Ejecutivo y Legislativo: Cierre del año

Cierre de legislatura:

El Congreso cierra este viernes 15 la primera legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2023 – 2024. Como suele ser, prima una agenda recargada y desordenada en el Parlamento en las últimas sesiones plenarias, pues cada congresista busca ingresar sus temas de interés antes del cierre del año. En este contexto, se da un nuevo intento de arremetida por parte del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras la suspensión provisional contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El Pleno aprobó, con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones admitir a debate la moción que propone remover a los miembros de la JNJ. La mayoría de los votos a favor provino de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País. La moción se debatirá este viernes 15 a partir de las 3:00 p.m. y, de asistir, cada integrante de la JNJ tendrá 15 minutos para ejercer su defensa. Para remover a los miembros, la moción debe alcanzar un mínimo de 87 votos.

El principal factor es que esta moción entra en un espacio de alto riesgo en un momento intenso en el Congreso, en donde priman las negociaciones, colectivas e individuales. Eduardo Salhuana, vocero de APP, adelantó que su bancada está a favor de debatir la moción, pero no necesariamente de concretar una remoción a los miembros de la Junta, como lo había adelantado el líder del partido, César Acuña, hace unas semanas. Sin embargo, el factor clave para las negociaciones recae en las abstenciones, donde están los votos del Bloque Magisterial, Acción Popular y Somos Perú. Si bien la bancada de Podemos Perú votó dividida sobre la admisión de la moción, es un grupo parlamentario que podría alinear su postura si es que ingresa en agenda del Pleno temas de su interés, como el retiro de fondos de las AFP. Desde el entorno de los promotores de la moción consideran que, a horas del inicio del debate, hace falta confirmar una decena de votos a favor, aproximadamente. El espacio está abierto y el riesgo es latente, especialmente tras las últimas alianzas que se han generado sobre distintos proyectos que benefician directamente a los partidos políticos con presencia en el Parlamento, y también a sus cuestionados líderes.

Por su parte, los miembros de la Junta deben decidir si acuden al Pleno a ejercer su derecho a la defensa; se abstienen de asistir o; incluso, presentan alguna medida cautelar contra el proceso, como ya lo han realizado en el pasado. No se ha descartado evaluar un desacato a una posible destitución, bajo el argumento de un indebido proceso. Los asesores de la JNJ vienen planteando distintos escenarios, tanto a nivel interno como mediático.

El Pleno, además, eligió a Pedro Alfredo Hernández Chávez como magistrado del Tribunal Constitucional con 103 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones. Hernández se venía desempeñando como asesor en el Tribunal Constitucional, en el despacho del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, y fue asesor principal del despacho de la excongresista fujimorista Yesenia Ponce. El resultado de la votación demostraría alianzas imprevistas al inicio de este Congreso, pero que, con el pasar del tiempo, los congresistas habrían entendido que la armonía les asegura la supervivencia colectiva. Algunos sectores señalan que Hernández era el candidato de Fuerza Popular y que la bancada naranja logró convencer a Perú Libre de apostar por este nombramiento. A lo largo de la última jornada Plenaria podría esclarecerse a cambio de qué se dio esa negociación, pues los cerronistas se han convertido en uno de los bloques que mejor negocia sus movimientos en el Congreso, a pesar de la poca experiencia de sus parlamentarios.

Esta última idea también se evidenciaría en la Comisión de Ética. En este espacio se archivó, ahora último, las investigaciones contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y las denuncias contra las congresistas acusadas de recortar sueldo a sus trabajadores, María Acuña e Hilda Portero. También se realizó una amonestación escrita a Digna Calle por su prolongada ausencia física y se acordó amonestar a Katy Ugarte por despedir a una trabajadora embarazada. La única excepción, tal vez, sería María Cordero Jon Tay, suspendida por 120 días tras recorte de sueldo a trabajadores. Cordero Jon Tay no habría podido evitar este resultado al quedar sin el respaldo de alguna bancada.

Las contrarreformas:

A pesar de las diferencias programáticas, los intereses de los partidos liderados por Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón convergen en distintas líneas. Tienen un estilo de liderazgo similar, manejado por cúpulas establecidas; además de a sus principales figuras seriamente cuestionadas; y una postura “anticaviar” bastante instaurada en sus mensajes y argumentos políticos. Esta alianza, impensada hace poco más de 2 años, a la que se suman, dependiendo los temas de agenda, otras bancadas de distintas tendencias políticas, ha logrado consolidarse en torno a las más polémicas contrarreformas durante los últimos 6 meses.

En la última sesión del Pleno, se aprobaron, entre otras iniciativas, la eliminación de las elección Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), retornando al estado previo a la reforma de 2019, con lo que los partidos políticos podrán decidir si eligen a sus candidatos mediante delegados; abierta para militantes, o abierta a la ciudadanía en general. A pesar de las discusiones de fondo respecto de esta iniciativa y de su real aporte a la consolidación de la democracia participativa, que se puede discutir largamente, lo claro es que los líderes partidarios prefieren mantener el control de sus listas, por distintos motivos. El cobro de cupos para tener lugares privilegiados en listas al Congreso ha sido ampliamente denunciado, y en un escenario con 25 partidos inscritos, y una esperada fragmentación del voto, tener un partido se vuelve un negocio bastante rentable con leyes como esta.

Otras contrarreformas que consiguen consenso son las referidas a la Ley Universitaria. En estos días se ha aprobado la prórroga hasta 2025 para que los docentes universitarios puedan obtener su maestría y seguir enseñando, a pesar de que es una iniciativa promulgada en 2014. Además, en la misma línea, se consiguieron los votos para poder otorgar el bachillerato automático a los egresados, hasta 2024. Sin duda, el tema más preocupante y que se mantiene expectante en la agenda, es la iniciativa que busca brindar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. El bloque contrario a la reforma universitaria es otro que ha logrado una consolidación con el paso de los meses, y de la mano de algunos cuestionados rectores de universidades públicas y privadas, evalúan convertirse en una opción electoral para 2026.

También se ha aprobado, por insistencia, una propuesta que, según la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de la Nación, debilitaría la colaboración eficaz, herramienta que ha servido a estas instituciones para avanzar con distintos casos emblemáticos de corrupción. Nuevamente, algunos de los beneficiados podrían ser los principales referentes de las agrupaciones políticas que impulsaron esta iniciativa, así como los propios congresistas, ya que un número considerable de ellos ha sido señalado por distintos colaboradores eficaces como receptores de beneficios ilícitos, desde el gobierno de Pedro Castillo, e incluso con decisiones políticas que han sido denunciadas en la más reciente trama del Ministerio Público.

Para este último día de sesiones se espera que se pongan al voto iniciativas como el otorgamiento de un bono a jueces titulares, tras una sentencia favorable a estos últimos emitida por el propio Poder Judicial, e impulsada por la legisladora María Acuña Peralta (APP); y otros proyectos de menor impacto y también declarativos que promueven las distintas bancadas para congraciarse con sectores diversos.

Cierre de año para el gobierno:

El Ejecutivo, por su parte, se enfoca estos últimos días del año, principalmente, en la aprobación de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social, antes que finalice el plazo de la delegación de facultades este 22 de diciembre. Además, como cada mes, se vocean posibles cambios en el gabinete, por lo que siempre es una posibilidad de que estos se concreten.

Esta semana, además, se realizó el Tercer Consejo de Estado Regional, liderado por la presidenta Dina Boluarte. Este espacio que articula el trabajo del Ejecutivo con las autoridades regionales habría servido para que los gobernadores regionales eleven sus reclamos y críticas hacia algunos ministros, lo que podría terminar de movilizar a la presidenta a concretar los cambios en el gabinete.