Ejecutivo vs. Legislativo, round 3

Enfrentamiento 3.0:

El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo habría escalado en solo cuestión de días en lo que sería un nuevo anexo a la crisis política. Al presidente del Congreso, José Williams, le costó una semana tomar una decisión frente a la cuestión de confianza que planteó Aníbal Torres el pasado 17 de noviembre, lo que demostraría su falta de expertise político. Williams comunicó el Acuerdo de la Mesa Directiva en el Pleno de este jueves, el mismo que rechaza de plano la cuestión de confianza, por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento, como indica el documento que fue remitido a Torres. El mismo Pleno del Tribunal Constitucional declaraba, horas más tarde y por mayoría, infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la Ley 31399, que regula el referéndum, y la misma por la que Torres presentó la cuestión de confianza pidiendo su derogación.

La respuesta del Congreso ha supuesto que se desencadenen una serie de acciones sobre las que es incierto augurar el desenlace. El presidente Castillo ofreció un mensaje a la nación anunciando que aceptaba la renuncia de Aníbal Torres, pues el rechazo de plano lo consideraba un “rehusamiento expreso de la confianza”, aunque sin clara seguridad sobre lo que comunicaba. Sus voceros oficialistas, como Alejandro Salas y Roberto Sánchez, sí han sido claros en señalar que para ellos se configura una crisis de gabinete, mensaje que también ha tenido eco en el oficialismo del Congreso.

El siguiente acto fue el mensaje otorgado por el presidente del Congreso, José Williams, quien a su vez rechazaba lo dicho por Castillo. Para Williams, el mandatario no se puede atribuir una interpretación contraria, pues “no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza”. Además, señaló que usarán las herramientas constitucionales para la defensa del Parlamento y el estado de derecho, lo que podría escenificar a soldados armándose para otra batalla campal, y se evidencia en la convocatoria al Pleno para este sábado 26. La Mesa Directiva busca que se autorice interponer una demanda competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo, por el ejercicio de la cuestión de confianza.     

Con un gobierno jugando al misterio con una interpretación auténtica de una presunta denegación de la confianza, el Congreso -aparentemente unido- se alista a defender sus fueros, a fin de mantenerse en el cargo. La oposición, cuyos errores han facilitado el camino al presidente, insistirá en buscar la salida de Castillo, quien ha señalado que no se quedará de brazos cruzados ante cualquier intento de retirarlo del cargo, por lo que también está dispuesto a ir al choque, e incluso intentar una disolución forzada del Legislativo. En ambos poderes deben tener claridad que, ninguna salida parcial a la crisis, es decir, que se promueva elecciones de uno solo de los dos poderes, solo profundizarán los conflictos y recibirán el rechazo ciudadano.

Si bien desde el Parlamento existiría confianza en recibir el respaldo de las Fuerzas Armadas ante cualquier intento de cierre promovido por el Ejecutivo, a pesar de que en anteriores ocasiones han señalado «no ser deliberantes» en estos contextos, también se espera que las acciones que se inicien ante el Tribunal Constitucional les sean favorables. En el gobierno, se tenía confianza de que el trabajo que viene realizándose desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a través de Gustavo Bobbio, general EP (R) y jefe de gabinete de Asesores de la institución, ayude a un acercamiento en un contexto complicado, pero con el pasar del día, el panorama podría haber cambiado, con las recientes detenciones preliminares de José Luis Fernández Latorre, jefe de la DINI, el asesor presidencial Henry Shimabukuro y el empresario Samir Abudayeh.

A pesar de este forcejeo, la historia podría terminar en lo que hemos visto hasta ahora: «nos quedamos todos».

Quinto gabinete, ¿el definitivo?:

El presidente Castillo concretó la renovación del gabinete con la juramentación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros. Chávez, quién fue ministra de Trabajo y venía desempeñándose como ministra de Cultura, ha demostrado ser una férrea vocera del gobierno, pues en más de una ocasión ha pedido en actos oficiales que el pueblo esté preparado “para defender la democracia e institucionalidad” e incluso presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunto delito de abuso de autoridad.

Este enroque en el gabinete sería con miras del Ejecutivo a provocar al Congreso, pues el mismo Pleno que censuró a Chávez como ministra de Trabajo deberá otorgarle el voto de confianza. El Ejecutivo, de sus inicios a la actualidad, ha sabido revertir su débil primer round y poner contra las cuerdas al Congreso, en este segundo round. Quien no seguirá acompañando al nuevo gabinete, es la vicepresidenta Dina Boluarte, quién había liderado la cartera de Desarrollo e Inclusión Social a lo largo de los cuatro gabinetes previos. Boluarte ha decidido dar un paso al costado en lo que reconoce es una polarización que perjudica a todos los ciudadanos, aunque los comentarios apuntan a que, dada su mala relación con la nueva premier, fue ella quien le pidió su salida.      

Revés para traición a la patria:

El Tribunal Constitucional también declaró nulo el proceso por presunta traición a la patria que se sigue contra el mandatario en el Congreso. La Comisión Permanente dispuso que el informe final se regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), lo que es una preocupación menos para el mandatario. El informe final recomendaba acusar por juicio político a Castillo como presunto autor del delito de traición a la patria, con una sanción de inhabilitación por 5 años del ejercicio de la función pública. En la misma sesión de la Permanente se aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la SAC investigue y emita el informe final de la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación contra Castillo.

La oposición, no solo la del Congreso sino también la de otros espacios políticos, sociales y mediáticos, pierde solidez con esta decisión del TC, puesto que su principal problema es que el haber pretendido forzar situaciones ha socavado opciones reales de concretar un proceso serio que demuestre la responsabilidad legal del presidente sobre los actos que se le acusan e investigan. La desesperación política solo habría favorecido al Ejecutivo, cuya aprobación hacia el mandatario ha mejorado en los últimos meses, y a acentuar esta indiferencia de una gran parte de la población hacia la política del país.  

Lo que no sería una victoria para el Ejecutivo podría ser la aprobación de la Ley de Presupuesto. Si bien la aprobación del Congreso se está realizando en la fecha límite, y esto no es inusual, así como el desempeño de José Luna en la presidencia de dicha comisión, lo cierto es que persiste la sensación de que tenemos a un Ministerio de Economía y Finanzas desgastado y debilitado, frente a lo que ha supuesto el manejo de este gobierno. Frente a proyectos de inversión de parlamentarios que no cuentan con el financiamiento correspondiente, y sobre los que demandan se incluyan en el presupuesto, el ministro Kurt Burneo ha depositado la responsabilidad de cualquier desbalance sobre las cuentas públicas del erario a los congresistas, a pesar de que esté en juego el equilibrio fiscal del país.