El gobierno frente a la crisis.

El gobierno frente a la crisis:

A cincuenta días de la toma de mando de Dina Boluarte, el Perú continúa transitando un escenario de violentas manifestaciones, y una salida a la crisis política todavía parece lejana. La mandataria ha reiterado que no renunciará al cargo, y ante la fragilidad de su gobierno y la falta de una bancada oficialista, se estaría apoyando en sectores de derecha del Congreso para asegurar su permanencia en el poder durante los próximos meses. La figura de Alberto Otárola se ha vuelto fundamental en Palacio de Gobierno, y según algunas versiones, el jefe de gabinete es quien realmente está gobernando el país. Otárola sería el principal interesado en que no exista una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido una posible amenaza de ser denunciado constitucionalmente por los fallecidos en las protestas, cuando este se desempeñó como ministro de Defensa, en las primeras semanas de gobierno de Boluarte. Esto podría explicar la posición endeble del gobierno que solo pareciera ceder en las negociaciones con bancadas de derecha, pese a que tanto el premier como la presidenta señalan identificarse como personas de izquierda democrática.

La presidenta Boluarte, por su parte, sigue apelando en sus mensajes al grueso de la población que no participa en las movilizaciones, y se ve perjudicada por las protestas. La jefa de Estado persiste en una estrategia de comunicación que marca una clara confrontación hacia los manifestantes, centrándose en los grupos radicales y generalizando la protestas. Si bien hizo un llamado a una “tregua nacional” el último miércoles, sus acciones y declaraciones distan de ello, y parecen exacerbar a quienes continúan en las calles. La mandataria afirmó que quienes lideran las protestas al sur del país tienen una agenda respaldada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, y deslizó la hipótesis extraoficial de que los fallecidos en Puno fueron asesinados con armas artesanales, restando responsabilidad a la Policía Nacional. Asimismo, en declaraciones a la prensa extranjera, la más crítica de su gobierno, señaló que “Puno no es el Perú”, frase que ha sido tergiversada y bastante criticada por diferentes sectores, razón por la cual desde redes de la Presidencia de la República se aclaró que la expresión no pretendió ser discriminatoria ni soberbia.

Estos errores de comunicación en la mandataria parecen incrementar el descontento de la población hacia su gobierno, y cerrar las puertas a una próxima salida a la crisis. Y es que Boluarte se centra en dirigirse a los grupos radicales, en lugar de tratar de llegar al sector de manifestantes que demanda un espacio de representación y mayor participación política. Asimismo, no hay un intento de acercamiento con los grupos sociales con cierto nivel de convocatoria con los que el expresidente Pedro Castillo sí mantenía buena comunicación como las centrales sindicales o rondas campesinas.

Mientras tanto, el bloqueo de carreteras se intensifica en regiones y el desabastecimiento de combustible, medicamentos y escasez de alimentos amenaza a Madre de Dios, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa. Ante la crítica situación, el gobierno ha anunciado que efectuará el desbloqueo de vías tomadas por manifestantes a nivel nacional con intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional. De llevarse delante de manera óptima y sin pérdidas que lamentar, el gobierno podría ganar un pequeño tanque de oxígeno. En tanto, en la capital, continúan incrementándose las manifestaciones en el centro de Lima, las cuales decantan en enfrentamientos con las autoridades, que están generando perjuicios en el ornato y la infraestructura de dicha zona. Lo que llama la atención, es el silencio del alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, respecto de estos hechos. Al parecer, no quiere ser un blanco visible en torno a esta crisis.

¿Y el adelanto de elecciones?:

Por su parte, el Congreso de la República parece ajeno al estallido social, y continúa sin priorizar el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, el cual debe ratificarse en una segunda votación en el Pleno del Congreso con mayoría de 87 de votos, por tratarse de una reforma constitucional. La Comisión de Constitución aprobó adelantar para el 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura del periodo parlamentario, lo cual debe ser ratificado en el Pleno. En la misma línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, planteó este jueves una reconsideración de la votación que aprobó el adelanto de elecciones al 2024, para presentar otro texto sustitutorio que recorta el mandato presidencial y congresal a diciembre del 2023. Previamente, el partido Fuerza Popular exhortó al Congreso que vote el adelanto de comicios, esto frente a las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, hay poca certeza de que esto sea aprobado debido a que algunas bancadas habrían desistido de respaldar el adelanto de elecciones, en su intento de permanecer en sus puestos.

Según informaciones, desde el Ejecutivo intentaron presentar al Legislativo un proyecto de ley para adelantar las elecciones a diciembre del 2023. Sin embargo, el presidente del Congreso, José Williams, le comunicó al premier Alberto Otárola que ni siquiera cuentan con los 87 votos necesarios para que sea aprobado en segunda votación el proyecto de adelanto de elecciones a abril del 2024. De no aprobarse, la iniciativa pasaría al archivo, sin posibilidad de que pueda convocarse a referéndum.

No se descarta que grupos de izquierda y derecha quieran quedarse hasta el 2026. Por el lado de la izquierda, la mayoría de las bancadas insiste en que en las próximas elecciones se consulte a la población si está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Desde la derecha, las bancadas buscan que se aprueben cambios en los organismos electorales, además del retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. Renovación Popular ha manifestado abiertamente su rechazo al adelanto de elecciones, calificando la iniciativa como inconstitucional.

Cuestión de Confianza:

Ante este panorama, desde el Ejecutivo, existiría una corriente que plantea que el gobierno realice una cuestión de confianza sobre el adelanto de elecciones, lo cual podría ocasionar un choque entre el gobierno y el Legislativo. De ser aprobada, el Congreso se verá obligado a respaldar el adelanto de comicios, pero de ser negada, representaría “la primera bala de plata” del gobierno de Dina Boluarte, considerando que con dos denegatorias de confianza se autoriza el cierre del Congreso. Ello sin reparar en el proceso previo sobre la viabilidad o no de presentar una cuestión de confianza por una reforma constitucional. El adelanto de elecciones generales continúa constituyéndose como la salida más cercana a la crisis. Sin embargo, al parecer, todavía se requiere de voluntad política desde los poderes para su ejecución.