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Enfrentamiento de baja intensidad

23 de Jun, 2023
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Análisis

Nuevo ministro de Salud:

Imagen: Presidencia
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El excongresista César Vásquez, médico cirujano, juró este lunes como ministro de Salud, en reemplazo de Rosa Gutiérrez. Sin tener, aún, una semana en el cargo, Vásquez ha tenido que hacer frente a cuestionamientos por aparentes vínculos con el expresidente Pedro Castillo. Vásquez, quien posee más experiencia administrativa que clínica en el sector salud, buscaría actuar de manera política ante la actual crisis del dengue. El nuevo ministro de Salud tendría una buena relación con comités provinciales y distritales de APP, en especial del norte, lo que le permitiría hacer un trabajo político con estos. Vásquez deberá ser capaz de sostenerse en el cargo, con miras a fortalecer su propia trayectoria política. Para Vásquez, que se venía desempeñando como uno de los principales asesores en la Comisión de Salud del Congreso, los cuestionamientos actuales, serían más mediáticos que políticos.    

El nombramiento de Vásquez en la cartera de Salud ciertamente responde a una cuota de César Acuña, aunque este haya intentado desmarcarse. ¿Qué esperaría obtener el líder de APP con este nombramiento? Si bien el nombramiento ocurre en un momento álgido en lo relativo a la salud pública, con este acceso al Gabinete y al Gobierno Acuña podría empujar las obras y proyectos, no solo para la región de La Libertad, de la que es gobernador, sino también en favor de los gobiernos subnacionales que tiene APP. Con eso, sería capaz de demostrar capacidad de gestión de su partido y volver a posicionarse con fuerza en el norte. También se produce un cambio importante en el posicionamiento de la bancada de APP con miras a la próxima repartición de cargos en el Congreso. El objetivo político es claro en APP. La prioridad es la Comisión de Presupuesto, más que un lugar en la Mesa Directiva, pues eso le otorga capacidad de persuasión sobre el resto de las bancadas.    

Enfrentamiento de baja intensidad:

Imagen: Presidencia
Imagen: Presidencia

Esta semana, la presidenta Dina Boluarte le respondió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Boluarte le sugirió a Fujimori, quién había criticado a la mandataria en días anteriores, que fuera la bancada naranja la que plantee el adelanto de elecciones. Con estas idas y venidas, se ha abierto un juego de choque político, aunque hasta el momento el enfrentamiento entre ambas es de baja intensidad y tiene una importante cuota de show mediático más que de confrontación política. Si bien el primer golpe lo dio Fujimori, marcando distancia del gobierno, esto fue una acción política calculada; mientras que la presidenta Boluarte, parece haber tenido una respuesta emotiva. Y como señaló la congresista Martha Moyano: “En política, el que se pica pierde”.

Los golpes a la presidenta provienen de ambos lados del espectro político. La crítica de un sector de la derecha es que Boluarte no puede asegurar su permanencia hasta el 2026; mientras que la izquierda se apalanca en asociar a la derecha con un gobierno que, como parte de su narrativa, carecería de legitimidad. Quien termina descolocado en este enfrentamiento es el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, pues sus aliados políticos se diluyen. Otárola, quien daba por sentado un apoyo constante de Fuerza Popular al gobierno, ha perdido solidez. Trascendió que el jefe del Gabinete habría buscado centralizar el acceso de sus “aliados” al Ejecutivo de manera que algunos actores políticos habrían tenido dificultad para reunirse con miembros del gabinete sin previa coordinación directa de Otárola, lo que ha caído mal en más de un sector del Parlamento. De ahora en adelante, el premier tendrá que hilar fino para mantener las buenas relaciones con las fuerzas políticas.   

Narrativas políticas:

Imagen: Congreso
Imagen: Congreso

Esta semana, también se ordenó y logró la captura de la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Chávez tendrá 18 meses de prisión preventiva, luego de que quede sin efecto la orden de comparecencia con restricciones. El principal riesgo con esto es que existe la posibilidad de que, con la narrativa de un sector radical sobre una supuesta dictadura en el gobierno, más grupos se vean alentados en sus manifestaciones contra el gobierno. La narrativa que promueve la izquierda, apalancada en las acusaciones constitucionales promovidas en el Congreso, es que actualmente no hay democracia en el Perú.

Hace unos días, el Tribunal Constitucional estableció que la denegación fáctica de la cuestión de confianza es contraria a la Constitución, con lo que se ha presentado una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por el cierre del Congreso en 2019.

A ello, se le suma la inhabilitación que impuso el Congreso a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por 5 años para el ejercicio de la función pública, lo que ha valido críticas de instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por acusaciones constitucionales contra los operadores de justicia en el país, y la Corte Suprema del Poder Judicial ha convocado a Sala Plena para el 28 de junio con el objetivo de debatir la destitución e inhabilitación de Ávalos. 

Hasta el momento, hay convocada una marcha en la Plaza San Martín para este sábado 24 de junio, así como la tercera “Toma de Lima” para el 19 de julio, en la que han confirmado su participación la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú y la Confederación General de los Trabajadores del Perú, además de colectivos en algunas regiones. Las acciones desde el Parlamento, que sentarían base para un deterioro de la institucionalidad, pueden calar para la acogida de estas convocatorias. Sin embargo, la ciudadanía expresa su rechazo de manera más pasiva que activa, principalmente ante la falta de un liderazgo capaz de aglutinar y representar el descontento generalizado.

Cierre de legislatura:

Imagen: Congreso
Imagen: Congreso

Este viernes 23, el Congreso cerró la actual legislatura con una sesión plenaria que culminó a las 5 a.m. tras un mensaje de José Williams que ilustró lo que ha sido su gestión al frente del parlamento, con frases generales, llenas de espacios comunes, ninguna autocrítica, y poco contenido político. La gestión del exgeneral del Ejército ha contribuido al desgaste del llamado “Bloque Democrático”.

En estos días, se aprobaron leyes declarativas y se aprobó la insistencia, con allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, a la creación de un nuevo feriado nacional (23 de julio). La Comisión Permanente entra en funciones hasta finales de julio.

¿Qué temas quedan en el tintero para la próxima legislatura? Está el debate sobre las AFP y el Sistema Previsional. El MEF publicó la propuesta de la Comisión Multisectorial para la reforma del sistema de pensiones. También está en agenda la elección del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

A nivel de bancadas, Fuerza Popular tendría como objetivo presidir la Mesa Directiva del Congreso y la estrategia incluiría aliarse con una fuerza de izquierda. La congresista Silvana Robles, quien renunció a Perú Libre, señaló en su comunicado que no podía aceptar “la unión contra natura con el fujimorismo”. A la posibilidad de una Mesa Directiva de Fuerza Popular con Perú Libre podría sumarse Avanza País. Renovación Popular mantiene discrepancias sobre esta alianza; mientras habría que ver que posición adoptarán el resto de los grupos políticos en el Congreso. Faltando mas de un mes para la elección, mucha agua correrá aún bajo este puente.

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