Fuego cruzado y maniobras reactivas

Acción y reacción:

Desde hace un tiempo atrás, el país está inmerso en una guerra, entre las principales instituciones estatales. Si bien lo podríamos entender como una partida de ajedrez, con enroques y jaque mate, hay tantos actores que se enfrentan que estaríamos más ante una partida de Risk, con alianzas estratégicas y ataques y contrataques ejecutados cada vez con mayor celeridad. 

A solo días de la destitución de Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), liderado por la fiscal Marita Barreto respondió este ataque con el operativo denominado Valkiria XI. En esta maniobra reactiva, se detuvo a personas vinculadas al círculo de confianza de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Para el EFICCOP, Benavides habría direccionado más de 7 millones de soles en contrataciones de la Fiscalía y ha solicitado su impedimento de salida del país. En el operativo también se detuvo a Óscar Nieves, consejero legal de la presidenta Dina Boluarte, pues es investigado por el presunto delito de organización criminal y colusión agravada.

Sin embargo, y como mencionamos, es una partida de enfrentamiento institucional, por lo que la siguiente acción la ejecutó el Tribunal Constitucional, este jueves. El TC resolvió, en 8 días, la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial, reestableciendo la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes deberán dejar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), nuevamente. El TC, ciertamente, resolvió de manera célere y, de lo que se podría deducir, anticipándose a la decisión del Pleno de la Junta sobre el informe de Inés Tello, que propone la destitución de Patricia Benavides.

Esta partida de enfrentamiento institucional continúa dejando casualidades en el fuego cruzado, con acciones que responden a maniobras reactivas. Es un escenario en el que, en las reglas del juego, prima el revanchismo entre las múltiples instituciones estatales, con la característica principal, tal vez, que hay un Ejecutivo débil y un Congreso empoderado, tratando de instaurar un gobierno parlamentarista. Asimismo, otra característica de este permanente enfrentamiento es que la sobrevivencia al cargo, para los actuales actores de las principales instituciones inmersas en la partida, depende del posicionamiento que adopten en el plano político.  

¿Qué queda en el tintero en el inmediato plazo? En primer lugar, está pendiente la decisión del Pleno de la JNJ sobre la exfiscal Patricia Benavides. Sin embargo, el escenario de su destitución, con los golpes que ha recibido la Junta desde el Congreso y el TC, es cada vez más reducido. En segundo lugar, para este año, está la elección de la próxima Junta Nacional de Justicia; la elección de los jefes de ONPE y RENIEC, con la posibilidad que Piero Corvetto y Carmen Velarde sean ratificados en los cargos, respectivamente; y del JNE. En este último organismo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si Jorge Salas Arenas continúa, o no, en el cargo, por un período adicional. Sin embargo, Salas Arenas estaría en la mira de un sector del Congreso que buscaría su inhabilitación de la función pública, pues no solo no lo quiere a cargo del JNE sino tampoco en el Poder Judicial. La partida, en el que el mayor perjudicado de este fuego cruzado es la ciudadanía, en última instancia, todavía tiene para rato.

Incertidumbre para las negociaciones:

Las negociaciones para la elección de la Mesa Directiva parecerían empezar de manera más anticipada a lo habitual. Si bien aún hay incertidumbre de los bandos que se van a conformar, hay algunas consideraciones a tener en cuenta para las bancadas. Es una elección particular pues, si bien es llamativa, no resultaría muy atractiva. La sensación que prima es que la campaña electoral se ha adelantado, especialmente por la norma que establece que los actores deben estar inscritos, por lo menos desde julio, en los partidos políticos con los que postularán en 2026. Las bancadas sopesan si es conveniente asumir el pasivo que la presidencia del Congreso supone y ser la cara de una institución con escasa aceptación ciudadana y que da soporte a un gobierno cuestionado como el de Boluarte.

Los congresistas ya se están poniendo la camiseta de los equipos por los que jugarán en las próximas elecciones, en especial aquellos que actualmente están en bancadas que no tienen la representación de un partido político. Guillermo Bermejo, Pasión Dávila y Guido Bellido, congresistas que fueron elegidos inicialmente con Perú Libre, visten sus nuevos colores. Dávila está relacionado con el partido Todos con el Pueblo, vinculado al expresidente Pedro Castillo; mientras que Bermejo está conformando Voces del Pueblo desde hace algunos meses y Bellido ha confirmado que Perú Consciente está en proceso de recolección de firmas. El asesor de Isabel Cortez, Luis Zea, habría solicitado la reserva del nombre Partido Obrero del Perú al JNE y Sigrid Bazán ha anunciado su incorporación a Nuevo Perú. Susel Paredes ha declarado su deseo de postular a la presidencia de la República con Primero La Gente. Flor Pablo, quien al igual que Susel Paredes fue elegida por el Partido Morado, está buscando la inscripción de Lo Justo, un partido político que integra a ex congresistas de la bancada morada como Gino Costa, Alberto de Belaúnde y Daniel Olivares, y al que se ha unido Marisol Pérez Tello, entre otros más.     

Ministro vapuleado:

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, continúa siendo sacudido por representantes en el Congreso de partidos políticos que se podrían considerar aliados del gobierno, como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Las declaraciones de Arista, sobre motivaciones políticas de los congresistas por el retiro de fondos de la AFP, le valieron el rechazo de parte del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien le envió un oficio a la presidenta Boluarte. Soto calificó las afirmaciones del ministro como “infundadas y malintencionadas” y pidió a la mandataria tomar medidas necesarias sobre las declaraciones de los miembros del Gabinete. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular, también respaldó el oficio de Soto, lamentando las declaraciones del ministro.

En semana de representación, la Comisión de Economía, presidida por César Revilla de Fuerza Popular, convocó a una sesión extraordinaria para tener la opinión del ministro Arista sobre un dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones que, en la práctica, está archivado. La sesión, que fue informativa al carecer del quórum reglamentario, sirvió para que los congresistas de la bancada naranja aprovecharan en atacar a Arista por su ausencia e insistir en volver a citarlo.

El ministro de Economía se enfrenta a dos batallas en el Legislativo: la pensión por consumo impulsada por Fuerza Popular como nueva estrategia para debatir la reforma al sistema de pensiones, y la delegación de facultades legislativas. La probabilidad de aprobación de las facultades legislativas dependerá de si Arista logra recomponer su relación con ciertas bancadas en el Congreso.  

Como si lo anterior no fuera suficiente, este jueves se dio a conocer que la agencia crediticia Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Perú y el país está a un paso de perder el grado de inversión. El ministro de Economía lamentó que “la fragmentación política y la falta de institucionalidad en la justicia nos pase factura”. La resiliencia de la economía peruana parecería estar sucumbiendo, tras un ciclo de 8 años de inestabilidad política, lo que es crítico para el país.