Convocatoria a elecciones, ¿maniobra distractora? 

Convocatoria en medio de cuestionamientos:

La presidente Dina Boluarte oficializó esta semana la convocatoria a las Elecciones Generales de 2026. La fecha límite para ello era el 12 de abril, según el cronograma electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La convocatoria ha puesto los reflectores de la atención ciudadana y mediática en la campaña electoral y en los titulares de los organismos electorales, reduciendo el escrutinio sobre el gobierno. Ha quedado en segundo plano la censura a Santiváñez, el inadecuado manejo del sector Interior y la reciente designación del nuevo ministro, Julio Díaz Zulueta. Este último, se venía desempeñando como viceministro de Seguridad Pública y fue uno de los 17 generales de la PNP que Francisco Sagasti, como presidente de la República, pasó al retiro en 2020, en medio de cuestionamientos por los presuntos actos de corrupción en su gestión como jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque. La evidencia sugiere que el nombramiento de Díaz Zulueta como ministro del Interior responde a su cercanía con Santiváñez dentro del Ministerio del Interior. Su principal desafío es la lucha contra el crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana, los principales problemas para la ciudadanía.

Por otro lado, la censura a Santiváñez no implica su desaparición del ámbito público o de la escena política. En primer lugar, es altamente probable que sea reubicado en un nuevo cargo, como ha sucedido con otros miembros del entorno de confianza de Boluarte. Un ejemplo reciente es la contratación del exministro Julio Demartini como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pese a su investigación por presunta corrupción en el programa Qali Warma. Asimismo, Leslie Urteaga, actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue reincorporada al Gabinete Ministerial, tras haber ocupado la cartera de Cultura hasta setiembre del año pasado.

No obstante, a diferencia de los casos anteriores, todo parece indicar que el extitular del Interior seguirá teniendo bastante influencia en el ministerio, no solo como asesor en la sombra, sino incluso como un «ministro en la sombra» con capacidad de decisión en el sector. Además, su posible incursión en la política no está descartada, pues, en su mensaje de despedida, dejó entrever su intención de postular con la frase: “nos vemos en el 2026”.

El principal reto para Boluarte es asegurar su permanencia en el cargo hasta julio del próximo año. Se trata de una mandataria con un poder bastante reducido, cuya continuidad depende del respaldo de sus aliados en el Congreso. La gran incógnita es si seguirá siendo funcional a los intereses parlamentarios o si, por el contrario, el Legislativo comenzará a distanciarse de un gobierno marcado por altos índices de impopularidad. No obstante, una sucesión presidencial representa un riesgo para los partidos políticos que se vinculen a esta decisión, en especial al que asuma la presidencia. Sacar a Boluarte no es una decisión fácil para las bancadas cuyas agrupaciones políticas tienen aspiraciones para los procesos electorales de 2026.

La figura de Castillo en el Congreso:

El juicio oral por el golpe de Estado en 2022 contra el expresidente Pedro Castillo continúa con la citación de nuevos testigos. Mientras el proceso avanza en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en el Congreso su figura sigue siendo motivo de disputa. El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Cavero, de Avanza País, presentó una segunda denuncia constitucional contra Castillo por el golpe de Estado, solicitando su inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público. De aprobarse la inhabilitación, el exmandatario quedaría impedido de asumir un cargo público, incluida una eventual postulación al Congreso en el período 2026-2031.

Esta tentativa de inhabilitación se interpreta como una respuesta de la derecha al intento de Juntos por el Perú, del congresista Roberto Sánchez, de forzar una eventual postulación de Castillo al Senado. Para lograrlo, JPP buscará conformar una alianza con otros partidos o movimientos regionales que compartan como objetivo lograr la libertad del expresidente y promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Esta coalición, denominada “Frente Patriótico y Popular” por Sánchez, buscará agrupar a la izquierda popular y a las fuerzas patrióticas. No se descarta conversar con Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, y Ahora Nación, de Alfonso López Chau, que hasta el momento viene siendo la coalición más definida. Con el plazo de inscripción de las alianzas fijado para inicios de agosto, hay margen para las negociaciones entre las distintas agrupaciones políticas.   

Panorama 2026:

La Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares sobre las denuncias que buscan declarar ilegales a los partidos Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y País para Todos, cuya cara más visible es el humorista Carlos Álvarez, por presuntas conductas antidemocráticas. Keiko Fujimori criticó esta decisión, señalando que se estaría empañando el proceso electoral, a solo días de su convocatoria. El subsecretario del partido, Miguel Torres, no ha descartado que interpongan una acción de amparo. Por su parte, Carlos Álvarez expresó su respeto por las instituciones del sistema de justicia, pero vinculó la solicitud presentada en contra del partido con un exmilitante de A.N.T.A.U.R.O., sugiriendo que habría “motivación política”, según sus declaraciones.

Algunas agrupaciones políticas ya se han pronunciado en contra de la investigación preliminar. Renovación Popular, del alcalde Rafael López Aliaga, emitió un comunicado rechazando una presunta interferencia del Ministerio Público en el proceso electoral. En línea similar han opinado líderes de Acción Popular y el PPC. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

Lo cierto es que lo ocurrido con la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), cuya inscripción como organización política fue cancelada tras ser declarada ilegal por la Corte Suprema, ha sentado un precedente en el panorama político. Es la primera vez que se aplica la disolución de un partido, según la Ley de Organizaciones Políticas, por el discurso que promueve una agrupación. Las agrupaciones deberán ser más cautelosas al momento de promover sus mensajes o discursos, e incluso de su vinculación con economías ilegales. Los partidos van a ser el foco de atención, ahora más que antes, de la Fiscalía y el Poder Judicial, teniendo en cuenta el enfrentamiento que ha ocurrido entre estas instituciones y el Congreso los últimos años.

Por último, la convocatoria a las Elecciones Generales 2026 también habría originado una nueva discrepancia en el proceso electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que solo los partidos políticos con inscripción vigente hasta el miércoles 26 podrán participar de los comicios. Es decir, las 41 agrupaciones actualmente inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas. El martes por la mañana, horas antes de que la presidente convoque al proceso electoral a través de un mensaje a la Nación, el JNE publicó el Reglamento de Organizaciones Políticas. Este último establece que, para participar de cualquier proceso electoral, los partidos deben contar con inscripción vigente, a más tardar, en la fecha de la convocatoria.

Sin embargo, algunos especialistas en derecho electoral sostienen que la fecha para que los partidos logren su inscripción debe ser, todavía, hasta el 12 de abril, dado que era el plazo para que la mandataria convoque a elecciones generales. Son 5 las agrupaciones con síntesis publicadas, la etapa final del proceso de inscripción: Partido Político Integridad Democrática, del general FAP en retiro Wolfgang Grozo; Resurgimiento Unido Nacional, del exministro Ciro Gálvez; Un Camino Diferente, del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández; Unidad Popular, del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Adelante Pueblo Unido, del expremier Aníbal Torres. Para varios de los especialistas, de no haber una rectificación, los partidos que queden fuera de la carrera podrían interponer una demanda de amparo. El presidente de JNE también indicó que la próxima semana estaría listo el cronograma electoral final, tras el período de aportes y opiniones, para su aprobación, con lo que se tendrá certeza de las fechas finales clave para este año.