Desborde regional y entrampamiento político.

Desborde regional de un descontento popular:

La crisis política vivida en la última semana, que terminó en la destitución del presidente Pedro Castillo y la posterior sucesión constitucional de Dina Boluarte como presidenta, viene ocasionando una ola de protestas sociales. Perú se convierte en el eterno objeto de estudio político por parte de analistas, nacionales y extranjeros. 

El desborde regional que se vive actualmente, agudizado por una crisis de representatividad, ha ido escalando en diferentes grupos. Inicialmente, un grupo reducido de simpatizantes pedía la liberación e incluso restitución de Pedro Castillo, lo que se redujo con los días a unas pocas decenas de personas en los exteriores de la DIROES.

Incluso dentro de quienes reclaman por la salida de Castillo, hay distintos pareceres. Algunas asociaciones de Ronderos y grupos de agricultores ven en la vacancia del expresidente una falta de respeto a la decisión de la mayoría de peruanos, y aunque no piden la restitución del detenido exmandatario, sí exigen que Boluarte y los congresistas elegidos en zonas de alta conflictividad, cumplan con las promesas que se les hicieron en campaña. Este mensaje es importante porque expresan que se sienten traicionados y burlados, incluso por el expresidente, y su reclamo parte de una insatisfacción que está cerca de llegar a un límite.

A pesar de haberse dictado una prisión preventiva de 18 meses en contra de Castillo, las protestas se han ido controlando en algunas zonas, y no han convocado a más personas que en días previos, lo que refleja que las protestas y las soluciones a la crisis se buscarán y deberán darse a pesar del propio expresidente.

Quienes insisten en su restitución, más pensando en su continuidad política que en solidaridad a Castillo, son los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia. La Cancillería ha reaccionado llamando en consulta a Lima a los embajadores en esos países.

Luego se sumaron a las calles los que piden un adelanto de elecciones generales, de manera inmediata, al no sentirse representados por los actuales actores políticos, tanto en el gobierno como en el Congreso. Los manifestantes de este grupo aluden no haber votado por Dina Boluarte como presidenta, a pesar de que la mandataria asumió por formar parte de la fórmula presidencial que ganó la segunda vuelta electoral con un 50.13% en 2021.

Por último, también se han volcado a las calles el grupo más radical que demanda una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Estas demandas tienen eco en el ala izquierdista del Congreso, sin que esto suponga una novedad. Perú, que no clasificó al Mundial, ciertamente está en tiempo suplementario de un partido crítico en su historia.

Desde la Policía Nacional del Perú han señalado que, entre los protestantes, se ha identificado a personas vinculadas a grupos radicales en zonas donde se han producido desmanes y ataques a la propiedad privada y pública. Es evidente que estos grupos no esperan un espacio de diálogo, sino que están buscando desestabilizar el país.

En medio de reclamos justos y movilizaciones con distintos fines, es importante rescatar algunos mensajes y pedidos de los distintos actores sociales. Si estos se siguen postergando, no solo seguiremos en medio de una crisis de representatividad, sino que esta situación podría escalar a un descontento generalizado que desembocaría en pedidos más radicales de cambios de fondo.

Identificar a los grupos que protestan, sus demandas, y “separar la paja del trigo”, nos permitirá construir un espacio de diálogo que contribuya a una convivencia más sana, y a romper con las duras barreras que dividen a Lima y gran parte de la Costa del Centro, Sur y Oriente del país. Esta crisis puede ser una (tal vez la última) oportunidad para encausar la tan postergada reconciliación nacional.

Entrampamiento político o ‘manual de actores políticos para insistir en su agenda en medio del conflicto social’:

Boluarte pasó rápidamente de pretender quedarse hasta 2026 a apoyar la convocatoria a elecciones para 2024, para luego ceder en una opción hacia diciembre de 2023. Este cambio en la narrativa en cuestión de una semana solo se entiende como una sobrevivencia política frente a un descontento personificado en su persona, y que pareciera no logra entender. “No entiendo por qué se levantan en mi contra” ha declarado, además de no parar de invocar a la paz.

El descontento de las regiones parece no ser suficiente para que los actores políticos encuentren una salida viable. En el Pleno del Congreso no se aprobó el texto sustitutorio que planteaba Elecciones Generales para diciembre de 2023, con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones (al ser una reforma Constitucional, requería mínimo 66 para luego ser sometido a referéndum, u 87 para ser aprobado nuevamente en una segunda legislatura). La izquierda insiste en que este proceso se realice con una consulta a una Asamblea Constituyente, mientras que la oposición de la derecha (Avanza País y Renovación Popular) no quiso ceder por una diferencia de 4 meses. Sin importar a cuánto escale el nivel de conflictividad, con 20 fallecidos hasta el momento, cada actor político parece estar dispuesto a quemar hasta el último cartucho con tal de sacar adelante su propia agenda.

Las posiciones de los parlamentarios de uno y otro bloque ideológico parecen solo excusas para alargar lo más posible su permanencia en el cargo. Tanto la Asamblea Constituyente como la reforma política se han vuelto en los pretextos de las bancadas que siempre se mostraron reacias a adelantar elecciones, para no llegar a un acuerdo político en medio de la convulsión social que atraviesa el país.

¿Qué se puede esperar, además de un capítulo digno de thriller político?:

La negativa del Congreso de aprobar un adelanto de elecciones abre algunos escenarios, sin mucha certeza, de cómo aumentará el descontento en las calles. La presidenta Boluarte, a la que además le acaban de renunciar dos ministros este viernes, podría presentar su renuncia, para alejarse de la decisión del Parlamento y no seguir asumiendo pasivos en su gobierno.

Frente a esto, el presidente del Congreso asumiría la presidencia del país y convoca de inmediato a elecciones, pero la incertidumbre gira alrededor de si debiese ser generales o presidenciales. Si bien la respuesta obvia es una elección general, se puede esperar la presión de los congresistas que apuestan por la continuidad hasta 2026, como si no existiera un descontento nacional de quienes no los quieren más hasta 2023, menos 3 años más. 

El otro escenario, aún latente, es que, tras la reconsideración presentada a la votación de esta tarde, los congresistas hagan eco de razón y encuentren consenso para aprobar, finalmente, el texto sustitutorio, lo que no asegura que disminuya el descontento en las calles, pero es mirar un poco más allá de sí mismos.

Un espacio que no puede dejarse de lado es que la reforma política deba ser aprobada a través de un referéndum. Esta situación podría polarizar aún más la situación del país, que todavía no sana las heridas que dejó el proceso electoral del 2021. La falta de consenso en el Parlamento podría trasladarse a las calles, donde a pesar de existir mayoría a favor del adelanto de elecciones, también hay matices sobre la forma y el fondo de lo que allí debería consultarse, sin descartar que se abra la puerta para propuestas extremistas.

De manera paralela a todas estas posibilidades, existe un claro descontento de un sector de la población que demanda cambios radicales e inmediatos y que podría ser capitalizado por un líder verdaderamente radical, mientras cada sector ideológico del país continúa con errores y desaciertos. La izquierda continúa con mensajes anti-establishment y de cómo, a pesar de haber sido gobierno, su fracaso se explica en causas externas a ellos (medios de comunicación, Fiscalía, etc); mientras la derecha se rehúsa a discutir o debatir una nueva Constitución, la que a estas alturas termina siendo algo simbólico para la población, más que el contenido en sí.