Crónica de una muerte anunciada.

El Instituto de Estudios Peruanos publicó esta semana el informe de opinión de febrero. La presidenta Dina Boluarte enfrenta un 77% de desaprobación hacia su gestión; mientras la del Congreso llega al 90%. Si bien podría haber algunos gestos de la mandataria que profundizan la crisis, como el haber minimizado a los fallecidos en protestas, la desaprobación también tiene una cuota importante de subjetividad y pasa más por lo que la ciudadanía percibe, producto del agotamiento de una crisis que se ha extendido por más de un lustro, que por las acciones mismas de Boluarte.

Para el IEP, durante el gobierno de Castillo, ante la inestabilidad, un 60% estaba a favor del adelanto de elecciones como una salida a la crisis política, mientras un 30% creía que Castillo debía terminar su mandato. Sin embargo, la idea que Boluarte asumiera la presidencia no llegó a pasar de un 4%. Es decir, la mandataria difícilmente iba a tener un buen punto de partida. En esta última encuesta, además, un 73% considera que Boluarte debe renunciar, cifra similar a enero.

Respecto a las protestas, un 58% indica sentirse identificado con estas. Además, un 55% de los encuestados considera que las protestas conseguirán que se adelanten las elecciones. Si bien ambas cifras son altas respecto al efecto generado por el conflicto, evidencian un respaldo a las acciones, y podría considerarse un indicador de que estas continuarían, pero no habría un elemento que exhiba que más personas estén dispuestas a marchar y movilizarse para concretar ese pedido.

Actualmente, habría una mayor organización de los movimientos sociales, en especial en las regiones del sur, que están tratando de agrupar los esfuerzos para que las convocatorias no se hagan de manera independiente. Esto podría ser un nuevo componente, pero, hasta el momento, la “segunda toma de Lima” tampoco tiene una gran acogida. En especial porque los esfuerzos continúan focalizados en Puno, una región caracterizada por el factor radical y anti-sistema, y cuyos pedidos no son necesariamente viables. 

Por último, el Pleno rechazó la reconsideración, con 41 votos a favor, 63 en contra y 3 en abstención, a la votación que autorizó el trámite de proyectos de ley sobre adelanto de elecciones. De esta manera, la Comisión de Constitución puede volver a dictaminar iniciativas legislativas en esta materia en el actual período anual de sesiones. Lo interesante de esta votación es que ha mostrado cómo bancadas han logrado consolidarse en medio del caos, por sus deseos de mantener el poder, como es el caso de Acción Popular, unificado tras meses de fragmentación entre sus integrantes. Esta nueva etapa en el Parlamento seguro que traerá algunas sorpresas más.