Control de la narrativa internacional

Otárola en Brasil:

Esta semana el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, participó en una reunión de presidentes de América del Sur en Brasil, en representación de la presidenta Dina Boluarte, quien no pudo viajar debido a que no cuenta con un vicepresidente a quien encargar su despacho. Otárola fue el único no mandatario en participar en el encuentro, y su presencia parece haber pasado desapercibida en medio de los diez mandatarios que estuvieron presentes.

El jefe de gabinete no recibió la misma atención que la que hubiese recibido Boluarte, solo sostuvo reuniones con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y el mandatario chileno Gabriel Boric, además de un saludo protocolar con el presidente brasileño Lula Da Silva, quien fue anfitrión del evento. Si bien la presencia de Otárola representa un ligero avance en la mejora de las relaciones diplomáticas del gobierno, ha quedado claro que es fundamental que sea Boluarte quien participe en las próximas reuniones entre presidentes, sobre todo si pretende fortalecer su imagen en el marco internacional, en medio de acusaciones de violación de derechos humanos durante las protestas, y el rechazo de sus homólogos de izquierda. 

Tras su paso por Brasil, Otárola se ha enfocado en dar el mensaje de que su participación en la cumbre sí recibió la atención debida de los mandatarios de América del Sur y no pasó desapercibida, en lugar de hablar de los resultados y logros de su viaje, lo cual podría jugarle en contra. El Ejecutivo ha remitido al Congreso recientemente un proyecto de ley que permite a la mandataria gestionar su despacho presidencial de manera remota, permitiéndole salir del país. Queda en manos del Legislativo aprobar la iniciativa, que ya cuenta con dictamen en la comisión de Constitución, y podría ser debatida en el Pleno del Congreso en las próximas semanas. El premier se ha reunido con varias bancadas en la última semana con miras a la aprobación del proyecto, por lo que no estaría lejana una negociación política, especialmente con una próxima renovación de los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento.

Dina hasta el 2026:

Mientras tanto, en Palacio de gobierno, la presidenta Dina Boluarte estaría enfocada en ratificar su permanencia en el cargo en su primer mensaje a la nación por 28 de julio, centrándose en los resultados de su mandato y ya no en el plano político. Y es que ahora, que la amenaza de las movilizaciones sociales parece haberse disipado, el gobierno estaría más abocado en la gestión pública, y en hacerle frente a la problemática económica.

Las últimas convocatorias a manifestaciones no han tenido mayor acogida en regiones, e incluso en Puno, en donde se centró el foco de la protesta en el primer trimestre del año, el anunciado “paro seco” no tuvo la convocatoria que los grupos impulsores habían previsto, y las actividades se realizaron con normalidad.

Asimismo, el gobierno regional de Puno, que inicialmente respaldó la protesta, no se mostró a favor de la convocatoria, mientras que los gremios de comerciantes y transportistas rechazaron la medida. Esto evidenciaría que “la calle” está más preocupada por el día a día. Precisamente, es este inmovilismo el cual parece augurar que Boluarte podría permanecer en palacio hasta el 2026.

Sin embargo, hay que considerar que todavía hay grupos radicales que insistirían con las protestas, posiblemente buscando algún hecho lamentable que traiga de nuevo a la mesa cuestionamientos al gobierno de Boluarte, intentando ratificar las acusaciones de violación de derechos humanos que expuso el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El costo de la gobernabilidad:

En el Congreso de la República y el Ejecutivo está primando una gobernabilidad que no ha sido vista en, al menos, los últimos siete años, los cuales estuvieron marcados por la confrontación entre ambos poderes con vacancias, cierres del congreso, censuras e interpelaciones.

Boluarte y Otárola han logrado tener como aliados a los bloques de derecha, evitando así que prime el revanchismo de las antiguas bancadas oficialistas que terminaron por convertirse en oposición. Sin embargo, si bien este escenario de consensos es provechoso para el desarrollo del país, la ausencia de confrontación ha ocasionado que no se cuestionen polémicas decisiones de ambos poderes: el gobierno pasó por alto el archivo de la denuncia constitucional contra los congresistas denominados como “los niños”, mientras que la mayoría congresal terminó por no cuestionar el accionar del Ejecutivo durante las protestas.

Ante este panorama, quedará en manos del Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, y Procuraduría, asumir una función fiscalizadora. A puertas de julio, este clima de consensos entre el Ejecutivo y el Congreso podría cambiar con la elección de una nueva Mesa Directiva del Congreso. La continuidad de esta gobernabilidad, beneficiosa para ambos poderes, dependerá de la posición que adopten las bancadas.

Reforma del sistema de pensiones:

En tanto, en el Congreso de la República, un proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones podría marcar el fin de la legislatura. En la Comisión de Trabajo, presidida por Sigrid Bazán, se aprobó un dictamen que reúne iniciativas presentadas por Perú Libre, Podemos Perú, Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Democrático, que plantea la creación de un Sistema Único de pensiones, que también incluya al sector informal.

La iniciativa posiblemente también sea aprobada por la Comisión de Economía, liderada por Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, aunque con un texto distinto. No es la primera vez que desde el Legislativo se busca la reforma del sistema de pensiones, la negociación ha tenido muchas idas y vueltas, sin embargo, parece ser que en el Congreso habría un consenso por impulsar la reforma.

Sumado a esto, también se han presentado siete proyectos de ley para el retiro de fondos de AFP. Asimismo, en la Comisión de Trabajo también se evalúa una iniciativa que busca prolongar el plazo de retiro de la CTS, impulsada desde Alianza por el Progreso.

En el Congreso persiste la idea de que permitir el acceso a estos fondos que tienen un fin preventivo para el momento de la jubilación o afrontar el desempleo, les genera un posicionamiento favorable hacia la ciudadanía, aun cuando son pocas las personas que tienen acceso a estos beneficios. La ola populista no parece haber pasado con el fin de la pandemia por COVID-19, y cada nueva crisis o problema social se convertirá en una nueva alternativa para recurrir a este tipo de propuesta.