Continúan las fricciones institucionales

Restablecer la inmunidad parlamentaria:

La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone restituir la figura de la inmunidad parlamentaria, con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. De aprobarse la propuesta con una votación calificada en dos legislaturas, esta entraría en vigor a partir de 2026, para los diputados y senadores del Congreso bicameral. La medida reinstaura un modelo muy similar al que fue eliminado en 2021 y es un golpe más al precario equilibrio entre los poderes del Estado en el país.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, la inmunidad parlamentaria se justifica como una herramienta de protección frente a eventuales actos de persecución política contra los representantes electos. Sin embargo, en la realidad peruana, esta figura ha sido desnaturalizada y utilizada como un escudo frente a procesos que no son una cacería de brujas, sino que comprometen la integridad de los legisladores. En la práctica, la inmunidad es un mecanismo de impunidad selectiva, administrada por el propio Parlamento a través de decisiones que responden más a negociaciones y acuerdos entre bancadas, dependiendo del color de la camiseta.

El dictamen, además, tiene una redacción ambigua, como han señalado algunos expertos. Según el texto, la figura de la inmunidad no aplicaría a “delitos cometidos antes” del ejercicio parlamentaria, lo que necesita de una sentencia que lo determine, en lugar de referirse a “hechos cometidos antes” de asumir el cargo. Esto abre un margen interpretativo que no es casual y favorecería a la inaplicabilidad del levantamiento del fuero parlamentario.

Asimismo, la Comisión de Constitución no ha sustentado, a través de evidencia, la necesidad de esta restitución. Cuatro años después de su eliminación, no se ha registrado que la ausencia de la figura atente contra la funcionalidad de un Congreso que, paradójicamente, ha centralizado el poder.

La inmunidad parlamentaria es una figura vigente en la mayoría de los países de la región, pero con claras diferencias. En Chile, el desafuero de los parlamentarios recae en instituciones del Poder Judicial e incluso en el Tribunal Constitucional. Ello significa que otro poder del Estado se encarga de la evaluación. Sin embargo, para el actual Congreso nacional, adoptar una figura similar significaría ceder poder, lo que estaría lejos de ocurrir para una clase política que ha demostrado legislar para sí misma.

Para su aprobación en el Pleno, el dictamen requiere de una votación calificada favorable (87 votos) en dos legislaturas consecutivas. Las bancadas que votaron a favor en la comisión fueron Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular. En contra votaron los congresistas de las bancadas de Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular, mientras en abstención votaron los integrantes de Avanza País y el Bloque Magisterial. Si se replica en el Pleno una votación en bloque de los grupos parlamentarios que votaron a favor, podrían llegar a los 90 votos a favor, con lo que la iniciativa se aprobaría.

REINFO:

El Ministerio de Energía y Minas emitió nuevas disposiciones sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Dentro de lo aprobado, se habilita la transferencia de la titularidad por sucesión. En papel, según el MINEM, con esta disposición se buscaría establecer un único responsable de los impactos generados por la actividad minera y garantizar que se culmine el proceso de formalización. En la práctica, lo que significa es que el gobierno opta por el facilismo, al darle un sentido de permanencia al REINFO, dando espacio a cohabitar con la informalidad. Es la consolidación de un régimen de informalidad minera que se tolera y se prorroga.

Se evidencia, además, que hay un Ejecutivo sin agenda propia respecto a la formalización de la minería y que actúa de manera subordinada a las decisiones del Congreso. Este último ha promovido, de manera sistemática, las ampliaciones y otras normas en favor de la minería informal e ilegal. A pesar de que el ministro declaró que para el próximo año todas las normas relacionadas al REINFO quedarán extintas, no hay mayores indicios de la nueva Ley MAPE. El ministro Montero estaría evitando seguir los pasos de su antecesor, Rómulo Mucho, quien fue censurado por enfrentar a la minería ilegal.

La interpelación al ministro de Energía y Minas, promovida por la bancada de Acción Popular, y que cuenta con solo 30 firmas, no reflejaría, en realidad, cuestionamientos generalizados al REINFO en sí, sino a una preocupación de una mayor atribución que se le otorgó al Ejecutivo. La ley aprobada por el Congreso ampliaba el proceso de formalización, pero no establecía que el MINEM podía plantear este tipo de mecanismos, aunque, como señaló el ministro, lo emitido estaría dentro de las facultades de la Dirección General de Formalización Minera. La semana de representación podría ayudar a que se diluya el tema de la interpelación en favor de Montero.

Gobierno vs. Fiscalía, la secuela:

El abogado de Dina Boluarte señaló, en conferencia de prensa, que tomará acciones legales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por las denuncias constitucionales que presentó contra la mandataria. La semana pasada, la Fiscalía de la Nación presentó dos denuncias constitucionales contra la mandataria por los presuntos delitos de lesiones leves y graves en agravio de ciudadanos, vinculado a las protestas sociales comprendidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023; y por enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos, en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social y como mandataria.

Estas acciones revelan, no solo la fricción que hay con el Ministerio Público, sino que hay una predisposición de Boluarte a utilizar herramientas, si bien constitucionales, como presión política. Es, después de todo, un gesto de hostilidad.

Paralelo a ello, la defensa legal de la mandataria también envió una carta notarial al médico cirujano Mario Cabani para que se abstenga de declarar ante la Comisión de Fiscalización, citado a este espacio el próximo 28 de mayo. Aunque se argumenta que la reserva médica ha sido levantada para la Fiscalía, es un claro intento de silenciar a lo que podría ser su mayor preocupación: si las intervenciones supusieron un delito de omisión de actos funcionales y abandono del cargo.

A ello, se le suma el reciente hallazgo por parte del Ministerio Público respecto a un desbalance patrimonial de 58 mil soles en las cuentas de la presidente, en el marco del Caso Rolex. La decisión del Tribunal Constitucional, respecto a si un jefe de Estado puede ser investigado durante su mandato por la Fiscalía sentará un precedente.

¿Qué se viene en el gobierno?:

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, está enfocado en la presentación del Gabinete Ministerial para el voto de investidura. El premier deberá presentarse en junio ante el Pleno para exponer la política del gobierno y obtener el respaldo del Congreso para su gestión. Para su discurso de investidura, Arana se enfocará en destacar el crédito suplementario anunciado por la mandataria para poder atender sectores como vivienda, transportes, salud, educación y agricultura. Luego de la presentación de Arana, el gobierno se enfocará en el balance del Mensaje a la Nación, abordando sobre un proceso electoral transparente y limpio, e incidir en el fin del gobierno, en julio de 2026.

El cambio en el Gabinete Ministerial, además, ha significado una reevaluación de las medidas que se propondrían, especialmente, desde el MEF en un nuevo pedido de delegación de facultades. El ministro Raúl Pérez-Reyes estaría revisando algunas medidas regulatorias que su antecesor, José Salardi, estaba encaminando. En sus primeros días de gestión, Pérez-Reyes ha optado por reunirse con los representantes de los principales gremios empresariales del país, así como con autoridades subnacionales.

Los representantes de los gremios solicitaron al ministro no hacer cambios sustanciales en funcionarios del MEF y ProInversión. De momento, Pérez-Reyes ha hecho reemplazos puntuales con personas de confianza de su entorno laboral. Se designó a Claudia Centurión Lino en el puesto de secretaria general; a Fernando Luis Silva Abanto como jefe de Gabinete de Asesores; y a Evelyn Aranda Díaz como jefe de Comunicaciones. Los funcionarios ocupaban dichos cargos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la gestión de Pérez-Reyes. El ministro, de momento, no ha dado indicios de realizar cambios en los viceministerios del MEF. Incluso, en el encuentro con los gremios, el ministro estuvo acompañado con Denisse Miralles, viceministra de Economía, lo que podría dar luces de cierta continuidad. La viceministra Miralles tiene espacios territoriales identificados que se deben priorizar para tener una buena relación con alcaldes y gobernadores, por lo que el ministro Pérez-Reyes puede seguir en esa misma línea.

Candidatos en el partidor:

Las recientes encuestas de preferencias electorales han generado que algunos candidatos opten por salir a la palestra para ganar notoriedad. Los que más difusión han buscado en los últimos días son Phillip Butters (Avanza País), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo).

En el caso del primero, fiel a su estilo, ha optado por desmarcarse, con duras críticas, de las otras candidaturas de derecha, como las de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, asegurando que es la única persona capaz de “evitar que el comunismo tome el poder”. Butters ha confirmado sus intenciones de lanzarse a la presidencia, acompañado por algunos de los actuales congresistas de su partido, como José Williams y Adriana Tudela, y otros personajes como los abogados Fernán Altuve-Febres o Ángel Delgado, que se han incorporado junto a él a la agrupación. Su estrategia ha comprendido visitar espacios variados: podcast en Youtube, programas de corte político e incluso de farándula.  Aunque no ha sido claro con sus propuestas de campaña, ha utilizado estos espacios para dejar marcada su postura sobre temas considerados polémicos. Es evidente que busca que su participación política sea tomada en serio, y el primer paso que ha dado es la confirmación de su candidatura.

Respecto de los candidatos de izquierda, Guillermo Bermejo y Alfonso López Chau, quienes hasta hace unas semanas evaluaban la posibilidad de ir en una alianza, al parecer, se han distanciado. El exrector de la UNI estaría buscando una coalición con partidos de centro y derecha, que las otras agrupaciones de izquierda (Partido de los Trabajadores y Nuevo Perú) han rechazado. La suerte de ambos en sus participaciones en medios ha sido distinta. Mientras que Bermejo ha ganado espacio al interior de estas negociaciones, el líder de Ahora Nación ha perdido respaldo, no solo por su entrevista con el exministro Modesto Montoya, de la que se ha cuestionado su actitud y aparente prepotencia; sino también por las denuncias surgidas desde la Universidad Nacional de Ingeniería, por un aparente uso político de recursos públicos. La rectora interina de esta casa de estudios ha denunciado que López Chau hizo viajes como rector, para participar de actividades políticas de su partido, lo que además se ha evidenciado desde las propias redes sociales de la agrupación, y del candidato. Al parecer, este sector no logrará tener una candidatura única, como esperaban, y por el contrario, es más probable que estas idas y venidas generen rencillas que se extiendan durante el proceso electoral.

Por su parte, la excongresista Verónika Mendoza, ha señalado que, no sería candidata presidencial, y que impulsará la conformación de alianzas para enfrentar a la “coalición que gobierna” desde el Ejecutivo y el Congreso.

En cuanto a otros candidatos, Carlos Álvarez (País para Todos), tras su buen posicionamiento en algunos sondeos, ha venido alternando sus intervenciones políticas en entrevistas, con sus actuaciones cómicas imitando a la presidente Boluarte y otros personajes, lo que le ha valido algunas críticas. Desde algunos sectores, que ven con simpatía su lanzamiento a la política, le reclaman que defina un rol: o es candidato, o es imitador. La complicación para Álvarez podría recaer en que ve en sus participaciones cómicas una ventana para generar acercamiento y mantener visibilidad, mientras que, para otros, le quita seriedad a su candidatura. Sin duda, es una situación que deberá definir pronto.

Otros líderes políticos que están en camino de definir sus situaciones son Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En caso del actual alcalde de Lima, estaría a la espera de que se vote la posible reelección de alcaldes y gobernadores. Si se confirma esta propuesta de ley, la opción de postular a un nuevo período en la municipalidad metropolitana cobraría mayor relevancia, desistiendo así de una candidatura presidencial. De ser así, la posibilidad de respaldar a Phillip Butters, no es descabellada, teniendo en cuenta la cercanía de ambos, y algunos pronunciamientos que han realizado en estas semanas.

En cuanto al fujimorismo, se comenta de un acercamiento a Carlos Álvarez, que no ha sido confirmado públicamente por ninguna de las partes. Sin embargo, desde el interior del partido, insisten en que su lideresa debe ser quien encabece el proyecto de 2026, y que los viajes que viene realizando al interior del país, son parte de esa estrategia que busca consolidar su candidatura. Al parecer, desde Fuerza Popular, no es posible vislumbrar una campaña presidencial sin un Fujimori como candidato.