Un año turbulento de gobierno.

Un año turbulento:

En dos semanas, Pedro Castillo cumplirá su primer año de gobierno en medio de investigaciones por corrupción, constantes cuestionamientos hacia su gestión y una continuidad precaria. Es, quizás, el gobierno con el primer año más turbulento en las últimas décadas. Esta semana, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso dejar sin efecto la suspensión de la investigación preliminar contra el presidente Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, por lo que está citado a declarar para el próximo 4 de agosto. A ello, se le suma incertidumbre por el paradero de su cuñada, Yenifer Paredes. Pareciera que no es tan difícil para el entorno del presidente desaparecer cuando se complica el panorama judicial.  

Aunque el escenario de investigaciones fiscales se complica para el mandatario, no se avecina una salida en el corto plazo a esta crisis política. Los procesos del Ministerio Público son pausados y dilatados. En el caso de Keiko Fujimori, el proceso en su contra podría culminar hacia finales de este año, luego de una investigación que inició en 2016.     

La decisión de la fiscal Benavides se podría entender, entonces, más como una medida política que como una decisión fiscal con repercusiones inmediatas. Sería, pues, una fiscalía mucho más activa que estaría haciendo todo lo posible para avanzar con las investigaciones, a diferencia de Zoraida Ávalos e incluso Pablo Sánchez, mostrando disposición a jugársela, políticamente hablando, y llegar hasta el final de su alcance institucional en el proceso contra el mandatario.

Contraparte en el Congreso:

Sin embargo, en estas actuaciones políticas, el desenlace de la trama termina dependiendo del Congreso de la República. No sería el mismo panorama político de gobiernos pasados, pues, ciertamente, otros presidentes han caído por menos, mientras Castillo continúa de pie. El actual Congreso arrastra pasivos en su contra y la alta desaprobación que enfrenta por parte de la ciudadanía podría ser el motivo por el que la oposición, que tampoco querría verse deslegitimada, y se habría fragmentado priorizando intereses personales, como su continuidad política, habría dejado de presionar por una salida del mandatario.  

En ese sentido, las posibilidades de una salida de Castillo para este año parecerían no haber cambiado mucho. Depende, también, de la siguiente Mesa Directiva del Congreso generar más consenso y una aproximación a la ciudadanía, con el fin de obtener representatividad y contribuir al empuje que necesitaría esta última para una reacción en las calles. La falta de un estallido social amplificado contribuye a la continuidad precaria de Castillo en el poder. Es, pues, una ciudadanía con un hartazgo e indiferencia hacia las diferentes instituciones políticas y autoridades a nivel nacional. Parte del rechazo de las personas hacia el Congreso está personificado, también, en su actual presidenta, María del Carmen Alva, sobre quien se preferiría no recaiga la presidencia de la república, en caso de una salida de Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte.    

El Congreso termina la actual legislatura este viernes con algunos temas en el tintero, luego de una semana de sesiones plenarias madrugadoras, como el retorno de la bicameralidad, el informe de la Comisión de Fiscalización contra Castillo, que está sustentado, pero falta debatir en el Hemiciclo, y los proyectos de ley que buscan revertir el decreto supremo del gobierno que restringe los servicios de tercerización laboral.