¿Gobierno complementario?
De gobierno transitorio a complementario:
Cumplidos los primeros seis meses de gobierno, desde el Poder Ejecutivo la idea de un posible adelanto de elecciones ha sido encarpetada. Pasada la crisis social, y con la ciudadanía enfocada en sus problemas cotidianos y la crisis económica, sin líderes opositores con capacidad de convocatoria y sumado a un Congreso altamente fraccionado y sin voluntad de dar un paso al costado, el gobierno de Boluarte y Otárola ha dejado de lado, al menos por ahora, la idea de recortar su período. Esto se ha visto remarcado con la salida del ahora exministro de Justicia, José Tello, principal promotor de la reforma para convocar a elecciones en 2024.
A pesar de algunos esfuerzos de la izquierda progresista y sus aliados extremistas en regiones, por intentar movilizar a distintos grupos, incluso con financiamiento de fuentes sospechosas de ilícitos, la problemática social, los fenómenos climatológicos, el incremento de casos de dengue, la inflación y el desempleo abarcan la atención de la ciudadanía, que prefiere dar solución a estas situaciones antes que adentrarse en asuntos políticos. Su último intento ha sido el promover el izamiento y colocación de banderas negras durante el 7 de junio (Día de la Bandera) en algunas plazas, teniendo efecto solo en el centro de Puno con un grupo reducido de manifestantes. Esta coyuntura calza perfecto con los intereses de los grupos parlamentarios por no recortar su período, al menos mientras la derecha presida la Mesa Directiva. Esto le otorga cierta tranquilidad, por el momento, a Boluarte.
Sin embargo, en un país con una dinámica tan cambiante, existen factores que hoy pueden generar desatención de la población en los asuntos políticos, pero que, si no son atendidos y resueltos de manera efectiva y en el corto plazo, pueden convertirse en un problema mayor para la mandataria, cuya desaprobación supera el 70%.
La situación económica no muestra mejoras significativas, mientras que la gestión de la emergencia por dengue en el norte del país apenas va encontrando rumbo, cuando ya cobró más de doscientas víctimas, y con la ministra de Salud pronta a ser interpelada por el Congreso sin que se descarte una censura, mientras va de tumbo en tumbo, formando Comisiones de Expertos que debe desactivar a las semanas por críticas externas con tinte político más que con sustento técnico.
Una próxima Mesa Directiva del Congreso con liderazgo o mayoría de grupos de izquierda, podría variar la actual composición y correlación de fuerzas, buscando cambios en el Poder Ejecutivo.
Por ahora, las interpelaciones están a la orden del día. El último ministro en pasar por el Pleno del Congreso fue el titular de Energía y Minas, Óscar Vera, quien tuvo que responder al pliego interpelatorio que aprobaron los parlamentarios. Horas más tarde, se decidió aprobar la moción para interpelar al titular de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, dados los cuestionamientos en su contra, por presuntamente estar vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Deberá asistir a responder en la sesión plenaria del 15 de junio.
A ello se suma que el gobierno ha declarado Estado de Emergencia en distintas regiones del país ante el inminente riesgo de enfrentar los estragos del Fenómeno El Niño Global, a fin de articular una estrategia de prevención y respuesta junto a los gobiernos regionales y locales.
Precisamente en esta última línea, Dina Boluarte está enfocada en mejorar su relación con los gobernadores regionales y alcaldes. De momento, ha tenido buenos resultados, pues en zonas como Puno y Cusco, que le habían sido reacias, ha encontrado espacios de diálogo y ha logrado que las autoridades se enfoquen en la coordinación con el gobierno central a fin de atender distintos problemas. Sin duda, esto le ha dado un respiro, pues los propios gobernadores han rechazado nuevos intentos de paros y bloqueos.
Fin de legislatura e inicio de las negociaciones:
Mientras el gobierno continúa enfocado en resolver distintas crisis internas y externas, el Congreso, en contraposición a lo que dicen las encuestas, se ha empoderado. Los congresistas sienten que luego de superar la avalancha del “Nos vamos todos”, son pocas cosas las que pueden frenarlos. Ya han elegido a Josué Gutiérrez, exasesor de Perú Libre, como Defensor del Pueblo; han blindado nuevamente a ‘Los Niños’ de Acción Popular; han insistido en la contrarreforma universitaria, están dilatando las denuncias contra los “mochasueldos”, y ahora se alistan para nombrar al séptimo magistrado del Tribunal Constitucional, y plantear algunas reformas referidas a la Contraloría y los organismos del sistema electoral.
Además, y tal vez lo más relevante, es que indistintamente de la bancada, han alcanzado un mejor posicionamiento de cara al gobierno, al que han limitado en distintos sentidos. El Poder Ejecutivo se muestra temeroso ante cualquier señalamiento desde el Congreso. Ha preferido promulgar normas como la llamada “Ley 5 millas” o la reforma que le permite al Congreso nombrar a su propio Procurador, aun cuando los informes técnicos de los ministerios sugerían la observación, solo para evitar confrontar. Incluso, el hecho de haber observado la autógrafa que proponía declarar feriado el 7 de junio por el Día de la Bandera, ha sido mal tomado por varios congresistas, al punto que la insistencia de la norma, sin haber pasado nuevamente por comisiones, fue aprobada con 105 votos a favor y solo 3 abstenciones. Un mensaje directo a la presidenta y los ministros que impulsaron la observación.
Para que exista equilibrio de poderes, no solo es importante contar con normas que garanticen ese balance, sino con autoridades capaces de hacer respetar esta premisa. Al parecer, el gobierno ha cedido en dicha tarea para no chocar con sus aliados.
Respecto de la ley que permite al parlamento nombrar directamente al Procurador de dicha institución, se han despertado distintas alertas sobre una posible vulneración a la independencia y autonomía que necesita un funcionario de este tipo. Ante ello, Daniel Soria, repuesto Procurador General del Estado, ha señalado que iniciará acciones legales para buscar la derogatoria de dicho dispositivo legal. La postura de Soria respecto del Congreso no es la mejor, pues cuando fue removido del cargo por Pedro Castillo, no encontró ningún tipo de soporte desde este poder del Estado, donde más bien fue criticado por su presunta cercanía al gobierno de Martín Vizcarra, en el que fue nombrado en medio de algunos cuestionamientos por, aparentemente, no cumplir con el perfil exigido para el cargo.
En la última sesión Plenaria fuimos testigos de nuevos momentos de tensión, idas y vueltas, traiciones y emociones a flor de piel. Los debates para el retorno de la Bicameralidad y la llamada Ley Mordaza fueron los que más acusaciones y enfrentamientos generaron.
El proyecto sobre la bicameralidad fue “resucitado” luego de 11 meses de presentada la reconsideración, dado que el bloque promotor contaba con los 87 votos necesarios para evitar el referéndum. Sin embargo, al momento de votar el nuevo texto, algunos parlamentarios cambiaron de parecer o desaparecieron. El resultado final fue de 86 votos a favor, tras varios intentos de algunos parlamentarios por convencer a sus colegas de cambiar sus votos en contra o abstención a verde. Esto generó una nueva reconsideración que fue aprobada por 82 parlamentarios. Por ahora, el texto se encuentra en cuarto intermedio y las bancadas que lo promueven continúan con su ronda de negociación.
Precisamente, sobre estos diálogos, Patricia Juárez se encargó de evidenciar cómo se tratan los temas en el Congreso al momento del debate de la llamada “Ley Mordaza”. La vocera del fujimorismo señaló que desde la izquierda les pidieron apoyar esta norma a cambio de que ellos respalden el restablecimiento de la bicameralidad. Si bien no es un hecho que sorprenda, al interior del Parlamento existen dudas sobre el comportamiento que sostendrá el otrora bloque oficialista del lápiz, tras las negociaciones que colocaron a Josué Gutiérrez a la cabeza de la Defensoría del Pueblo. El fujimorismo ha recibido críticas de otras bancadas de derecha que consideran que aliarse con el grupo izquierdista no fue buena idea, pues serán traicionados en momentos claves como el del pasado Pleno.
Más reacomodos y fragmentación:
Mientras tanto, las movidas y reacomodos continúan, generando una absoluta desconfiguración de lo que fue el voto de la población en las elecciones de 2021. Por ejemplo, la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, que inicialmente tenía 5 integrantes, ha llegado a 10, luego de sumar a los miembros de la desaparecida bancada Perú Democrático, liderada por Guillermo Bermejo, y recientemente a la congresista Susel Paredes, quien ha asegurado que sus nuevos compañeros respetarán sus votos de conciencia. Esdras Medina, quien no habría obtenido respaldo de Somos Perú para ser el candidato de este grupo a la Mesa Directiva, ha renunciado al bloque parlamentario para buscar su tercera bancada.
Esto solo reconfirma que en el Parlamento priman los intereses personales por sobre las convicciones, pues a pesar de que la exfuncionaria municipal es una militante de izquierda de larga data, su adhesión a un bloque parlamentario a estas alturas solo le permite asegurar lugares en comisiones, y por qué no, su participación en espacios importantes como la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente o, incluso, la Mesa Directiva.
Es altamente probable que en los próximos días continúe el reacomodo de los parlamentarios, especialmente de los no agrupados. A solo una semana de concluir la legislatura, está pendiente de que se oficialice una posible ampliación hasta el 23 de este mes, para luego proseguir con la semana de representación correspondiente a junio, tras la que las negociaciones para la Mesa Directiva se darán en medio de las sesiones de la Comisión Permanente durante todo julio. Determinar alianzas o posibles resultados parece pronto en un ambiente tan agitado como el del Parlamento, donde los personalismos priman por sobre el interés colectivo.
En búsqueda del posicionamiento regional
En cuanto al ámbito internacional, el gobierno está enfocado en buscar aliados regionales y en explicar lo ocurrido en Perú tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. El convencimiento en el Ejecutivo es que esa tarea debe ser liderada por la mandataria, pues no surte el mismo efecto cuando son el premier o la canciller quienes acuden a estas reuniones. Por ello, están a la espera de que el Congreso apruebe en segunda votación, la próxima semana, la norma que le permita a la mandataria gobernar de manera remota desde el exterior, luego de que el dictamen obtuviese 68 votos a favor en el Pleno del último jueves 8 de junio. El siguiente evento importante es la Asamblea General de la OEA que se desarrollará del 21 al 23 de junio en Washington. En este evento, la Canciller Gervasi brindará un cóctel de bienvenida a todos los asistentes el miércoles 21 desde las 6:00 p.m.
El último informe de la CIDH y la reciente Reunión de presidentes de Sudamérica en Brasil, han favorecido al gobierno y han mellado la narrativa de López Obrador y Petro sobre un supuesto golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. A pesar de ello, ambos mandatarios insisten en su discurso.
En el caso de Colombia, el izquierdista Petro ha denunciado un intento de destitución en su contra y se ha comparado con el detenido expresidente peruano, en una clara demostración de que su defensa hacia este no tenía un tinte ideológico o partía desde la empatía, sino que es más bien una utilización política. El mandatario colombiano promueve una historia falsa del golpe de Estado ocurrido en Perú, buscando instalar un discurso que le permite victimizarse ante las presuntas irregularidades que se han reportado en su entorno recientemente.
Por otro lado, en México, Marcelo Ebrard, canciller, ha anunciado su renuncia al cargo para tentar la representación de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, generando incógnita sobre su remplazo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una disyuntiva, pues si bien Ebrard es una persona de su entera confianza, otra figura que alza vuelo para la carrera presidencial es Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien también integra el círculo cercano del mandatario.
Este enfrentamiento entre los dos alfiles de AMLO ya ha despertado algunos roces entre los precandidatos respecto de la forma en que se elegirá al candidato del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). A ellos se ha sumado el senador Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista, aliado del gobierno, quien espera convertirse en la sorpresa de elección interna.
En este contexto, los dos “aliados” más importantes que ha tenido Castillo empiezan a enfocarse en asuntos internos, intentando mantenerse en el poder, por lo que es probable que esto los distraiga y evite la continuidad de la “peruanización” de sus discursos.