Estrategia y tácticas en el gobierno

Estrategia de victimización:

La presidente Dina Boluarte prolonga el tiempo que tiene sin responder a la prensa por los diversos cuestionamientos que recaen sobre su gobierno. Según El Comercio, Boluarte solo ha respondido a la prensa en dos ocasiones en los últimos seis meses. La última vez que respondió a los periodistas, la mandataria ofreció una conferencia de prensa para dar un balance del viaje oficial a China, el 8 de julio. Sin embargo, incluso esta se organizó de manera reactiva ante las críticas por sus entrevistas con la prensa extranjera para comentar sobre sus preferencias gastronómicas. Anterior a ello, el 5 de abril ofreció una conferencia sobre el Caso Rolex, señalando que las joyas que usaba eran de catálogo, y que los relojes de alta gama eran un regalo del gobernador regional de Ayacucho, su wayki, Wilfredo Oscorima.   

Boluarte considera que no tiene el deber de responder a la prensa y que su comunicación con el pueblo es a través de actividades oficiales. “Por ahí andan algunas voces trasnochadas, criticando (…), mi mejor comunicación es con trabajo y obras”, señaló este jueves. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, no ha podido explicar por qué la mandataria no responde ante la prensa. Quien sí ha intentado dar luces sobre la posición de la mandataria es el ministro de Salud, César Vásquez. El titular del MINSA señaló que Boluarte ha tomado esta decisión “porque hay indicios de sobra de que las entrevistas son direccionadas, orquestadas para generar un desprestigio de su persona”. La mandataria y sus escuderos políticos apelan a fortalecer su estrategia de victimización, aunque sin resultados.

Se ha vuelto evidente la debilidad de la estrategia de comunicación del gobierno y las consecuencias que esto acarrea. La limitación que arrastra desde el inicio de su gestión para lidiar con la prensa nacional ha crecido, de manera exponencial. Es el mayor pasivo de este gobierno que no ha podido contrarrestar ni el jefe de gabinete ni el vocero presidencial. Han desperdiciado oportunidades de comunicar algunos logros o anuncios importantes del gobierno. La firmeza del gobierno para avanzar con Tía María, o la importancia de concretar alianzas público-privadas, obras por impuesto y proyectos importantes como el Megapuerto de Chancay, entre otros, han pasado desapercibidos, cuando podrían haber generado réditos para la mandataria.

¿Podrán, desde Palacio, sostener mucho más tiempo la estrategia de victimización como única vía de respuesta, si aparecen más denuncias contra el gobierno? Esta semana, el exasesor de inteligencia, Henry Shimabukuro, aseguró que el animador de televisión Andrés Hurtado, le obsequió el traje amarillo que usó la jefa de Estado en la ceremonia de asunción del cargo, entre otros obsequios más. Hurtado cumplirá 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga el real alcance de la trama sobre tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos en la que está implicado.

A la par que empiezan a vincular a la mandataria con el caso de Andrés Hurtado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, de Podemos Perú, busca tomar mayor protagonismo con las denuncias que se apilan sobre el gobierno. Ahora, Burgos ha planteado la posibilidad de crear una comisión que investigue el uso del vehículo presidencial, el ‘cofre’, en la fuga de Vladimir Cerrón. El congresista y su bancada buscarán insistir con el tema, y aunque el interés de mediatizarlo pueda tener otras motivaciones en un momento en el que se debate el Presupuesto 2025, el impacto puede golpear aún más la imagen de Boluarte.

Táctica de megaoperativos:

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se presentó ante el Pleno del Congreso este miércoles para responder el pliego interpelatorio relacionado al manejo de su sector. Del debate se puede deducir que, si bien hay críticas a su gestión, un bloque en el Congreso no cuestiona su permanencia. Algunos congresistas del denominado Bloque Democrático rechazaron sumarse a una censura en contra de Santiváñez. Ilich López, de Acción Popular, considera que no hay espacio para la censura; mientras que Alfredo Azurín, de Somos Perú, valora el “coraje” que tiene el ministro. El parlamentario Víctor Flores, de Fuerza Popular, bancada que se opuso a la moción de interpelación, cree que hay “una ola interesada en que esta gestión fracase”. Santiváñez también recibió el respaldo de congresistas de Alianza para el Progreso en el debate. Por su parte, Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, anunció que buscará impulsar una moción de censura contra el titular del Interior.

A la par que bancadas aliadas al gobierno cierran filas para que no prospere una moción de censura, el ministro Santiváñez también ha iniciado su propia estrategia en el sector Interior con el despliegue de acciones mediáticas, como la entrega de modernas camionetas a gobiernos regionales y locales para reforzar el trabajo de patrullaje, requisas en penales, los megaoperativos ‘Amanecer Seguro’, entre otras más. En sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se realizó este martes, el ministro indicó que, para un combate frontal a la delincuencia y criminalidad, se estaba disponiendo el financiamiento de toda la logística que la Policía Nacional necesita. Además, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, creado por Santiváñez, ya cuenta con 300 policías vertidos a respuesta operacional y táctica contra las organizaciones criminales. La estrategia del titular del MININTER sería mostrar acciones efectistas que ayuden al gobierno a establecer la narrativa que la seguridad ciudadana en el país es un tema controlado. Después de todo, la presidente Boluarte ha afirmado que no le tienen miedo a la delincuencia y están “un paso adelante”.

Sin embargo, esta táctica parecería no haber sido suficiente para calmar a la ciudadanía que exige respuestas efectivas para la lucha contra la inseguridad ciudadana. El gremio de transportistas anunció la convocatoria a un Paro Nacional, ante las incesantes denuncias de extorsión y sicariato, para el próximo 10 de octubre, al que se sumarán, también, otras actividades económicas, como los bodegueros, y la sociedad civil. El gremio exige la derogatoria de la Ley N.^o 32108, que introduce modificaciones al Código Penal en materia de crimen organizado, algo que la mayoría en el Congreso no está dispuesta a aprobar. Hay un entrampamiento en el Parlamento con bancadas, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, APP, Acción Popular, Podemos Perú y Perú Libre, que no están dispuestas a derogar la norma y que plantean, como solución, la declaratoria de terrorismo urbano a los crímenes como extorsión y sicariato. Sin embargo, en la sesión del jueves, se pasó a cuarto intermedio el debate de esta última iniciativa al, tampoco, tener consenso para su aprobación.

No sería la primera vez que este Congreso derogue o modifique una ley aprobada por ellos mismos apenas unos meses después de ser publicada. Sin embargo, en caso la presión ciudadana surta efecto, sería el primer golpe social contra un Parlamento que ha preferido actuar mirando hacia adentro, y acorde a intereses propios y/o de sus líderes partidarios.

Panorama 2026:

Este lunes 7 vence el plazo de afiliación de los candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Algunos partidos, que ya han definido a sus principales figuras para acaldes y gobernadores, empezarán a armar sus estrategias para estos comicios. Carlos Bruce, alcalde de Surco, finalmente irá con Somos Perú, el partido con el que empezó su trayectoria política hace más de dos décadas. Es claro que el partido del corazón buscará recuperar el legado de su líder histórico Alberto Andrade.

En recientes declaraciones, Bruce ha señalado que el legado más relevante de Andrade es la entrega de resultados y apunta a lograr que Somos Perú se posicione con la gran mayoría de alcaldías posibles con las candidaturas de refuerzos que han sumado para este propósito, como Eduardo Bless, alcalde de San Miguel; Guido Iñigo, alcalde de Villa El Salvador; Eloy Chávez, alcalde de Villa María del Triunfo. También se ha sumado el teniente alcalde de Miraflores, Alexander Von Ehren; y exalcaldes como Jhonel Leguía, José Luis Nole y Antonio Mezarina, de Pueblo Libre, Santa Anita y Barranco, respectivamente. Con opciones para alcaldes y gobernadores aseguradas, la interrogante para Somos Perú recae en la candidatura presidencial.

Las movidas electorales para este proceso continúan con el plazo en ciernes, mientras que, estratégicamente, se ha congelado la reforma que elimina los movimientos regionales y, además, habilita la reelección inmediata por un periodo adicional de autoridades subnacionales.

¿Qué otros temas van tomando forma para 2026? El Pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley de reforma constitucional, pendiente de segunda votación, que autoriza, de manera excepcional, la elaboración y aprobación de reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados. Con ello, se sentará las bases para la instalación y funcionamiento del sistema bicameral en el Parlamento.

La Comisión de Constitución, por su parte, inicia el debate para precisar el sistema electoral para la elección de los próximos senadores y diputados; así como incrementar el número de los escaños en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la legislatura pasada se intentó aprobar la propuesta para incrementar la cifra de legisladores, argumentando subrepresentación parlamentaria, pese a la oposición del Jurado Nacional de Elecciones. El tema fue dejado de lado en su momento; sin embargo, hay un claro interés de una gran mayoría, dentro y fuera del Congreso, en aumentar la cantidad de escaños.

Sobre lo que hay cierta duda es la propuesta en el Congreso que busca impedir a sentenciados ser candidatos a cargos de elección popular. Si bien el presidente de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, buscará insistir con la propuesta, aún no hay consenso para que se apruebe. La iniciativa tiene el respaldo de la bancada naranja, de Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y Podemos Perú. Los grupos parlamentarios de izquierda han puesto objeciones respecto a la lista final de delitos a incluir en un nuevo texto. Podrían contar con los votos si se retorna a la fórmula original del dictamen, que incluía una lista más amplia de delitos, pero Rospigliosi no ha podido asegurar que esto ocurra porque dependerá de las conversaciones con las bancadas.