Distracciones para el gobierno

Gobierno distraído:

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, formalizó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex. Para la Fiscalía, habría indicios de que la mandataria incurrió en actos delictivos en el ejercicio de sus funciones como jefa de Estado. Este es el escenario que el gobierno habría buscado frenar, la semana pasada, con la demanda competencial contra la Fiscalía y el Poder Judicial, en cancha ahora del Tribunal Constitucional.

La denuncia constitucional presentada contra Boluarte seguirá el debido proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en primera instancia. Si bien el proceso podría tomar su tiempo, supone una distracción para el Ejecutivo, pues pareciera que todo el gobierno se aboca a la defensa de la mandataria: desde la vocería política hasta estrategias en la defensa legal.

Con las energías restantes, el gobierno intenta sacar adelante la delegación de facultades legislativas. Esta semana se presentó el Gabinete Adrianzén en la Comisión de Constitución para sustentar este pedido. El resultado más probable para el gobierno es que el Congreso le otorgue una delegación parcial. El pedido original sería minimizado y la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, señaló que no se darán facultades legislativas sobre iniciativas que estén en trámite en el Congreso. Al tratarse de un gobierno que carece de fortaleza política, aceptará lo que el Congreso decida otorgarle antes del fin de la actual legislatura, con la idea de comenzar el mes de julio con cambios, de cara al Mensaje de 28. Las delegaciones de facultades se han convertido en una herramienta recurrente, en especial para el gobierno de Boluarte, pues está frente a su tercer pedido de facultades legislativas.   

Sálvese quien pueda:

Un Ejecutivo enfocado en los problemas legales de la mandataria, y sin piso político, supone un buen escenario para el Congreso de la República, que puede legislar sin oposición ni contrapeso. El actual Congreso ha sabido sacar provecho de un gobierno privado de firmeza para hacer valer opiniones técnicas en la labor legislativa. El Parlamento está en la recta final de la actual legislatura y Fuerza Popular sacó ventaja a la ausencia del presidente del Congreso, Alejandro Soto, de las sesiones plenarias de esta semana.

Desde hace un tiempo, la bancada naranja tenía en la mira aprobar la reforma al Sistema Previsional Peruano. Si bien el dictamen aprobado en la Comisión de Economía no estaba en la Agenda del Pleno, la publicación del dictamen de la Comisión de Trabajo precipitó el debate en la sesión plenaria del miércoles. En cuestión de horas, y demostrando una maquinaria bien engranada, Fuerza Popular logró ampliar la agenda, poner a debate y que se apruebe, en primera votación, el texto sustitutorio de la Comisión de Economía.

La aprobación se logró con 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones. La mayoría de los votos a favor provino de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Somos Perú. Sin embargo, y por el ajustado resultado, está pendiente de que se realice la segunda votación en 7 días calendario.  

¿Qué se deduce de este resultado? Por un lado, no se percibe la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas que tenía una opinión institucional contraria a varias de las partes del dictamen, como la Pensión por Consumo, para poder ralentizar este debate. El actual Parlamento ha sabido beneficiarse de un MEF limitado y sin impacto político, que no le supone el contrapeso que antes podía tener. Por otro lado, hay incertidumbre sobre las sesiones plenarias que aún quedan antes de la quincena de junio, pues ha quedado demostrado que no existe predictibilidad en la labor parlamentaria. Con un objetivo en la mira para las bancadas, el reglamento del Congreso queda en un segundo plano. Los dictámenes logran ser exonerados de los plazos de publicación y pueden ser debatidos, de manera violenta, en el Pleno, cuando la negociación política les asegura contar con los votos para su aprobación.   

Agenda 2026:

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció su candidatura presidencial en Iquitos. Renovación Popular se unirá al Movimiento Esperanza Región Amazónica, de Jorge Mera, quien intentará llegar al Gobierno Regional de Loreto. El anuncio del inicio de la campaña presidencial para 2026, por parte de Lopez Aliaga, ha ocasionado estragos en el Congreso de la República.

De cara a las elecciones de 2026, y tras el anuncio de López Aliaga, Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaron al partido y a la bancada de Renovación Popular. Montoya conformó, rápidamente, la bancada Honor y Democracia, además, con Gladys Echaíz y con Héctor Acuña, y estaría tratando de fortalecer el grupo parlamentario al que podrían sumarse otros no agrupados. Sin embargo, los estragos también han llegado hasta otras bancadas. El congresista Diego Bazán, quien inicialmente dejó la bancada de Renovación Popular por fricciones con el almirante, ha presentado su renuncia a Avanza País. Pareciera que sin Montoya acaparando la bancada celeste, miembros originales podrían retornar, como podría ser el caso, también, de Norma Yarrow y Jessica Córdova. Entre los otros cambios que han ocurrido en el Congreso, y con miras a las próximas elecciones, está la renuncia de Juan Carlos Lizarzaburu al partido y a la bancada de Fuerza Popular.

El Pleno, además, aprobó, en primera votación con 92 votos a favor, los proyectos de ley que proponen una reforma constitucional para establecer la reelección inmediata, por un solo periodo adicional, para alcaldes y gobernadores regionales. El texto de reforma constitucional será objeto de debate y votación en la siguiente legislatura ordinaria. Sin embargo, y dado que el Congreso no da puntada sin hilo, la reelección de autoridades subnacionales se aprobó junto con la eliminación de los movimientos de alcance regional. Es decir, los movimientos regionales, que lideraron los resultados de las últimas elecciones regionales y municipales, deberán ir en alianza con un partido nacional. Con el plazo para afiliarse a un partido hasta octubre, para quienes buscarán postular en las elecciones regionales y municipales de 2026, todavía quedan varios meses para ser espectadores de qué alianzas deberán realizar los jugadores, vinculados a movimientos regionales, con partidos de alcance nacional, tras este candado impuesto por el Congreso, pendiente de segunda votación.