Enfoque del Gabinete en la campaña

El enfoque del Gabinete en medio de la campaña electoral:

La campaña electoral empieza a calentar sus motores, en especial por parte de quienes buscan levantar el perfil y no pasar desapercibidos en el terreno político. Dentro del propio Gabinete Ministerial se evidencian señales de quiénes se proyectan más allá del gobierno de Boluarte.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, de Alianza para el Progreso, se enfrentó a congresistas de Renovación Popular, en la Comisión de Transportes del Congreso, por la pertinencia del tren Lima – Chosica. Como se recuerda, este último proyecto ha sido gestionado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Este no es el primer desencuentro por los trenes de Caltrain. Se había puesto paños fríos al choque que, en realidad, es entre Renovación Popular y Alianza para el Progreso, con una mesa de trabajo para definir el futuro de estos trenes. Sin embargo, el propio inicio de la campaña electoral podría hacer que esta no sea la última pelea entre ambos bandos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, parece haber convertido la agenda del nuevo penal El Frontón en su vitrina política. Santiváñez ha compartido protagonismo esta semana con la presidente Boluarte. La construcción del nuevo penal podría ser el principal caballo de batalla para quienes se proyecten más allá de 2026 y busquen lograr un buen posicionamiento en la transición.

Del resto del Gabinete Ministerial, el titular de Economía, Raúl Pérez-Reyes, comienza el reto de la negociación de presupuesto para 2026, mientras otros ministros han cumplido con el trámite de presentarse ante las comisiones ordinarias para hacer un balance sobre sus sectores. Quien podría estar en la cuerda floja es el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien deberá responder el pliego interpelatorio el próximo 11 de setiembre, luego de que el Pleno del Congreso aprobara interpelarlo por su gestión respecto a la seguridad ciudadana.

El ruido de los procesos judiciales:

Como era previsible, el frente judicial inyecta ruido en el ambiente político. Esta semana, el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Betssy Chávez, exministra del gobierno de Castillo y congresista suspendida mientras dure el proceso penal en su contra. Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración por el golpe de Estado realizado por Castillo en diciembre de 2022. El TC fundamentó su decisión en que el Ministerio Público no presentó con antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, haciéndolo un día después de su vencimiento. Para la Fiscalía, es un nuevo autogolpe que evidencia los errores procedimentales que comete. Para Chávez, la decisión le otorga visibilidad mediática y capital político, reforzado por el anuncio del congresista Roberto Sánchez de integrarla a su despacho. El reto para la exministra es sostener, a través del tiempo, este capital, pues lo más probable es que había basado su estrategia electoral con el factor de la encarcelación. Si bien no puede regresar como parlamentaria, dado que su proceso penal continúa, el congresista Roberto Sánchez ha solicitado que sea contratada en su despacho como asesora. El presidente del Congreso, José Jerí, se verá enfrentado a una disyuntiva sobre esta contratación, pues este mismo Parlamento ha suspendido a Chávez de sus funciones. La lógica diría que esta solicitud no debería proceder, pero las críticas a la Mesa Directiva y a los funcionarios del área de Recursos Humanos, no se harán esperar, profundizando en el afán de victimización de la exministra y sus aliados.

El expresidente Martín Vizcarra también salió del Penal Barbadillo, tras el fallo del Poder Judicial que revocó la prisión preventiva en su contra. El proceso judicial para Vizcarra le ha dado capital para un actor con intención de continuar en el panorama político. El expresidente salió del Penal caminando, saludando a sus simpatizantes y con la bandera de la persecución política. Pareciera que el Poder Judicial también siente la necesidad de hilar fino frente a lo que se entiende son enfrentamientos institucionales entre los representantes del Sistema de Justicia. Vizcarra Cornejo vuelve al ruedo político, luego de que su hermano, Mario, iniciara un proceso de posicionamiento en medios, e irrumpiera, aunque con un insuficiente 3%, en las encuestas electorales.

Al resto de los procesos judiciales de la semana, aunque en menor medida dado que ya cuenta con una sentencia en su contra, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado por el Caso Ecoteva.

Sobre los casos judiciales, la mayor interrogante es qué acciones tomará la Fiscalía, en especial por casos emblemáticos que podrían sufrir un revés por la propia actuación de los fiscales. En el Caso Cócteles, el Tribunal Constitucional deberá evaluar la demanda de Keiko Fujimori para que se ordene el archivo definitivo de su proceso. De fallar a favor de Fujimori, el Equipo Especial Lava Jato podría recibir el golpe más duro hasta el momento, con lo que perdería fuerza y generar repercusiones en el resto de los casos que tiene a su cargo.

Por último, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha venido criticando el presupuesto asignado a su institución, pero el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, le respondió que una gran parte del presupuesto ha sido devuelto. Arana exhortó a la fiscal de la Nación a dar un uso correcto a dichos fondos.

Panorama 2026:

En el Panorama Electoral 2026, esta semana se dio a conocer que la cédula para el proceso electoral aumentará de tamaño, siendo la más grande hasta el momento, con una dimensión de 42 x 44 centímetros, debido al elevado número de partidos habilitados para los comicios generales y las escasas alianzas electorales concretadas. Este es el resultado luego de que el Congreso insistió en una tarjeta de votación de una sola hoja, a pesar de las recomendaciones de la ONPE de utilizar dos. Ello, con la finalidad de asegurar el arrastre de votos que puedan dar figuras presidenciales o al Senado por la lista nacional. Como ha venido ocurriendo, la legislación electoral se va generando en torno a los intereses de los grupos representados en el parlamento, y no a criterios técnicos de los entes expertos en materia electoral.

El lunes último, además, venció el plazo para la inscripción de las alianzas electorales. De las 5 solicitudes que se presentaron, solo 3, que comprende a 7 partidos, fueron aceptadas. El panorama actual es el resultado de la fragmentación vista en los últimos meses y la poca voluntad de llegar a acuerdos entre agrupaciones, con lo que persiste el clima de incertidumbre sobre el próximo proceso electoral con 39 agrupaciones, entre partidos y alianzas, que podrán participar en el proceso. Los quiebres internos impidieron la formalización de la Alianza Ahora Nación y el Frente de los Trabajadores y Emprendedores. Además, los partidos incipientes deberán sobrevivir los próximos meses de manera unida, lo que podría ser un problema para la gran mayoría.

Por último, se presentaron los representantes del JNE, ONPE y RENIEC ante la Comisión de Constitución y de Relaciones Exteriores para informar sobre el Programa Piloto del Voto Digital. El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que el piloto planteado por el Congreso es ambicioso y riesgoso. Recién el 15 de octubre se entregará la solución tecnológica y el JNE tendrá solo dos meses para auditarla, lo que constituye un gran desafío. Por su parte, el problema que resaltó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre el voto digital, es que podría no haber una empresa que realice la auditoría de manera independiente y pública; y que, de no lograrse la contratación, el sistema no se aplicará.

Son varios los factores que contribuyen a que el proceso electoral avance con un manto de incertidumbre. La elección de 2026 se perfila como la más fragmentada, y, quizás, como una de las más desafiantes para Perú.