Estableciendo un precedente judicial  

Precedente judicial:

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión, por el delito de lavado de activos, por la financiación irregular de las campañas electorales de 2006 y 2011. El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional concluyó que, por parte del Partido Nacionalista, hubo un esquema de recepción de fondos de origen ilícito de Venezuela y de la empresa brasilera Odebrecht. El adelanto de fallo podría marcar un precedente en los casos judiciales que involucran a distintos líderes políticos por casos de aportes de campaña, y valida, por ahora, la tesis fiscal respecto de la ilegalidad de este tipo de financiamientos en pasadas elecciones.

En el horizonte más inmediato, se podría considerar el fallo de la sala como la nueva vara que medirá a los implicados en casos similares. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también enfrenta su propio proceso por el Caso Cócteles, aunque con la significativa diferencia de que no ha ejercido la presidencia de la república. En este proceso, la tesis fiscal apunta a que Keiko Fujimori lidera una presunta organización criminal que ha realizado lavado de activos, en base a aportes de las campañas del 2011 y 2016, que fueron ingresados al partido a través del llamado “pitufeo”, para esconder a los verdaderos financistas. La lideresa de Fuerza Popular ha admitido haber recibido aportes no declarados, pero que ello no significa un esquema de lavado de activos. El juicio contra Fujimori inició en julio de 2024, pero, tras los errores en la acusación, el fiscal José Domingo Pérez, actualmente suspendido, debe presentar una nueva acusación.

La decisión será apelada en una segunda instancia, y posiblemente sea llevada al TC.Además de que el caso Humala estuvo a cargo de otro fiscal, y algunas otras diferencias con casos emblemáticos en el marco del proceso Lava Jato en Perú, la sentencia podría ser usada como precedente para futuras resoluciones judiciales.

El adelanto de fallo contra Humala y Heredia también sienta otro precedente pues se ordenó su internamiento inmediato en los penales. La defensa legal de ambos alegó un fallo del Tribunal Constitucional, que establece que la ejecución de una sentencia se realiza con la lectura íntegra y no con un adelanto de fallo. Wilfredo Pedraza anunció que presentará un hábeas corpus para que Humala recupere su libertad, luego de que fuera detenido en la misma sala y sea trasladado hasta la DIROES. Por su parte, Nadine Heredia, quien no asistió a la lectura del adelanto de fallo, solicitó asilo diplomático a Brasil.  

El hecho de que los reflectores se centraran en la expareja presidencial debía suponer un respiro a nivel mediático para el gobierno de Dina Boluarte, pues la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que recomienda presentar una denuncia constitucional para plantear una vacancia o una suspensión temporal del cargo de la mandataria por presuntas infracciones a la Carta Magna. Sin embargo, los cuestionamientos al gobierno no se hicieron esperar luego de confirmarse la aprobación de un salvoconducto para que Nadine Heredia pueda salir del país y asilarse en Brasil. Además de que se viene impulsando una interpelación al canciller Elmer Schialer, las acusaciones contra la mandataria han sido directas. Se le acusa de tener cercanía a los Humala-Heredia, pues su hermano, Nicanor Boluarte, fue viceministro de Trabajo en el gobierno de Gana Perú, teniendo como titular del sector al actuar ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también excandidato al Congreso por el Partido Nacionalista. Además, el actual premier, Gustavo Adrianzén, fue ministro de Justicia de Humala, y tuvo que renunciar al cargo por intentar interferir en una denuncia que se preparaba contra Heredia. Ello sin contar que el expremier, Alberto Otárola, fue candidato a vicepresidente de Ollanta Humala en 2021, y que la mandataria comparte abogado con la hoy asilada exprimera dama.

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos ha señalado que, probablemente, Boluarte esté evaluando realizar el mismo pedido que la exprimera dama una vez que concluya su mandato, por lo que deberán estar alertas a las movidas de la jefa de Estado.

Sin duda, la situación de Boluarte pareciera agravarse incluso por acciones o hechos que no dependen de ella. Las conexiones del gobierno con distintos partidos y representantes políticos le pasan factura constantemente.

Respecto del informe de la Comisión de Fiscalización, para este grupo de trabajo las intervenciones de la mandataria, de carácter eminentemente estético, habrían ocasionado un período de incapacidad temporal de varios días. La omisión de informar al Congreso sobre la posible incapacidad temporal derivada de las cirugías es relevante en la medida en que la Constitución establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mando en casos de impedimentos que afecten el ejercicio de la función presidencial, lo que constituiría una presunta infracción constitucional. El informe será derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si bien en este espacio se aprobó archivar la denuncia en su contra por el Caso Rolex, el respaldo de sus aliados no es, necesariamente, incondicional.

Debido a los feriados próximos y la semana de representación, el Parlamento entra en un período de poco trabajo, por lo menos, hasta la segunda semana de mayo, lo que puede jugar a favor de Boluarte en este caso en particular.