Entre la incertidumbre y la desconfianza

Segunda vuelta en la incertidumbre:

• El calendario avanza y estamos a un mes de la segunda vuelta en medio de la incertidumbre, sin un cierre formal de la primera etapa del proceso electoral. Con el 98.460% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori mantiene el primer lugar; mientras Roberto Sánchez conserva una ventaja de poco menos de 24 mil votos sobre Rafael López Aliaga. Aunque el margen es estrecho, el escenario que se ha consolidado es el de un balotaje entre Fujimori y Sánchez, solo pendiente de la oficialización.
• Sin embargo, el principal problema estaría en la capacidad de las autoridades electorales para reconstruir credibilidad, de cara a la segunda vuelta. El anuncio del Jurado Nacional de Elecciones sobre una auditoría técnica a la primera vuelta intenta responder, esencialmente, al cuestionamiento impulsado por Renovación Popular, pero evidencia que la agenda continúa atrapada en el 12 de abril. La discusión pública sigue centrada en atender denuncias, sin mayor corroboración técnica, mientras se relegan a un segundo plano interrogantes esenciales para garantizar una segunda vuelta ordenada.
• La ciudadanía aún no tiene claridad sobre aspectos fundamentales, como las medidas que están adoptando los organismos electorales para corregir las fallas logísticas de la primera vuelta, cuándo empezará el despliegue del material electoral, qué mecanismos se implementarán para evitar cambios de locales de votación a último minuto, o qué protocolos existirán frente a retrasos en la instalación de mesas. Es decir, los organismos electorales han priorizado la defensa reactiva frente a ataques políticos de una sola organización, antes que una estrategia proactiva de comunicación pública.
• Este vacío tiene sus propias consecuencias. Tanto Fujimori como Sánchez desarrollan una campaña cauta y condicionada por la falta de una proclamación oficial. Ninguno siente la obligación de responder por los cuestionamientos a sus candidaturas, propuestas financistas e incluso aliados. La indefinición favorece una campaña de baja intensidad, donde desaparece el debate técnico de propuestas. A un mes del balotaje, no hay una discusión relevante sobre equipos técnicos, propuestas económicas, seguridad ciudadana o gobernabilidad. Tampoco hay claridad sobre el formato o el cronograma de los debates presidenciales. Es decir, ingresamos a una segunda vuelta donde el eje central sigue siendo la controversia sobre el proceso del 12 de abril y no la discusión sobre el próximo gobierno.
• En paralelo, también nos desplazamos hacia el siguiente proceso electoral. El próximo 17 y 24 de mayo se desarrollarán las Elecciones Primarias para las Elecciones Regionales y Municipales. Estamos próximos a que se definan las candidaturas subnacionales en un escenario altamente fragmentado, con 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales, lo que equivale a 150 organizaciones habilitadas para participar en la competencia.
• Además, para este proceso no se han publicado las listas de precandidatos por parte de una gran mayoría de las organizaciones políticas, lo que podría responder a la improvisación y escasa institucionalidad interna. Mientras tanto, algunas autoridades locales ya solicitaron licencias para empezar a posicionarse en la contienda electoral, como Carlos Bruce y Francis Allison, anticipándose a la campaña. Por su parte, Renzo Reggiardo se ha sumado a la narrativa de Renovación Popular, sugiriendo que las actuales condiciones no le ofrecen garantías para competir por la alcaldía de Lima. Esta narrativa, finalmente, lo que ocasionaría es una normalización progresiva de un relato que deteriora la legitimidad de futuros procesos electorales.  

Transición evidente:

• El Ejecutivo atraviesa una transición evidente para el cambio de gobierno el próximo 28 de julio. Se trata de una gestión, básicamente, en piloto automático. El gobierno de Balcázar tiene un horizonte político reducido al manejo de la transición y a la administración temporal de cuotas de poder internas. El reciente nombramiento de Juan Carlos del Prado Ponce en la presidencia del INDECOPI confirma la influencia de Joaquín Ramírez en distintas áreas del gobierno. Del Prado Ponce no es el único funcionario vinculado a su entorno en Palacio de Gobierno. El actual Ejecutivo opera bajo la evidente lógica de redes de influencia política. 
• El tema más sensible gira alrededor de un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Aunque inicialmente Balcázar descartó esa posibilidad, recientes movimientos en el Ministerio de Justicia despiertan una posible sospecha. La modificación de la composición de la Comisión de Gracias Presidenciales, que incorpora a perfiles cercanos al entorno castillista generan dudas sobre la imparcialidad de un eventual análisis del pedido de indulto presidencial formalizado hace un tiempo por la defensa del expresidente Pedro Castillo.
• Una eventual excarcelación de Castillo antes de la segunda vuelta podría reactivar la polarización nacional y tendría impacto directo en la campaña de Roberto Sánchez. Finalmente, el exmandatario conserva respaldo en determinados sectores rurales y populares, así como un gran rechazo de distintos grupos sociales, lo que podría tener cierto efecto en la dinámica electoral.