Entretelones de cierre de legislatura

Complicada intervención:                                         

Esta semana, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acudió a la Comisión de Fiscalización para declarar sobre distintos temas vinculados a su paso por la PCM. A pesar de que el tema no era parte de la agenda por la que fue convocado, Otárola confirmó que la presidente Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en 2023. Su exhombre de confianza, quien ha demostrado sentirse traicionado por los Boluarte, desde su alejamiento, ha puesto nuevamente en aprietos al gobierno.

Pareciera que cuando la presidente logra superar una complicación, un nuevo frente se le abre. La mandataria ha logrado sobrellevar las denuncias por las protestas al inicio de su gobierno, el Caso Rolex, la vinculación del vehículo presidencial con el prófugo Vladimir Cerrón y la prisión preventiva ordenada en contra de su hermano, Nicanor Boluarte, con paradero desconocido hasta el momento. Sin embargo, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con el voto de María Acuña de APP, quien preside este grupo, se ha aprobado que, por un período de 15 días, este grupo de trabajo investigue los casos vinculados a los Rolex y las muertes en las protestas al inicio de su gobierno. Sumado a la censura de Mucho y los cuestionamientos a Demartini, el piso en la Casa de Pizarro, empieza a temblar.

Ahora, las palabras de Otárola ponen los reflectores nuevamente sobre Boluarte. En dos años de gobierno, la mandataria ha debido enfrentar 8 mociones de vacancia presidencial. No es ningún secreto que su soporte en el Congreso proviene de algunas bancadas de centro y de derecha, siendo sus mayores aliados Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Las afirmaciones del expremier, que han sido respaldadas por la exministra de Educación, Magnet Márquez, ponen sobre el tapete si hay, o no, implicancias para la mandataria en el ámbito constitucional, pero más allá de eso, lo que hacen es expandir el expediente de cuestionamientos en su contra.

Este expediente podría cobrar mayor relevancia a partir de abril de 2025, luego de que se convoque el próximo proceso electoral general. Hay un grupo en el Congreso que ha sido constante en querer concretar la salida de Boluarte y ahora se enciende una primera alerta con las investigaciones que se harán desde Acusaciones Constitucionales. Este escenario complejo podría tener una mayor probabilidad de aprobación si las bancadas que la sostienen en el Congreso consideran que dicho soporte llegó a su fecha de expiración. Siempre con las repercusiones que ello podría suponer para los partidos políticos de cara a la campaña electoral. El soporte de las bancadas de APP, Fuerza Popular y Renovación Popular, que votaron en contra sobre el tema de las muertes en protestas, podría deberse a su posición firme respecto de que esos actos no fueron irregulares, y no a un apoyo a la mandataria necesariamente. Además, la suma de votos de estos bloques podría no ser suficiente en los siguientes meses.

La mandataria ha continuado con su estrategia de victimización y señaló, en clara respuesta a Otárola, que no le interesa la “pobreza de algunos que andan por ahí chachareando y hablando en contra del gobierno”. Boluarte seguirá con la narrativa de persecución judicial pensando también en 2026, pero de cara a su futuro afuera de Palacio de Gobierno.

Por su parte, Otárola, quien está afiliado a Somos Perú, está buscando ganar posicionamiento para las Elecciones Generales de 2026. A la interna del partido, el expresidente del Consejo de Ministros debe ganarse el respaldo entre otros que también tienen intenciones presidenciales, como el actual gobernador regional de Loreto, Jorge René Chávez Silvano. Aunque 2026 parezca lejano para algunos, en más de una cancha, la etapa preliminar ya empezó a jugarse.

Entretelones de cierre de legislatura:

La Comisión de Constitución aprobó, con 19 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que propone elevar a nueve el número de magistrados del Tribunal Constitucional por un período de 5 años. Los votos a favor vinieron de Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú. Los votos en contra vinieron de Perú Libre, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular, principalmente. Se trata de bancadas que persisten en iniciativas con mirada cortoplacista y que priorizan el cálculo político, más no el técnico, en este tipo de decisiones. Si bien la iniciativa deberá ser debatida en el Pleno, las posiciones de las bancadas en la comisión arrojan luces de un resultado similar en esta instancia. Esta medida podría tener relación con la incomodidad que ha generado en la mayoría de las bancadas el nuevo posicionamiento que ha tomado la presidenta del TC, Luz Pacheco, al votar en resoluciones recientes, con lo que desde el Parlamento consideran es la facción caviar de dicha institución. Para distintos sectores resulta inadmisible la posibilidad de perder el control del TC cuando pueden venir distintos casos importantes para sus intereses, como las inhabilitaciones de Martín Vizcarra y el partido A.N.T.A.U.R.O.

El Congreso, además, vuelve a poner sobre el tapete el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores, luego de que se aprobó la reconsideración a la segunda votación en la que se desestimó el dictamen. Como se recuerda, Podemos fue una de las bancadas que cambió el sentido de su votación, obstaculizando la aprobación en segunda votación. La bancada de Luna pide, a cambio de respaldar la reelección de autoridades locales, aprobar una prórroga al plazo de afiliaciones para las elecciones de 2026. Podemos buscaría extender el plazo hasta enero de 2025 con el objetivo de ingresar casi 5 mil fichas de afiliación. Desde Acción Popular, se ha ratificado la postura partidaria de rechazar la reelección de alcaldes y gobernadores.  

Si el plazo de afiliación se amplía, existe el riesgo de abrir un espacio para que Antauro Humala se pueda afiliar a otro partido, como Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, o Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo, que irían en alianza junto a los etnocaceristas. Ello, si es que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema determina, en segunda instancia, la proscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).  La estrategia de Luna es apostar por el caos, en un año en el que podría haber hasta 60 partidos políticos habilitados para las elecciones generales y regionales y municipales, con el objetivo de lograr posicionamiento político.  

Otro de los temas que está pendiente en la agenda de cierre de legislatura, cuya ampliación está en evaluación, es el financiamiento privado de personas jurídicas a organizaciones políticas y la reforma constitucional para establecer nuevos impedimentos para postular a un cargo de elección popular. Sobre el primero, está pendiente la reconsideración a la cuestión previa aprobada para que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución, para que pueda volver a debatirse en el Pleno.

Por último, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, con 70 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el texto sustitutorio que propone modificar diferentes leyes para adecuar la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso Bicameral. Según el texto sustitutorio, para la elección para los 130 diputados, se divide el territorio en 27 circunscripciones electorales, una por cada departamento, además de una por Lima Provincias, una por el Callao y una por los Peruanos Residentes en el Extranjero. El JNE asigna a cada circunscripción un escaño y distribuye los restantes de manera proporcional al número de electores, excepto con Peruanos Residentes en el Extranjero que solo es asignada 2 escaños. La elección de los 60 senadores, por distrito electoral múltiple, se realiza aplicando el sistema mayoritario. De esta manera, se divide en 27 circunscripciones electorales, una por cada departamento, una por Lima provincias, una por el Callao y una por los peruanos residentes en el extranjero. A cada circunscripción electoral se le asigna un escaño con excepción de Lima, a la que se le asigna 4 escaños. Los otros 30 senadores serán elegidos por distrito electoral único nacional aplicando el sistema de representación proporcional. El principal riesgo, como se ha mencionado, es que dichos escaños serán ocupados por quienes obtengan la mayor cantidad de votos, pudiendo abrirle el espacio a una sobre representación del sur radical.

El texto sustitutorio también señala que para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la Cámara de Diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en cualquier cámara. La segunda votación se realizará en siete días calendario, pero debería ir en una línea similar al sentido de la primera votación.

Fuerza Popular espera concretar un fuerte paquete de reformas electorales antes del cierre de legislatura, dejando para los meses de marzo y abril algunos temas menores. La principal traba de la Comisión de Constitución, en esta legislatura, es que no han logrado obtener consenso al momento de llevar sus propuestas al Pleno. A Fernando Rospigliosi le ha pasado factura su poca experiencia en la lid parlamentaria, así como la renovación de prácticamente todo el equipo de la comisión, que venía trabajando desde el 2021.