El costo político

El costo político:

El gobierno de Dina Boluarte continúa acaparando titulares, semana tras semana. En esta ocasión, la desactivación del Equipo Especial de la PNP que apoya al EFICCOP y la detención preliminar de personas del entorno de la mandataria han ocasionado que se presenten mociones de vacancia presidencial y el cambio en el titular del Ministerio del Interior.

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento, la tarde del jueves, al sexto titular de la cartera del Interior. Juan José Santiváñez Antúnez, quien se venía desempeñando como viceministro de Orden Interno, asumió como ministro del Interior, en reemplazo de Walter Ortiz. El Ministerio del Interior se ha convertido en la cartera con mayor volatilidad de sus titulares para el gobierno de Dina Boluarte. En 17 meses de gestión, un ministro del Interior ha durado 5 meses, en promedio. Walter Ortiz, por su parte, debió asumir el costo político de la decisión del gobierno de desactivar el Equipo Especial de la PNP que brindaba apoyo al EFICCOP.

En cuanto a las mociones de vacancia presidencial, no es una sorpresa que las bancadas de la izquierda, como Cambio Democrático y Perú Libre, hayan recolectado firmas para presentar, nuevamente, estos pedidos de destitución contra Dina Boluarte. Las mociones no fueron admitidas a debate, en la sesión de este viernes, pues consiguieron menos de 40 votos a favor cada una, de los 52 necesarios.

¿Qué factores le juegan a favor de la mandataria? En primer lugar, el Congreso, en su mayoría, está enfocado en una agenda de reforma electoral, política y del sistema de justicia. La mayoría de los parlamentarios prefiere allanar el camino, con miras al 2026, que vacar a otro mandatario. De momento, es evidente que no hay, ni siquiera, consenso para que la presidenta acuda a rendir cuentas al Congreso. El escenario de una vacancia presidencial podría concretarse si alguien de la derecha lidera el pedido, pues actualmente no hay un interés del bloque de la derecha del Parlamento en acoplarse a mociones presentadas por la izquierda.

En segundo lugar, vacar a la presidenta Boluarte y que un congresista se haga cargo del gobierno, es asumir, también, el pasivo que esta gestión enfrenta: retroceso en los indicadores de pobreza monetaria, lucha contra la inseguridad ciudadana y la reactivación económica, entre otros temas adicionales. Las bancadas, en especial las de derecha, podrían pensar dos veces antes que asumir, de manera transitoria, la presidencia de la República y cargar estos pasivos, de cara a las elecciones del 2026 y cómo podría repercutir en su rédito político.

Por último, el Congreso tiene a una mandataria que, finalmente, no le supone una mayor oposición y responde a los intereses parlamentarios. Las promulgaciones, sin observaciones, a las leyes de libre disposición de la CTS y retiro de fondos de las AFP así lo demuestran, como los ejemplos más recientes. Asimismo, las bancadas tienen cercanía y coordinación con los miembros del gabinete y, en caso lo consideran, no tienen ningún inconveniente en interpelar o censura a quienes lo consideren. Esta semana, concurrieron al Hemiciclo los titulares de Desarrollo e Inclusión Social y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Julio Demartini y Hania Pérez de Cuéllar, respectivamente, a responder los pliegos interpelatorios.

Negociaciones:

El Congreso continúa convocando a tres sesiones plenarias por semana, a un mes de que culmine la actual legislatura. Mientras están enfocados en aprobar, a toda marcha, la mayoría de los dictámenes en Agenda del Pleno, las bancadas también sopesan qué cartas tienen sobre la mesa para el inicio de las negociaciones de la siguiente Mesa Directiva. Si bien lo más probable es que el bloque de la derecha mantenga el control legislativo, aún hay incertidumbre sobre qué bancada encabezará la lista.

Fuerza Popular, que hasta el momento ha mantenido un espacio en la Mesa Directiva, deberá sopesar qué tan conveniente es asumir la presidencia del Parlamento, en lo que sería el inicio de la temporada electoral. El Congreso mantiene una constante desaprobación en las encuestas ciudadanas y ello se podría ver reflejado en las urnas en los próximos comicios. Además, la campaña electoral tiende a incrementar los ánimos populistas en el Legislativo y quien lidere la próxima Mesa Directiva deberá tener una agenda de trabajo ordenada para balancear una agenda populista y delimitar las normas de reforma electoral. O asumir la presidencia de la República, en el peor de los casos.

Propuesta rechazada:

La Comisión Permanente rechazó, con 17 votos en contra, 8 a favor y 4 abstenciones, la propuesta del Ejecutivo para que Pedro Cartolín sea el próximo contralor general de la República. Los votos a favor vinieron de APP y Podemos Perú, en su mayoría; mientras que Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular fueron los principales opositores, además de Cambio Democrático y Acción Popular.

Este rechazo supone, en realidad, un revés para las bancadas que promovían esta propuesta. En el pasado, Cartolín había sido considerado por Podemos Perú y Somos Perú para la Defensoría del Pueblo. Los votos en contra, de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, son una respuesta al gobierno que también deben considerarse en la negociación de la propuesta, y no solo considerar a APP, aliado natural del gobierno.

Fiscalía politizada:

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia ordenó, esta semana, la reincorporación de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema del Ministerio Público. Como se recuerda, el Congreso aprobó, en junio del año pasado, la inhabilitación contra Ávalos por cinco años para el ejercicio del cargo público. La congresista Patricia Chirinos promovió, en su momento, la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos.

De hace un tiempo atrás, hay una clara disputa del control institucional de la Fiscalía de la Nación, de sectores politizados y enfrentados ideológicamente. La reincorporación de Ávalos, a la Junta de Fiscales Supremos, causa desazón en el Congreso, especialmente en el bloque de la derecha, y va a suponer que el retorno de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación se torne complejo. A ello, se le suma la respuesta de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien continuará investigando a la congresista Patricia Chirinos en la investigación preliminar que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal. Es decir, continúan los ataques y contraataques en esta guerra politizada e ideologizada. 

Esta disputa institucional contribuye a la inestabilidad política y compromete el rol de la Fiscalía de la Nación con actuaciones cada vez más politizadas. Mientras continúe esta pelea de control interno, los casos fiscales más importantes siguen dilatándose.