No sorprende la posición de bancadas que se consideran oposición al gobierno. La sorpresa, esta vez, es la negativa de Avanza País y Renovación Popular. Estas últimas están tomando, cada vez con mayor frecuencia, una posición de confrontación con el Ejecutivo. La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, pidió al gobierno de Boluarte no hostigar a su bancada, señalando que “fue un acoso terrible de coordinadores y articuladores de diferentes ministerios hacia legisladores, para cambiar el voto sobre el viaje de la presidenta”. El Ejecutivo ha quedado en una posición sensible con grupos que podrían ser aliados, pero han tomado a mal las presiones de parte de funcionarios del gobierno.

Los votos a favor vinieron, en su mayoría, de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, aliados naturales del gobierno. El congresista Alex Paredes, de la bancada Bloque Magisterial, pero afiliado a Somos Perú, presentó una reconsideración a la votación. El escenario era difícil para el gobierno, pues necesitaba 66 votos para aprobar la reconsideración en el Pleno. Boluarte agradeció a Paredes por este pedido, pero solicitó que sea retirado. Para la mandataria, el resultado reflejaba la prevalencia de intereses personales de algunos congresistas y pidió, al pueblo peruano, no dejarse influenciar por cálculos políticos.

La realidad es que, a pesar del arduo intento, el Ejecutivo no contaba con los votos para revertir la situación. Dio por sentado que la buena relación que tiene con algunas bancadas se trasladaría a todo el Parlamento. El Ejecutivo tampoco distinguiría que esta relación es de conveniencia y no por convicción. Cada asunto a favor del gobierno es un cheque en blanco del Ejecutivo, al que el Congreso le pone un precio al momento de negociar. Después de todo, quien marca la agenda en el país es el Poder Legislativo.  

El otro factor que se sumó a este desfavorable escenario es el inadecuado manejo de la narrativa de las acciones del gobierno sobre los incendios forestales. Si bien el tema podía sonar alarmante, los incendios estaban extinguidos en un 90% a nivel nacional, como lo indicó el MINDEF. La respuesta técnica parece haber sido adecuada por parte del Ejecutivo, pero la respuesta política y comunicacional fue desacertada. La declaratoria del Estado de Emergencia, a pesar de que el premier indicó que no era necesaria, fue reactiva, políticamente tardía y contradictoria, más bien motivada por el pedido de los congresistas que votaron en contra al pedido de salida. La imagen de la mandataria, además, recorriendo la zona de los incendios fue muy superficial. Era la oportunidad para que Boluarte, el premier o el titular de Defensa lideren el despliegue de equipos del INDECI, coordinen con otras autoridades, entre otras acciones más que den a entender que están valorando la emergencia y actuando en respuesta a ello. La falta de liderazgo es cada vez más evidente en el gobierno.

Otras complicaciones:

La trama en torno al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, representa también un riesgo para el gobierno. El ministro es investigado, de manera preliminar, por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias. A Santiváñez se le atribuyen supuestos actos destinados a obstaculizar la investigación contra el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte y por la desactivación de la DIVIAC, que apoyaba al EFICCOP. El ministro del Interior viene rechazando las acusaciones en su contra y ha amenazado a los periodistas que aseguran que es uno de los interlocutores en los audios difundidos con el agente ‘Culebra’.

La trama de Santiváñez va develando el aparente respaldo del gobierno a Vladimir Cerrón para que continúe prófugo de la justicia. En junio pasado se difundieron audios y chats atribuidos al MININTER sobre el presunto pedido de la mandataria para cerrar la DIVIAC y la protección al secretario general de Perú Libre. Esta semana, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, afirmó ante la Comisión de Fiscalización de Congreso que el vehículo asignado a la mandataria estuvo en la zona de Asia donde la Policía buscaba a Cerrón. Hasta el momento, la PNP ha desarrollado más de 50 operativos para dar con el paradero del líder de Perú Libre, sin éxito. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, tampoco ha podido aclarar la situación del ‘cofre’ el día del operativo contra Cerrón.  

El material probatorio que se va sumando contra el titular del Interior también estaría generando ruido en el Gabinete Ministerial, pues su situación se va haciendo insostenible. A la externa, otros actores están optando por desmarcar cualquier posible nexo o reunión con el ministro. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dio a conocer que recibió una llamada telefónica de una intermediaria que buscaba concretar una reunión “de carácter privado” con Santiváñez. Burgos ha pedido al ministro, de manera pública, que toda comunicación se realice a través de los canales formales. El titular del Interior deberá presentarse ante el Pleno el 2 de octubre, para informar sobre los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y la falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana.

Panorama 2026:

El panorama para el próximo proceso electoral continuará movido para los partidos políticos en el futuro inmediato. El partido Avanza País continúa con bajas, tras la renuncia del alcalde de Surco, Carlos Bruce. La congresista Patricia Chirinos deja el partido, aunque, de momento, continuará en la bancada. El detonante para la salida de Chirinos sería la incorporación del excongresista Paul García, con quien trasciende una enemistad cuando ambos han sido opositores en elecciones pasadas en el Callao. El tiempo, en lugar de curar las heridas, habría exacerbado esta animadversión. Chirinos estaría negociando su incorporación a otra agrupación política.

El futuro de la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, también luce incierto. La congresista, quien se mantiene como no agrupada desde hace más de un año, se ha negado a reincorporarse a la bancada de Acción Popular. Una eventual expulsión del partido podría dejar a Alva fuera del proceso electoral de 2026 con el partido de la lampa, a menos que considere postular como invitada en otra agrupación política.

Por último, el empresario Carlos Añaños habría renunciado a una eventual candidatura presidencial con Perú Moderno, por discrepancias internas con el fundador del partido, Wilson Aragón. El desacuerdo a la interna del partido se habría originado, según ha reconocido el propio Aragón, por “los nuevos personajes que se incorporaron y los antiguos dirigentes que se sienten desplazados”, pero que el hecho estaría en camino a ser superado. La exprocuradora Julia Príncipe, presidente de la Comisión Política Nacional de Perú Moderno, ha observado a recomendados por Aragón por tener procesos judiciales abiertos, incomodando al líder del partido. Con la renuncia de Añaños se caería la opción de sumar al partido a Carlos Bruce, pues se barajaba a ambos como dueto para 2026: Añaños en la plancha presidencial y Bruce para la alcaldía de Lima. La renuncia del empresario solo ha reconfirmado su débil posicionamiento político, pues además de que su candidatura fue lanzada con demasiada anticipación, la elección del partido con el que podría haber postulado también fue errónea. Perú Moderno es, en la práctica, un partido familiar, donde Aragón y compañía tienen la última palabra, y en la que ceder tanto poder a Añaños y sus aliados resultaba imposible.

El caso de Perú Moderno y Añaños deberá servir de lección para las demás agrupaciones. Los vientres de alquiler tienen un alto riesgo, y el lanzar candidaturas de manera tan prematura termina por exponer en demasía a los candidatos. En lo que resta hasta las elecciones primarias, por lo menos, los partidos deberán aprender a sobrellevar y/o resolver las rencillas internas para poder tener un buen inicio de carrera electoral el siguiente año. De lo contrario, la competencia, para muchos, terminará antes de empezar.