El retorno de Santiváñez al Gabinete

¿Protección alineada?:

El Tribunal Constitucional estableció esta semana que no se puede investigar a quienes ejercen la Presidencia hasta que terminen su mandato. Ello, en el marco de la demanda competencial interpuesta por la presidente Dina Boluarte contra la Fiscalía y el Poder Judicial. A futuro, el Ministerio Público podrá realizar diligencias preliminares, limitándose solo a la toma de declaración, realización de pedidos de información y entrega de documentos. Para la mandataria, esto quiere decir que las investigaciones quedarán suspendidas si no tienen relación con el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, impedir elecciones y el funcionamiento del Sistema Electoral, y disolver el Congreso).

El fallo sienta un precedente a futuro, pues zanja la discusión sobre si se puede o no investigar a quienes ejercen la presidencia de la República, dejando claro que solo se podrá hacer hasta culminar su mandato. El Tribunal Constitucional también ha redefinido los límites de competencia institucional al Ministerio Público.

Para la presidente Boluarte, este fallo le otorga un respiro inmediato, pues suspende, en lo que resta de su gestión, las diversas investigaciones en su contra: los fallecidos durante las protestas al inicio de su mandato; por presunto abandono del cargo, por intervenciones estéticas; por el delito de cohecho, por el Caso Rolexgate; y por presuntamente encubrir a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.  

La decisión también se trasladó al Congreso, de manera célere, pues este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió todas las investigaciones de las denuncias presentadas contra Boluarte en esta instancia. Según informó la presidente del grupo de trabajo, Lady Camones, de Alianza para el progreso, la decisión obedece a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, esta decisión no se traduce en una protección en el ámbito político, de cara al inicio de la campaña electoral, donde lo más probable es que sus denuncias sean parte del debate público. Sin duda, Boluarte deberá hacer un esfuerzo sostenido para retener las alianzas que mantiene con ciertos grupos políticos y sumar a nuevos aliados. Figuras como el congresista Jorge Montoya, quien en teoría se considera un opositor al gobierno, ha aparecido en actos oficiales al lado de la mandataria, como en la promulgación de la Ley de amnistía a militares. Sin duda, el atractivo para Boluarte no es tanto el congresista en sí, sino el grupo que lo respalda. La mandataria buscará asegurar el respaldo político de cara al final de su mandato, en julio de 2026.

Panorama 2026:

De acuerdo con el siguiente hito del cronograma electoral, se han publicado las síntesis de las alianzas políticas Venceremos, que agrupa a Nuevo Perú y Voces del Pueblo, cuyos precandidatos presidenciales son el congresista Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca; Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú, cuya precandidata es Fiorella Molinelli; y Unidad Nacional, que agrupa a Unidad y Paz, PPC y Peruanos Unidos, con el congresista Roberto Chiabra como precandidato presidencial.

Con este paso, las coaliciones están próximas a obtener su registro en el ROP. Sin embargo, la próxima oficialización de estas alianzas parecería no tener mayor incidencia en el tablero de la campaña electoral. De momento, no se percibe que haya un reacomodo significativo en la correlación de las fuerzas políticas con estas coaliciones, pues el número de alianzas es escaso y los principales partidos han optado por competir de manera individual.

A este panorama, en el que claramente habrá una fragmentada oferta electoral, con 38 agrupaciones (entre alianzas y partidos) que presentarán candidatos, se suma el disminuido liderazgo político. A ocho meses de la primera vuelta electoral, en abril de 2026, ningún candidato supera el 10% en intención de voto. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabeza la última encuesta de Ipsos – Perú 21 con apenas ese porcentaje, seguido de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez con 8% y 6%, respectivamente; mientras el gobernador de La Libertad, César Acuña, alcanza el 3%. Varios precandidatos presidenciales se agrupan en un 2% de intención de voto. Además, el 50% de los encuestados opta por el voto en blanco, viciado o “no precisa” su preferencia. La encuesta revela que los rostros más conocidos vienen ocupando los primeros lugares, como suele suceder antes que caliente la campaña electoral, mientras los sectores de izquierda no figuran entre las principales opciones.

De lo anterior, resalta el caso del alcalde de Lima. López Aliaga fue uno de los primeros en tomar distancia del impopular gobierno de Dina Boluarte y ha sabido posicionarse como un opositor efectivo, con críticas precisas, diferenciándose del resto de los precandidatos. Además, el alcalde ha sabido mantener su comunicación, convirtiendo las críticas en su contra en oportunidades. El burgomaestre capitalino tiene plazo hasta el 13 de octubre para dejar la alcaldía de Lima y oficializar su candidatura presidencial.

En un escenario de incertidumbre y atomización del electorado, la mayoría de los partidos habría entendido que la gran apuesta debe ser consolidar un voto duro en primera vuelta, asegurando una bancada fuerte en Diputados y presencia en el Senado, con miras a pelear un pase a la segunda vuelta. La estrategia no estaría en sumar votos del adversario u opositor, sino en consolidar su bolsón electoral propio, por lo que la disputa, al parecer será entre agrupaciones con un mismo posicionamiento ideológico.

Por último, como era previsible, el capítulo judicial genera distorsión en el ambiente político. El INPE declaró nula la clasificación de internos que ordenó enviar al expresidente Martín Vizcarra al fundo Barbadillo, donde están recluidos tres expresidentes. El INPE ha conformado otra comisión para asignarlo a otro penal, mientras algunos medios de comunicación deslizan la posibilidad que el INPE estaría considerando enviarlo al Penal de Lurigancho. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por esta medida, mientras el caso terminará politizándose en la campaña. Vizcarra, por su parte, se ve favorecido con este tipo de medidas, en las que es visto como una víctima. Su principal problema es no haber dejado parte de su liderazgo a alguien, que sea capaz de usar a su favor esta situación. La situación ha motivado una activa participación mediática de su hermano Mario, voceado como candidato presidencial por Perú Primero, pero todavía no se muestra capacitado para consolidar al votante “vizcarrista” o atraer nuevos adherentes. Si el exmandatario insiste en abanderar la campaña de su partido, el relevo de mandos al interior de esta agrupación podría ser tardío.