Distribución de comisiones y construcción de alianzas

Distribución de comisiones:

La distribución de comisiones muestra un escenario retador para el Ejecutivo, con diferencias entre ambas cámaras. En el Senado, la negociación avanzó con mayor facilidad y un resultado más idóneo para el oficialismo, a pesar de que tuvo que ceder espacios.

La presidencia de Constitución quedó con Carlos Mesía, de Fuerza Popular, con más de 30 años de experiencia en derecho constitucional, legislación y asesoría parlamentaria. Con el oficialismo en la cabeza de este grupo, se podrá hacer frente a propuestas populistas de la izquierda referidas a la Carta Magna.

La presidencia de Economía quedó en manos de Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, de postura de centro izquierda, y que planteó durante su campaña presidencial medidas como el incremento de la presión tributaria.

Desarrollo Productivo, Energía, Minas, Infraestructura y Trabajo, será presidida por Daniel Barragán, de OBRAS, quien mantiene una postura populista al igual que su agrupación; mientras que Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, por Susana Matute, de Buen Gobierno; y Justicia, por Katherine Ampuero, de Renovación Popular, siendo dos comisiones en las que se espera prime el criterio técnico.

Fuerza Popular quedó con las presidencias de Inteligencia, Control Político, Procedimientos Especiales y Presupuesto Bicameral. La estrategia del oficialismo parece haber priorizado el control político y de presupuesto antes que concentrar las presidencias ordinarias de mayor visibilidad. Sería una apuesta que le podría permitir mantener capacidad de acción, pero a costa de haber cedido espacios relevantes a otras bancadas.

En la Cámara de Diputados, el reparto refleja con mayor claridad la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Juntos por el Perú consiguió Constitución, Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Justicia, además de la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Buen Gobierno quedó al frente de Educación, Cultura y Deporte, Salud e Infraestructura. OBRAS obtuvo Desarrollo Agrario y Defensa del Consumidor; Renovación Popular asumió Defensa Nacional y Orden Interno, así como Modernización y Contraloría; y Ahora Nación consiguió Economía, con lo que manejará la agenda económica del Parlamento durante el primer año, en ambas Cámaras. Fuerza Popular, aunque presidirá seis comisiones, no logró quedarse con los espacios que habían priorizado para la agenda del Ejecutivo.

El reparto permite identificar dónde podrían concentrarse los principales debates en el Congreso. Juntos por el Perú tendría la capacidad, desde la Cámara de Diputados, de impulsar propuestas vinculadas a reformas constitucionales, una eventual Asamblea Constituyente, la revisión de las denominadas leyes procrimen. Desde Energía y Minas, en la Cámara baja, podría retomar iniciativas relacionadas con la minería informal y el REINFO. Ahora Nación, con Economía en ambas cámaras, tendrá espacio para promover parte de su agenda económica, que en época de campaña incluyó propuestas sobre simplificación tributaria, revisión de beneficios tributarios, y la creación de un eventual fondo soberano. Por su parte, Buen Gobierno tendrá la posibilidad de articular una agenda sectorial coordinada en Salud y Educación, al presidir las comisiones en ambas cámaras. Se podría esperar que, en el caso de esta bancada, se priorice la conducción técnica, pero con parlamentarios que carecen de experiencia legislativa. En Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, la conducción de OBRAS introduce un riesgo adicional de iniciativas con mayor contenido populista.

En términos generales, el Ejecutivo tendría que dialogar en cada comisión y no podrá asumir que su posición, relativamente favorable en el Senado, se traducirá automáticamente en capacidad para controlar la agenda de Diputados. La distribución de comisiones no es un golpe directo al gobierno, pero sí establece puntos de presión sobre su agenda.

En estas primeras semanas, la experiencia de los parlamentarios del oficialismo no ha sido suficiente para convencer a algunas de las fuerzas opositoras de respaldarlos. En Diputados, hay cierta tendencia “antifujimorista” que se remarca cada vez más.

Entre la gestión y la construcción de alianzas:

El gobierno de Keiko Fujimori ha buscado transmitir una imagen de actividad en las primeras semanas. La presidente ha incrementado su presencia en actividades oficiales y viajes al interior del país, y ha presentado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, que estará encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, e integrada por los ministros de Defensa, Economía y Vivienda, además de INDECI y la ANA. La creación de este grupo refleja que el Ejecutivo intenta concentrar la capacidad de decisión y coordinación frente a la emergencia, y evidencia que este tipo de espacios de mayor importancia los delega en los cuadros de mayor confianza del partido.

En paralelo, el Ejecutivo empezó a enfrentar sus primeras presiones sociales. El paro de transportistas en Ucayali terminó luego de un acuerdo que contempla un subsidio focalizado para el transporte de carga y pasajeros y la declaratoria de emergencia del abastecimiento de hidrocarburos. La respuesta evidencia una estrategia orientada a desactivar conflictos mediante acuerdos y medidas de corto plazo. Sin embargo, otros sectores, particularmente las centrales sindicales, permanecen atentos a los anuncios de la presidente, entre ellos el incremento de la Remuneración Mínima Vital.

En seguridad, Fujimori encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional en la sede de la DINI. El gesto busca transmitir una señal de una posición más firme frente al crimen organizado. La expectativa sobre resultados en esta materia es elevada y será el principal indicador con el que la ciudadanía medirá la capacidad efectiva del gobierno.

La delegación de facultades legislativas continúa sin cerrarse. La demora sugiere que el gobierno está priorizando un acuerdo interno en el Gabinete Ministerial antes de presentar la propuesta, probablemente para evitar que las diferencias entre ministros se hagan públicas y debiliten luego su posición con el Congreso. La siguiente etapa será más retadora pues deberán saber convertir el consenso interno a una aprobación parlamentaria, especialmente en la Cámara de Diputados.

En paralelo, los ministros han comenzado a recibir a diputados y senadores, principalmente de Fuerza Popular, pero también de otras bancadas. Esto muestra que existe una apertura del Ejecutivo hacia el Parlamento, pero también que los congresistas podrían estar intentando posicionar desde temprano sus propias agendas frente al gobierno.

Esta semana, el principal punto de atención ha sido la disputa entre el ministro de Transportes, Rafael Rey, y el exalcalde de Lima y actual candidato a teniente alcalde por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respecto de la adquisición de los trenes de Caltrain. Rey sostuvo que no se trató de una donación, mientras que López Aliaga mantiene que los trenes fueron donados y que solo se pagó el transporte.

Más allá del fondo de la controversia, el episodio tiene una dimensión política evidente. Renovación Popular constituye, por ahora, el principal soporte parlamentario del Ejecutivo, como quedó demostrado en la distribución de comisiones, por lo que una confrontación innecesaria podría abrir un flanco político al gobierno. El Ejecutivo tendrá que administrar esta relación con cuidado pues López Aliaga tiene una agenda propia y capacidad para diferenciarse de Fuerza Popular.