Gobierno bajo la lupa del Ministerio Público.
Equipo Especial:
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la creación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Marita Barreto, la fiscal provincial para casos de Lavado de Activos, quien además estuvo a cargo de la investigación del Caso Orellana, fue designada como la encargada de liderar el nuevo equipo que se dedicará a investigar los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado de activos y conexos realizados en ejercicio del poder obtenido por elección popular o designación.
De esta manera, la fiscal de la Nación demuestra que está dispuesta a liderar el Ministerio Público en un contexto complejo en el que hay cada vez más denuncias de indicios de corrupción en diversas áreas del aparato estatal y en el entorno del presidente Castillo.
En esa línea, el exprocurador César Azabache, considera que, si se demuestra que el presidente es el eje principal en el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes, Juan Silva; el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco; y su sobrino, Fray Vásquez, siendo que estos dos últimos llevan más de 100 días prófugos de la justicia, la fiscalía debería pedir la suspensión de Castillo como presidente ante la Corte Suprema por interferencia en las investigaciones en curso. Aunque inicialmente esta suspensión sería una cuestión procesal, la repercusión constitucional es que, finalmente, el mandatario podría ser suspendido en el Congreso de la República. Sin duda, es otra posibilidad que abriría una salida a una precaria crisis que ya no tendría de dónde sostenerse.
Helipuerto a la medida para la familia presidencial:
El pasado fin de semana, se reveló que el presidente Castillo habría dispuesto la construcción de un helipuerto informal un terreno cercano a la casa de sus padres, en Tacabamba – Chota. No solo esta construcción no ha sido declarada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que, según los vecinos, se habría realizado con maquinaria de la Municipalidad de Tacabamba. La Fiscalía Provincial Contra la Corrupción de Funcionarios de Cajamarca evalúa si en este caso se ha incurrido en el presunto delito de peculado.
Este termina siendo un caso más que denota no solo la falta de transparencia del actual gobierno, sobre el que recae un manto de sospechas amplio, sino un accionar delictivo. Aunque el presidente solo ha regresado a Cajamarca en un puñado de oportunidades este año, este helipuerto beneficiaría a su familia con un espacio de aterrizaje exprés.
Sobre su entorno familiar, la fiscalía ha citado a la primera dama, Lilia Paredes, y a su hermana, Yenifer Paredes, luego que Cuarto Poder, difundiera un video en el que Yenifer Paredes, junto al gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción, ofreciera la construcción de una obra de saneamiento en una comunidad en Cajamarca. El gerente de la empresa, Jhony Espino, registra una reunión con la primera dama, según el libro de visitas de Palacio de Gobierno. Sería evidente que hay una manera de ejecutar del actual gobierno que es paralela a los órganos institucionales.
Nuevo vocero político para Castillo:
Esta semana, el presidente Castillo tomó juramento a Mariano González Fernández como ministro del Interior. El nombramiento de González Fernández, quien lideró por unos meses la cartera de Defensa en 2016 sin logros que resaltar, podría entenderse como un favor político. Ciertamente, González no contaría con el perfil esencial para liderar un ministerio sensible en estos momentos, que debe liderar la captura del entorno de Castillo sino reclamos de la ciudadanía en materia de inseguridad.
¿Qué papel se encargará de cumplir el nuevo ministro del Interior? La falta de perfil para el cargo, que va en la línea de otros nombramientos que carecen de requisitos, solo podría entender como un deseo de perfilamiento político por parte de González Fernández. Es decir, estaríamos ante otro vocero de Castillo, otra réplica de Alejandro Salas que preferiría ponerse el chaleco antibalas para defender al presidente de los ataques y críticas que preocuparse por el Ministerio de Cultura, que a estas alturas andaría en piloto automático. Este rol ha quedado evidenciado luego de la retención del equipo periodístico de Cuarto Poder en Cajamarca a manos de un grupo de ronderos, pues el flamante titular del Mininter ha adoptado una posición inicial de defensa de las Rondas, cercanas al presidente, argumentando que no se puede catalogar el hecho como un secuestro, y que se debe investigar quiénes lo efectuaron. Este mensaje ha caído bien entre los líderes ronderos, quienes venían esperando señales claras de parte del gobierno.
Mariano González, además, está vinculado a los Forsyth. Harold Forsyth, actual embajador, lo propuso para el Ministerio de Defensa en el primer gabinete de Castillo, aunque el mandatario optó por otro nombramiento en ese momento. En las elecciones de 2021 fue candidato al Congreso por Lima con Victoria Nacional, que tenía como candidato presidencial a George Forsyth. Este último se ha reunido con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta en dos oportunidades. Aunque se puede dudar de qué temas podría haber conversado George Forsyth con Almagro, queda, de manera implícita, una suerte de vinculación de Castillo con los Forsyth por si se llegara a necesitar tener el respaldo de la OEA. El exalcalde de La Victoria es ahora candidato a la Municipalidad de Lima con Somos Perú, organización que espera obtener alcaldías provinciales y distritales en distintas regiones del país con el objetivo de posicionarse de mejor forma ante el gobierno. En su lista de candidatos destaca Biberto Castillo, asesor del presidente, quien busca convertirse en alcalde de Independencia. Se sabe que la relación de este último con la familia Forsyth y la dirigencia del partido del corazón es bastante buena.
Mesa Directiva:
Las negociaciones entre las bancadas por la Mesa Directiva estarían suspendidas. La última encuesta difundida por CPI señala que un 9.5% de los encuestados cree que Renovación Popular debería liderar el Congreso de la República. Esto le habría dado cierto respaldo al congresista Jorge Montoya para liderar alguna lista, pero que podría complicar los acuerdos de la oposición si están divididos, nuevamente. Por su parte, Elvis Vergara, asociado al grupo “los niños”, es quien lidera las negociaciones de Acción Popular por la Mesa Directiva, mientras que Isabel Cortez, de Cambio Democrático, anunció que postulará también.
Aunque la oposición está fraccionada tiene, también, a un grupo de bancadas atomizadas, cuyo mismo desorden y fragmentación hace que no sepan qué hacer y se peleen por un cupo. Por ello, y hasta el momento, ambos bandos, oposición / oficialismo, seguirían en el aire respecto a la elección para la próxima Mesa Directiva.
En otro ámbito del Congreso, también es interesante el posicionamiento de los congresistas de Perú Libre luego de la renuncia de Castillo al partido. Los congresistas de la bancada del lápiz votaron en contra del informe de admisión de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Según el periodista César Hildebrandt, habría un entendimiento de respaldo a Boluarte, en caso tenga que asumir la presidencia de la república, si esta acepta cumplir el proyecto político de Vladimir Cerrón.
Ley Mordaza:
Por último, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que busca criminalizar y penalizar la filtración de información de investigaciones penales de carácter reservado. La Defensoría del Pueblo, así como otras organizaciones como IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana, han cuestionado esta iniciativa legislativa pues consideran que existe un riesgo sobre la libertad de información para temas de interés público.
El debate y deliberación recae, ahora, en manos del Congreso. Sin embargo, rechazo a este proyecto de ley no está totalmente garantizado, pues hay bancadas y partidos políticos que, de cara a las elecciones de octubre, podrían tener interés en este tipo de medida. En especial, cuando el periodismo y los medios de comunicación han terminado costando la pérdida de cargos de elección popular a políticos con la revelación de investigaciones penales. El gobierno de Castillo no deja de lado, con esta iniciativa, su intención de callar a una prensa que les resulta incómoda. En esa línea, está pendiente la promulgación de la autógrafa de Publicidad Estatal, cuyo fondo siempre ha estado vinculado al uso de los recursos con fines políticos y sin criterios técnicos.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ha manifestado en contra de proyecto, lo que le ha valido duras críticas de parte del premier Aníbal Torres, quien incluso ha señalado que la titular del Ministerio Público estaría violando la ley al cuestionar la propuesta, deslizando que la Junta Nacional de Justicia podría investigarla. Esta nueva intervención pública del presidente del Consejo de Ministros nos da luces de la importancia que tiene la iniciativa para el Gobierno, por lo que se debe esperar una defensa feroz del proyecto, incluyendo serios cuestionamientos a quienes se opongan.